Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 298/2011
16 de agosto de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló el Dictamen para reformar la Ley de Seguridad Nacional, aprobado por el Senado de la República, como contrario a las recomendaciones de los Organismos Nacionales e Internacionales de protección y defensa de los derechos humanos y a su respectiva doctrina, así como al alcance sustantivo de la Constitución.
A través de un oficio, el Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, manifestó al Presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral Jurado, que el citado Dictamen expone a la población en general a un escenario de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, al autorizar la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública.
Para la CDHDF “está claro que la criminalidad organizada plantea un desafío, tanto como una amenaza para el Estado Mexicano”, pero precisa que, a raíz del nuevo paradigma constitucional de los derechos humanos, se requiere elaborar un esquema de seguridad en ese marco, es decir, la iniciativa debe proveer seguridad con respeto a los derechos humanos.
El Dictamen aprobado por el Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional, advierte la CDHDF, es contrario a las recomendaciones de los Organismos Nacionales e Internacionales de protección y defensa de los derechos humanos y a la doctrina respectiva, además de contravenir el alcance sustantivo de la Constitución y exponer a la población en general a un escenario de violaciones sistemáticas de sus derechos humanos, al autorizar la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública.
En sus “Comentarios del proyecto de predictamen, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional”, enviado al legislador Corral Jurado, la CDHDF distingue las funciones de seguridad pública de las situaciones de seguridad interior formalmente excepcional o nacional, ya que la primera debe ser vista desde la seguridad ciudadana o seguridad de los habitantes.
La seguridad ciudadana, explica, requiere de una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes, de una administración de justicia fortalecida sin corrupción ni impunidad y de un sistema penitenciario que tienda a la verdadera recuperación e inserción social del sentenciado.
En convicción de este Organismo defensor, la legislación y los procedimientos internos de los Estados deben operar sobre la base de que los instrumentos que integran los Sistemas Universal y Regional sobre derechos humanos, porque permiten aplicar medidas para enfrentar amenazas a la seguridad ciudadana dentro del marco del Estado de Derecho, sin desatender el respeto a las garantías básicas no derogables previstas por el Derecho Internacional.
En ese orden de ideas, la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia social, lo cual interrumpe la relación básica entre gobernantes y gobernados.
A un modelo de seguridad ciudadana, precisa la CDHDF, le corresponde una policía democrática que hace un uso racional de la fuerza; opera con base en datos objetivos proporcionados por acciones de inteligencia civil; se enfoca en el bienestar del ciudadano y a impedir que se cometan delitos; y mide el fracaso de sus labores de prevención en función del mayor número de sancionados por el sistema penal bajo los estándares de los juicios justos.
El modelo de seguridad ciudadana, agrega, está vinculada a organizaciones relacionadas con la salud, el deporte y la cultura; mantiene vínculos con la comunidad mediante consejos públicos abiertos en los que se discuten las políticas policiales y está sometida a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas de carácter eminentemente ciudadano.
Ya en 2009, la CDHDF había señalado en su Informe Especial sobre los derechos de las y los agentes de las corporaciones de policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que, para modificar y mejorar las prácticas existentes, con miras a la superación de las formas institucionales que hoy día amenazan a las instituciones de Seguridad Pública, es necesario reestructurar las corporaciones de la Policía para que sean afines al modelo de una policía democrática.
La modificación y mejoramiento implica la constitución de un Consejo Ciudadano de Control de la Política Pública de Seguridad, de acuerdo con estándares internacionalmente probados y consolidados, que tenga por función hacer recomendaciones públicas, posicionamientos y propuestas en materia de policía, procuración de justicia y seguridad ciudadana.
