Boletín 270/2011
25 de julio de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informa que su Presidente, Luis González Placencia, se reunió con el Relator Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González Morales, y le entregó un Informe sobre los derechos de las personas migrantes en la ciudad de México.
En el marco de la visita del Relator de la CIDH a México, el Presidente de la CDHDF también intercambió puntos de vista acerca del fenómeno migratorio y sus problemáticas específicas en el Distrito Federal y la zona metropolitana.
El Informe que entregó la CDHDF enfatiza que las condiciones que la Relatoría encontró hace nueve años, cuando realizó su primer visita in loco, se han profundizado, y que si bien el marco que regulaba la política migratoria ha sido reformado para crear una Ley específica con miras a establecer un sistema de derechos para las personas migrantes, la inercia de las prácticas de las autoridades migratorias, así como el crecimiento y visibilización de la delincuencia organizada, han agudizado estructuralmente las condiciones de vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito por el territorio nacional.
En este contexto, la CDHDF reconoce que debido a que México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes, el fenómeno migratorio adquiere una complejidad mayúscula que plantea problemáticas y retos distintos para cada tipo de migración.
En este sentido, considera que requiere especial atención el nivel de riesgo y vulnerabilidad de las personas extranjeras en el país debido a las sistemáticas violaciones a sus derechos y las agresiones a su integridad, tanto por parte de las autoridades como de las organizaciones delictivas.
En el documento, la CDHDF sugiere que se debe instar al Estado Mexicano a adecuar la nueva Ley de Migración a los compromisos jurídicos asumidos de manera local e internacional, a fin de evitar que ésta genere condiciones que promuevan la criminalización y endurecimiento de los controles migratorios, así como a procurar prácticas migratoria que ofrezcan garantías de protección a las personas migrantes y se pueda romper la inercia sostenida por varios años que avaló, a través de la ley, la persecución de las personas migrantes irregulares y vedó el acceso a sus derechos fundamentales.
En lo que respecta a la ciudad de México, donde hay alrededor de 82 mil personas extranjeras con calidad migratoria regular y aproximadamente 8 mil personas con calidad migratoria irregular, el Informe resalta el avance que representa la creación de leyes específicas, como el caso de la Ley de Interculturalidad que, idealmente, debe servir como un marco de garantías para que las personas migrantes y refugiadas tengan acceso a los derechos que les permitan tener una calidad de vida adecuada en la ciudad.