Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 269/2011
25 de julio de 2011
De lentos y erráticos, calificó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, los procesos oficiales de identificación de restos de migrantes víctimas de la violencia criminalizada en el norte del país.
En conferencia de prensa, convocada antes de reunirse con el Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios y sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González Morales, dijo también que el Gobierno mexicano no ha logrado prevenir la repetición de este tipo de hechos “ya considerados como sistemáticos y generalizados”.
La reunión a la que asistirán también representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de México, El Salvador y Honduras, servirá para insistir ante el Relator sobre la emisión de medidas cautelares a los gobiernos de esos países, así como de Ecuador, para que atiendan a los familiares de las víctimas mortales, secuestradas y desaparecidas en su tránsito hacia Estados Unidos.
Los crímenes cometidos en contra de la población más vulnerable de México y Centroamérica, insistió el Ombudsman capitalino, requieren la atención urgente por parte de los Estados y los Organismos Internacionales.
Lamentó que a la fecha se desconozcan los resultados de la investigación del Gobierno mexicano sobre el hallazgo de 72 migrantes masacrados y enterrados en una fosa clandestina en San Fernando Tamaulipas: “Destaca, por su gravedad, que dos familias hondureñas recibieron cuerpos de personas que no eran sus parientes”.
González Placencia dijo además que 14 cuerpos no identificados fueron trasladados del Distrito Federal a Toluca, Estado de México para dar cabida a otros 193 restos de cuerpos encontrados en 46 fosas clandestinas más en el mismo Municipio de San Fernando.
Lo anterior, a pesar de que las carreteras y caminos a San Fernando estaban vigiladas por 516 elementos de la Policía Federal, 2 mil 35 miembros del Ejército y 750 de la Marina, además de los policías locales, ya que desde diciembre de 2007 entró en marcha el Operativo Tamaulipas-Nuevo León.
“Es incomprensible que hayan sido secuestrados varios camiones de pasajeros sin que las autoridades se percataran de lo que estaba sucediendo”, cuestionó González Placencia.
Las medidas cautelares propuestas al Relator fueron consensuadas por la CDHDF, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE); el Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH); el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); la Casa del Migrante de Saltillo, Frontera con Justicia A.C. y Humanidad Sin Fronteras A.C.; Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino A.C.; Sin Fronteras IAP; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C.; y la Federación Internacional de Derechos Humanos.
En su intervención, el Padre Pedro Pantoja, de Casas del Migrante, recordó que desde hace 8 meses acudieron a la CIDH, junto con otras OSC, preocupados y con la incertidumbre por los miles de migrantes secuestrados.
Ahora, dijo, con los acontecimientos de los 72 masacrados de San Fernando, nos acompaña la indignación, el dolor y la tristeza, porque ya no reclamamos desaparecidos, sino cadáveres.
“Lo que denunciábamos como desaparición, ahora los denunciamos como exterminio, como eliminación, como holocausto. Presentamos la masacre de los 72 migrantes y el hallazgo de las fosas de San Fernando como el paradigma histórico de la migración, en cuanto a crueldad social”, reclamó.
El derecho al duelo y a encontrar los restos de sus seres queridos, advirtió, el Padre Pantoja, reclama también hoy la protección del Estado Mexicano para los familiares que vienen en caravana en busca de los cuerpos de sus hijos y hermanos desaparecidos.
Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, manifestó su temor de que los cuerpos no se identifiquen conforme a estándares científicamente reconocidos y sean entregados a familias a quienes no pertenecen, o se pierdan o destruyan evidencias básicas para la investigación que imposibilite la sanción de los hechos y la reparación del daño.
Tenemos reportes, dijo, de que las familias no están recibiendo la atención de las autoridades investigadoras, además de que se han tenido que transportar por sus propios medios a los lugares en que fueron masacrados los migrantes nacionales y centroamericanos, corriendo los mismos riesgos, porque no han tenido mejores respuestas de sus gobiernos, incluyendo los de los estados de la República Mexicana.
Perseo Quiroz, de Sin Fronteras IAP, señaló que las garantías de la vida, la libertad, la privacidad y la intimidad de las víctimas de los delitos, precisa de la voluntad y trabajo conjunto de los países involucrados, a través de un sistema de información y de protocolos que garanticen la adecuada y efectiva procuración de justicia.
Las medidas buscan evitar un daño irreparable, en términos de vida, integridad y acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y testigos relacionadas con los hechos ocurridos en Tamaulipas.
Mónica Salazar, del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), dijo que las medidas cautelares buscan evitar un daño irreparable, en términos de vida, integridad y acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y testigos relacionadas con los hechos.
Dijo que se debe investigar el lugar que han ocupado las mujeres y niñas en este tipo de hechos, para conocer el impacto que han tenido como víctimas directas e indirectas.
