Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 321/2011
31 de agosto de 2011
En tanto violaciones graves a los derechos humanos, las desapariciones forzadas deben ser investigadas con la voluntad política suficiente por parte de los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, de manera que la sociedad perciba que se está reforzando el marco legal e institucional para evitar su repetición, dijo la Coordinadora de Asesores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), María José Morales García.
Al inaugurar las Jornadas “El rescate de la memoria colectiva sobre la desaparición forzada”, insistió que, en ese propósito, las autoridades responsables deben asumir su disposición respecto de los costos por las compensaciones o reparaciones del daño a las víctimas y sus familiares.
La desaparición forzada, sostuvo Morales García, representa un delito cuya impunidad es incompatible con los compromisos del Estado Mexicano en materia de promoción y defensa de los derechos humanos.
“Su recurrencia y la complicidad de las autoridades encargadas de impartir justicia al no darle una respuesta institucional justa, ponen en cuestión los fundamentos del propio Estado de derecho”, sostuvo en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido (30 de agosto).
En el Distrito Federal, agregó, todavía no se han erradicado las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura, de acuerdo con denuncias de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y de testimonios recientes en foros sobre la materia.
En representación del Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, Morales García lamentó que la propia labor de defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico sean ejemplo de casos de desapariciones forzadas.
“Lo son, precisamente porque uno de los objetivos deliberados de esta práctica que asociamos con el pasado autoritario, pero que sigue ocurriendo, consiste en erradicar toda memoria sobre las personas por su filiación política o simplemente por localizarse en alguna de las zonas opacas del sistema de justicia”, subrayó.
En tanto, el Secretario Ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), que integra la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), Julio Mata Montiel, dijo que pese a continuar presentándose, en el país nunca se ha enjuiciado a nadie por la comisión de ese delito ni tampoco las autoridades han presentado a ninguna persona reclamada como desaparecida.
Señaló que “El Estado mexicano no tiene voluntad política de que se conozca la verdad y menos de que se lleve a juicio a los responsables”.
Mata Montiel señaló que se tiene registro de más de 800 desapariciones forzadas ocurridas entre los años 60, 70 y 80, en las que sus víctimas estaban vinculadas a movimientos sociales y políticos, pero que algunas organizaciones civiles tienen registro de hasta 5 mil casos en lo que va del presente sexenio.
Por su parte, Nadin Reyes Maldonado, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos «Hasta Encontrarlos», dijo que los familiares de las víctimas de desaparición forzada son la muestra viva de la continuidad de una práctica de Estado, que únicamente se erradicará cuando las y los desaparecidos sean presentados con vida.
Guadalupe Pérez Rodríguez, de Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) México, dijo que el 30 de agosto debe conmemorar la memoria de las y los desaparecidos y la resistencia y el reclamo de sus familiares a las autoridades, pero también de los perpetradores de ese tipo de delito de lesa humanidad.
Además de la CDHDF, las Jornadas fueron convocadas por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); el Comité “Hasta encontrarlos”; Documenta, A.C.; la Fundación Diego Lucero; Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) México; I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz).
Las Jornadas continuarán con el desarrollo de las Mesas “Construcción de la memoria colectiva en torno a la desaparición forzada”, “Categoría jurídica que otorga sentido al pasado: la desaparición forzada en la legislación” y “Políticas públicas imprescindibles: lucha contra la impunidad en la memoria histórica sobre desaparición forzada”.
También se proyectarán los documentales “Trazando Aleida” y “12.511 Caso Rosendo Radilla Pacheco: una herida abierta de la guerra sucia en México”.
DESAPARICIÓN FORZADA
De acuerdo con el Artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entenderá como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
