Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 272/2011
26 de julio de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta el asesinato de la reportera del diario Notiver, Yolanda Ordaz de la Cruz, quien fuera secuestrada la noche del pasado domingo 24 de julio afuera de su domicilio, y posteriormente encontrada en la colonia Jardines de Virginia, en Boca del Río, Veracruz.
Yolanda Ordaz es la quinta periodista asesinada en el país en menos de dos meses; la cuarta sólo en el estado de Veracruz y la tercera perteneciente al mismo medio de comunicación.
Ante el agudizamiento de la violencia contra los comunicadores en el país, la CDHDF considera no sólo indispensable la investigación eficaz y oportuna de este crimen por parte de las autoridades correspondientes, a fin de juzgar y sancionar a los responsables, también hace un llamado a éstas para que se adopten medidas cautelares a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores de Notiver.
De acuerdo con información preliminar, la reportera fue privada de la libertad alrededor de las 20:30 horas del domingo 24 de julio a las afueras de su casa, pero se mantuvo discreción sobre el caso hasta la madrugada de hoy, cuando fue localizada.
La periodista llevaba más de dos décadas trabajando para Notiver y lo hacía bajo las órdenes de Miguel Ángel López Velasco, mejor conocido como Milo Vela, quien hace poco más de un mes fue asesinado junto con su esposa Agustina Solana y su hijo, Misael López, quien también colaboraba en el mismo diario.
La CDHDF, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, expresa su solidaridad con los periodistas de Veracruz, y llama a los gobiernos estatal y federal a poner en marcha ya las medidas necesarias para garantizar efectivamente el ejercicio de la libertad de expresión y sancionar las conductas delictivas que continúan repitiéndose merced a la impunidad.
Esta Comisión recuerda que la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece claramente que «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
