Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 297/2011
15 de agosto de 2011
A 10 años del reconocimiento constitucional del derecho a la no discriminación, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, señaló la necesidad de reconocer los criterios de identificación de cada persona y a dejar atrás su nombramiento a partir de lo que convencionalmente se cree que les hace falta.
En el Foro de Análisis Derecho a la no discriminación: avances y retos a 10 años de la reforma al Artículo 1º Constitucional, convocado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), lamentó que, a diferencia de una visión de derechos, la visión asistencial tiende a ver un problema donde hay una obligación del Estado a reconocer la diversidad y a modificar las condiciones para que todas las personas ejerzan sus derechos en igualdad.
“Es decir, no es el Estado el que me nombra, ni el saber dominante; sino que soy yo el que se identifica como parte de la diversidad humana. Y esta diferencia se construye, ya no desde la inferioridad o de lo que me falta, según la perspectiva del otro, sino de una mismidad plena que me hace diferente a los demás, pero igual al mismo tiempo”, sostuvo.
Dijo que un efecto directo de la reforma que se ha interpretado como “cláusula de inclusión”, es la consolidación de identidades a partir de los elementos que identifican a esas mismas identidades, lo que les permite estar en una posición distinta de interlocución, frente al propio Estado, aunque reconoció que 10 años no han sido suficientes para implementarla de manera plena.
Esa consideración, dijo también, permite distinguir entre la identidad y la situación de las personas: “La primera nos hace únicos e irrepetibles, nos permite encontrar rasgos comunes con determinadas comunidades o grupos humanos y es y debe ser intocable: nadie puede ni debe meterse con la identidad de las personas, salvos las propias personas”.
La situación de las personas se refiere a las condiciones externas y que son las que determinan las desigualdades, para lo cual el Estado está obligado y comprometido modificar esa situación de desigualdad de condiciones, agregó González Placencia.
La importancia de la reforma de 2001 al Artículo 1º tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio completo de visión sobre las relaciones entre el Estado y la ciudadanía y desencadena reflexiones sobre el impacto del cambio de relación entre el Estado y la ciudadanía, señaló.
En tanto, el Presidente del CONAPRED, Ricardo Bucio Mújica, coincidió en señalar que el derecho a la no discriminación todavía no es una realidad, a pesar de que debiera ser la perspectiva y eje rector de la democracia, toda vez que cuenta con un amplio reconocimiento y sienta las bases para la construcción de la igualdad.P
uso como ejemplo que la reforma permitió ya la armonización legislativa reflejada en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPyED), en 12 constituciones locales con esta cláusula, 17 leyes estatales en la materia y 13 códigos penales que la tipifican como delito.
En ese tenor, insistió en que el marco normativo, así como el enfocado a la atención de grupos en situación de discriminación y de reconocimiento de derechos a poblaciones específicas, debe revisarse o reforzarse.
En tanto, el Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, destacó que México cuenta con las herramientas necesarias para retomar la figura de un Estado social que reconozca la diversidad como uno de los caminos a la integración de la sociedad.
La Coordinadora del Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrante de la Asamblea Consultiva del CONAPRED, Judit Bokser Misses, puntualizó que la democracia debe entenderse como la base que permite legitimar la diversidad.
Además, agregó, ésta contribuye a que como sociedad se logre la integración de todos los grupos de población a través del respeto de su identidad.
En las Mesa 2 y 3, “Avances en materia del derecho a la no discriminación a partir de la reforma al Artículo 1º Constitucional” y “Retos y perspectivas”, participaron Santiago Corcuera Cabezut, Jesús Rodríguez Zepeda, Mauricio Merino Huerta y Mónica González Contró.
