Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 68/2011
26 de agosto de 2011
Pregunta (P): En menos de ocho días otro acto del crimen organizado, con gente en un escenario bastante concurrido, ¿cuál es su opinión al respecto?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, a diferencia de lo que sucedió en el estadio de Torreón en este caso estamos hablando de un acto deliberado. Seguro que quienes lo perpetraron sabían que habían gente dentro del inmueble, lo cual lo hace muy grave. Se ha dicho que es el primero de estos eventos de terror que sucede en México, esperemos que sea el único. Que no sea el primero, sino que sea el único. Es totalmente condenable, sin duda.
P: Señor, a mí me llama la atención que en el Gobierno federal es el mismo discurso: los malos van a pagar. Pero realmente siguen ocurriendo cosas de este tipo.
LGP: Sí, desafortunadamente el nivel en el que ha escalado la violencia ahora sí hace necesario que se haga un planteamiento fuerte frente a quienes están perpetrando estos actos, pero también crea la necesidad de hacer una reflexión o de profundizar la reflexión que se está haciendo sobre la estrategia general de lucha contra la criminalidad organizada. Hoy hay un debate, como ustedes saben, en torno a la Ley de Seguridad Nacional. Me parece que ese debate tenemos que irlo encausando ya hacia una serie de criterios que le den contenido y que le den sentido a esta lucha que se ha entablado. Y por otra parte, es necesario pensar en cómo ir creando las condiciones para que un fenómeno que se fue generando a lo largo de unos 20 años puede irse también desmantelando en el mediano y en el largo plazo. Es decir, se requiere de una estrategia de corto plazo, no hay duda de eso, una estrategia por supuesto en este caso que esté dirigida a encontrar a los culpables de estos hechos y castigarlos; pero también se requiere de una visión de mediano y de largo plazo que vaya generando condiciones para ir solucionando el problema de fondo.
P: ¿Desde su percepción esta estrategia está fallando, esta estrategia de lucha contra el crimen?
LGP: Bueno, más que a mi percepción yo me atengo a los datos. Lo que tenemos es un número cada vez mayor de personas que han perdido la vida, más de 50 mil; un importantísimo número de desplazados; un número también muy importante de personas que hoy no pueden hacer su vida cotidiana porque viven bajo estas amenazas. El hecho de ayer me parece que va a colocar las cosas en un nivel de temor para mucha gente que no teníamos antes en el país. Entonces más que una percepción yo creo que los datos demuestran, el número incluso de personas detenidas, el número de toneladas incautadas de droga, demuestran que la estrategia tiene que ser revisada. Es decir, eso no significa cejar en lo que implica la lucha desde el punto de vista punitivo-penal contra el crimen organizado, lo que supone es ver si eso es suficiente o si es necesario generar otras alternativas de intervención que vayan mitigando el problema en el mediano y en el largo plazo.
P: Doctor, ¿cómo debe reaccionar el Gobierno federal ante un hecho como el de ayer?
LGP: Bueno, en principio me parece que sí hay que hacer una condena de este hecho. Hay que revisar una serie de situaciones que se plantearon y que hicieron posible el hecho, porque por una parte está desde luego el acto criminal, que es totalmente reprobable, y por otro lado está el eterno asunto de que estos centros de diversión no cuentan con los criterios que permiten lidiar con emergencias como éstas. Lo que vimos en el estadio contrasta con lo que vimos ayer, desafortunadamente. El estadio está pensado para que la gente pudiera salir en el caso de una emergencia; en el caso de ayer las puertas se dice estaban cerradas. Entonces hay un cúmulo de responsabilidades que hay que deslindar y me parece que es importante que eso se realice a la brevedad.
P: Sobre este llamado que hace el Presidente Calderón el día de hoy, a dejar trabajar a las fuerzas federales en esta lucha contra el crimen, ¿cuál es su opinión?
LGP: Como he dicho, creo que hay una parte del problema que tiene que ver con eso, no solamente con las fuerzas federales, sino los militares y la Marina, desde luego, pero hay otra parte que sí implica una revisión, que el discurso no puede ser: quien está en contra nos estorba. Al contrario, creo que se trata de concitar un encuentro de voces, un encuentro que vaya fortaleciendo la estrategia hacia el futuro, que permita que la gente exprese su opinión. Hay una importante cantidad de expertos que se han opuesto a la estrategia. Yo creo que tenemos un fin común y eso es lo que no hay que perder de vista: nadie está de acuerdo ni puede estar de acuerdo con la violencia. No puede seguir muriendo gente. Y esa es nuestra plataforma en común, esa es la plataforma que tendríamos que aprovechar para revisar la estrategia y hacer lo que haya que hacer de inmediato.
P: Señor, ¿dónde quedan los ciudadanos cuando está actuando por un lado el crimen organizado y por el otro Felipe Calderón dice que dejen actuar a las Fuerzas Armadas, y ya hemos visto qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué va a ocurrir en un momento dado cuando escale la violencia por ambas partes?
LGP: Claro, por eso hemos insistido nosotros en que la finalidad hoy ya no puede ser solamente el combate al delito, sino la protección de las personas. Es decir, el objeto cambia. No quiere decir eso que haya que dejar de lado el combate al delito, eso por supuesto que es una obligación fundamental del Estado, pero cuando con motivo del combate al delito se generan condiciones para que la población quede en situación de vulnerabilidad entonces hay que cambiar el enfoque. Lo principal en este momento es salvaguardar vidas, es evitar que sucesos como el de ayer vuelvan a ocurrir y desde luego eso acompañado de todo lo que hay que hacer en materia de formación y capacitación de las policías, los Ministerios Públicos y de los jueces para que el sistema penal funcione como debe de funcionar.
P: ¿Estamos en un Estado fallido ya debido a que no se garantizó la protección de la ciudadanía?
LGP: El concepto ha sido muy debatido como ustedes saben; sin embargo, lo que es muy claro es que la función del Estado es garantizar la vida cotidiana de las personas; es decir, que la gente pueda salir a la escuela, que pueda ir al pan, que pueda ir a divertirse, que pueda ir a comprar su comida, etcétera. Cuando estas circunstancias se ven afectadas por situaciones como estas yo creo que se da el caso de un llamado de atención importante para revisar qué está pasando. Estamos hablando de la ciudad de Monterrey, la segunda o tercera más importante del país. Este es un evento que desde luego no necesariamente trastoca la vida cotidiana en su totalidad, pero sí sabemos que la gente ya no sale de noche en Monterrey, sabemos que la gente se encierra en sus casas a determinada hora, que ya no sale a carreteras. Entonces todas estas circunstancias que limitan las libertades de las personas por temor a ser víctimas del delito, pues sí llama la atención sobre si el Estado está cumpliendo efectivamente con su función. Desde esa perspectiva, yo creo que lo que tenemos por lo menos es un Estado débil, un Estado que no está…, y con débil no me refiero a que debe ejercer la fuerza, me refiero a un Estado estructuralmente débil, un Estado que no está garantizando la vida cotidiana de las personas.
P: Y cuando el Gobierno reconoce que estamos ante un acto terrorista, ¿qué le queda a la ciudadanía?
LGP: Bueno, pues lo que le queda es exigir ser más protegida. Yo creo que esa es una exigencia que hay que hacer al Estado en su conjunto, no solamente al Gobierno federal, hay responsabilidades municipales, responsabilidades estatales, responsabilidades en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo también; y eso debe llevarnos a una respuesta de Estado también. Yo creo que es un momento en el que tenemos que actuar como Estado, digamos que trascender el debate meramente político, estamos en un año electoral y eso va a ser muy complicado, pero por lo menos quienes formamos parte del Estado tendríamos que tener la convicción clara de que tenemos que actuar unidos y de que tenemos que hacer muy pronto algo para evitar que estas cosas sigan.
P: Doctor, en el caso de estas mujeres denominadas las Ladies de Polanco, ya una de ellas acudió a declarar. Se ha mencionado que ustedes han condenado este hecho de que no hayan actuado, ¿pero en el caso contrario si la policía hubiera actuado no estaríamos enfrentándonos ahora a una condena?
LGP: Por supuesto que sí, pero a ver, es que hay que tener claro que las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a quejarse. Es decir, no puede ser que la policía no actúe por temor a que nosotros intervengamos. El tema aquí tiene que ver con la capacitación de la policía y con la capacidad que tenga para probar que actuó adecuadamente. Ustedes saben que hay protocolos del uso de la fuerza, en el Distrito Federal hay una Ley del uso de la fuerza, el reglamento todavía no se aprueba, pero la Ley si está. Yo discrepo de lo que se ha dicho. Me parece que lo que vimos no fue una actuación profesional de la policía, no vimos una estrategia en la relación que tuvieron con estas personas. Entonces no podemos admitir que porque la Comisión actuaría, que sin duda actuaría, la policía debe dejar de hacer lo que le toca hacer. El tema aquí es que lo haga bien, que lo haga como debe de hacerlo, que actúe con criterios de uso racional de la fuerza y de manera tal que no se genere una sensación de que basta con darle dos gritos a los policías, particularmente siendo mujeres, para que la policía se repliegue y deje de actuar.
P: ¿De qué forma hubiera actuado la policía, de manera que fuera inatacable por parte de ustedes?
LGP: Ellos tendrían que demostrar desde luego que se apegaron a protocolos. O sea, todo esto tiene que ver con la existencia de protocolos, que por otro lado es importante decir que la ciudadanía tiene que conocer esos protocolos, para saber que a uno lo pueden esposar y someter de determinada manera, y la investigación hubiera girado en torno a saber si se ajustaron o no a esos protocolos.
P: ¿En dónde se consultan esos protocolos?
LGP: Esos protocolos deberían de formar parte de la normativa de la Secretaría de Seguridad Pública.
P: Sobre lo que sucedió en Monterrey…
LGP: Estas personas sabían que había gente adentro del casino, y desafortunadamente no contaba este centro con las salidas de emergencias abiertas para que se hubiera minimizado la tragedia. Yo creo que, como he dicho, hay múltiples responsabilidades que perseguir aquí. Por supuesto es dar con los responsables directos y castigarlos, pero también es necesario hacer una investigación sobre todo las responsabilidades administrativas que a nivel municipal, estatal y federal podrían estar alrededor de todo este suceso y que finalmente ocasionaron la muerte de todas estas personas.
P: En el caso de los policías que fueron agredidos por las Ladies de Polanco,¿cuál es el estatus y la Comisión cómo va a actuar?
LGP: Nosotros hemos declarado, y en nuestra opinión es importante dejar claro, que la acción de la Comisión no puede ser utilizada como un pretexto para la inacción de la policía. Aunque es verdad que probablemente si las hubiesen sometido, nosotros hubiéramos intervenido y lo habríamos hecho pensando en que es su derecho interponer una queja, eso así es; hubiésemos realizado la investigación correspondiente y habríamos determinado si había o no había un abuso en el uso de la fuerza. Pero lo que no puede ocurrir, pues, es que primero se utilice como escudo la acción de la Comisión y segundo que no veamos una acción profesional de la policía. Finalmente no pasó a mayores, creo que es un tema que tiene un efecto más simbólico que, digamos, en términos de algo que lamentar. Me parece que estas personas ya se disculparon, se iniciaron las averiguaciones previas correspondientes, serán sancionadas si el Ministerio Público y los jueces lo consideran así; pero lo que sí es importante para nosotros es que es necesario hacer hincapié en que la acción de la policía debe estar sostenida en protocolos que les digan claramente qué hacer; los protocolos deben de ser públicos para que la ciudadanía sepa a lo que se atiene también y de ninguna manera utilizar a la Comisión como un pretexto para no actuar.
P: En este caso, ¿los policías todavía pueden interponer una queja en contra de quienes las agredieron, porque no hay que olvidar que también son seres humanos?
LGP: Quienes podrían interponer una queja, si fuera el caso, serían los policías por la ausencia de protocolos, si es que no los hay, o por la capacitación deficiente, si es que no la tuvieron, eso podría ocurrir. Con el caso de las ciudadanas no, ellas son ciudadanas. La autoridad sabe que enfrentar a la ciudadanía siempre tiene sus niveles de riesgo y por eso debe estar preparada para ello.
P: ¿Es decir las ciudadanas no podrían interponer una queja o no se las aceptarían ustedes?
LGP: En este caso no parece haber habido ninguna violación a los derechos humanos de ellas, más bien son ellas las agresoras, y quienes pueden determinar una responsabilidad para ellas es el Ministerio Público y el sistema de justicia penal.
P: Regresando al tema de Monterrey, ¿ustedes van a colaborar con algunas investigaciones con las Comisiones de Derechos Humanos allá en Monterrey?
LGP: Bueno, hasta ahora sabemos que hay una colaboración entre la Comisión Nacional y la Comisión local. Yo estoy tratando de comunicarme con la Presidenta de la Comisión de allá para ofrecerle la ayuda, si se hiciera necesario desde luego que lo haríamos.
