lunes , 29 mayo 2023

Exhorta CDHDF por derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de familiares de mineros de Pasta de Conchos

Boletín 300/2011
18 de agosto de 2011

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se solidariza con las y los familiares de los 65 mineros que perdieron la vida en la Mina Pasta de Conchos, Coahuila, en febrero de 2006, y exhorta a las autoridades a que ordenen el reinicio inmediato de la recuperación de los cuerpos.

En convicción de este Organismo, sólo con la recuperación de los restos de todas las víctimas mortales, los deudos verán respetados sus derechos a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, mediante los ritos funerales, de acuerdo a sus creencias.

Lo anterior, en referencia con la aprobación de la Comisión Permanente  del Congreso de la Unión, del Punto de Acuerdo Relativo a la Problemática del Sector Minero del País, a través del cual exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que ordene el reinicio inmediato del rescate de los restos de los mineros atrapados, al no haber ninguna limitación técnica.

La CDHDF confía en que las autoridades involucradas serán lo suficientemente sensibles para dar respuesta a las demandas de los deudos y víctimas no mortales.

La madrugada del 19 de febrero de 2006, una explosión provocó la muerte de 65 trabajadores de la mina de Pasta de Conchos en el municipio San Juan de Sabinas, Coahuila. Después de la recuperación de sólo dos cuerpos, los trabajos de rescate fueron suspendidos, por lo que los 63 cuerpos restantes permanecen sepultados en el interior de la mina.

En 2009, la Organización Familia Pasta de Conchos presentó ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una queja  sobre las fallas que los inspectores del trabajo no señalaron en su momento y que, en su convicción, hubieran podido evitar la tragedia.

La OIT manifestó entonces que “El Gobierno de México no hizo todo lo que razonablemente podía esperarse que hiciera para evitar o reducir al mínimo los efectos devastadores del accidente que causó la muerte de los 65 mineros”.

La OIT solicitó también al Gobierno mexicano a asegurar el pago de las indemnizaciones adecuadas y eficaces a los familiares de los mineros muertos, además de exhortarlo a ratificar los Convenios 81, Sobre la inspección del trabajo; 85, Relativo a la inspección del trabajo en los territorios no metropolitanos; 174, Sobre la prevención de accidentes industriales mayores; y 176, Sobre seguridad y salud en las minas.

En febrero de 2010, la Organización Familia Pasta de Conchos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pidieron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya solicitó información al Gobierno de México.

Para la CDHDF, la falta de justicia en este y otros casos, así como la continua violación a los derechos laborales de los mineros, son resultado de un contexto de impunidad  y de omisión del Estado para cumplir con su obligación de garantía.

De 2006 a la fecha han muerto ya 124 personas desempeñando labores en las minas; el último suceso tuvo lugar en Nueva Rosita, Coahuila, el 3 de mayo pasado.