Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 242/2011
6 de julio de 2011
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, exhortó a reflexionar sobre la “distinción artificial” entre Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a fin de homogeneizar sus agendas ante el compromiso que tienen con la sociedad.
“Me preocupa mucho como se da una fragmentación de las agendas en las organizaciones de derechos humanos, y en ocasiones es difícil armonizar lo que se defiende desde una trinchera con lo que se defiende desde otra, a veces hay incluso agendas encontradas”, subrayó el Ombudsman capitalino.
En la presentación de la publicación “Bases para la construcción de una verdadera política de Estado de derechos humanos en México”, editado por la Fundación Konrad Adenauer y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, se pronunció por una visión homogénea respecto a la responsabilidad que tenemos todas y todos de construir una sociedad que tenga en los derechos humanos una vivencia cotidiana.
Indicó que el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF) es uno de los ejemplos claros de que se puede lograr una política con visión de Estado que tenga como eje central los derechos ciudadanos.
Sin embargo, advirtió que pese a los avances en la materia todavía hay detalles que tendrían que alertar sobre los riesgos que se corren cuando la visión se queda solamente en lo formal y no baja como política pública concreta.
Por su parte, para el Director General del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Ricardo Sepúlveda, el hecho de desarrollar, construir y elaborar un sin número de políticas públicas en el rubro de derechos no lleva a una política de Estado sobre la materia.
“Muchas políticas públicas sin una política de Estado pierden su base y sobre todo pierden continuidad, que es uno de los grandes retos: la falta de continuidad o la falta de transexenalidad”.
A su vez, la Profesora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Mariclaire Acosta, consideró que en América Latina se viven regímenes democráticos que no han logrado construir gobiernos basados en el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Bajo este contexto, aseguró que la política de seguridad del gobierno federal es un obstáculo para el progreso de los derechos, porque pone por delante una noción de seguridad, contrapuesta a los derechos de las personas.
En tanto, el Director General Adjunto de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Daniel Ponce Vázquez, afirmó que menos del 10% de los jueces del país hacen uso de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en su labor.
“Todavía hay una escisión entre el marco internacional de derechos humanos que el país ha firmado con el uso de estos instrumentos a nivel local”, afirmó.
En la presentación de la publicación “Bases para la construcción de una verdadera política de Estado de derechos humanos en México” también participaron el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora Castro; el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo González; y el Director del Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, Christian Steiner.
