Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 261/2011
20 de julio de 2011
El Coordinador de Relatorías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Gerardo Sauri Suárez, afirmó que todavía se tienen instituciones públicas que adolecen de espacios, mecanismos y procesos de reflexión sobre el significado y alcances de la política pública basada en los derechos humanos.
“Si adolecemos de ese debate, el tránsito hacia procesos de institucionalización de los derechos humanos será complicado, difícil, tropezado y muchas veces con carácter regresivo”, apuntó.
Al presentar el libro Políticas Públicas y Derechos Humanos en México,coordinado por Andrea Rossi y Luis Eduardo Zavala, advirtió que en la actualidad “se está ante una democracia con riesgo de osteoporosis”, porque una democracia sin contenidos sustantivos es una democracia que no tiene un significado para la sociedad.
En el Salón Digna Ochoa y Plácido de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez consideró que no es lo mismo hablar de un Estado de Derecho a un Estado Derecho Democrático basado en los derechos humanos.
“Una democracia necesaria en este país es una democracia que tenga como contenido fundamental, como aspiración y como entramado institucional a los derechos humanos como el centro de los esfuerzos institucionales y de la sociedad civil”, subrayó.
El funcionario de la CDHDF precisó que las democracias que consolidaron sistemas de aplicación de justicia transicional, como por ejemplo para los delitos del pasado, tienen mayor consolidación que aquellas, como la de México, que no han logrado resolver los delitos del pasado.
“Los derechos humanos siguen siendo antes que nada una serie de principios éticos que deben orientar las acciones del Estado a través de sus distintas instituciones”, concluyó.
Por su parte, el coordinador del libro Políticas Públicas y Derechos Humanos en México, Luis Eduardo Zavala, identificó dos tipo de política pública: la formal, aquella cuando los gobierno toman decisiones acerca del curso de acciones que se deben seguir, y la informal, aquellas implementadas a través de pronunciamientos públicos.
En su oportunidad, el Presidente del Comité de Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, Luis Aguilar Villanueva, se refirió alPrograma de Derechos Humanos del Distrito Federal, del que, dijo, concentró componentes claves como estadística, legislación, políticas en la materia, presupuesto consistente, decisiones judiciales, resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales, informes académicos y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y datos de la CDHDF.
Aguilar Villanueva observó en su elaboración “prometedores y pioneros, y productivos, procedimientos de recopilación de información” y agregó que “la política de derechos humanos no es ya sólo una vindicación de argumentos jurídicos o filosóficos, sino una política diseñada con base en recopilación de información”.
La política pública es un instrumento de gobierno, dijo, no puede perder de vista que es parte de un proceso de gobernanza: “Si una política de derechos humanos no se articula con otras afines, como la social o la de seguridad; si no toma en cuenta los problemas que atacan otras políticas y los instrumentos que utiliza para ello, contribuye a la ineficacia y a la baja calidad del gobierno en su conjunto”.
En tanto, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Julia Flores Dávila, se refirió a la creciente sensibilización ciudadana sobre el funcionamiento y la gestión de diversas instituciones públicas y privadas, lo cual obliga a ajustar las políticas públicas y las acciones institucionales a realidades concretas, reflejo de percepciones, valores, necesidades y demandas sociales sentidas y reales.
Uno de los desafíos principales para las instituciones públicas, dijo, es adoptar políticas que promuevan una mejor calidad de vida para los ciudadanos, mediante la búsqueda de nuevas rutas propuestas por el libro que se presenta, para los tomadores de decisiones.
Dijo que actualmente en ningún nivel de la administración pública federal se dispone de instrumentos estadísticos y analíticos suficientes para conocer datos básicos relativos a los derechos humanos, y que a nivel estatal y local también se observa la dificultad para evaluar sus actividades.
“No se han gestado políticas estratégicas que incorporen a los derechos humanos como uno de sus objetivos, por lo que tampoco se han estudiado ni consensuado indicadores para la medición de su cumplimiento”, dijo.
Por último, el ex Fiscal Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, puntualizó que la falta de acompañamiento social, las discordias entre grupos, el protagonismo, la indiferencia y la ausencia de un pacto de los actores políticos para procesar el pasado enmarcan muchos de los tropiezos de la ex Fiscalía.
En ese sentido, se pronunció por retomar el tema de los movimientos sociales y políticos del pasado y pensar en las víctimas, porque las víctimas son todas y todos los mexicanos al haber abierto esa oportunidad y después cerrarla violentamente.
“Yo creo que es un tema que no se puede meter debajo de la alfombra”, finalizó.
