Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 274/2011
28 de julio de 2011
En el Foro “La violencia armada en México: violaciones graves de los derechos humanos”, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, advirtió que el modelo actual de seguridad que se plantea en nuestro país es de riesgo para todos, incluido el Ejército.
El Ombudsman capitalino hizo énfasis en que el riesgo resulta, no sólo por la muerte de los efectivos militares, “sino que representa un riesgo real a la Institución misma, acerca del problema que los enfrenta ahora a tener que ser juzgados en el fuero civil”.
Señaló que cuando se habla del derecho a la seguridad el riesgo es que éste sea visto como uno entre otros posibles derechos y por eso se genera un conflicto para saber qué derechos deben prevalecer.
Refirió que con base en lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la seguridad es un resultado, es el resultado de la garantía de un conjunto importante de derechos que tienen que ver con la protección de la vida, de la propiedad, de la integridad del entorno, incluyendo los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales (DESCA).
González Placencia resaltó que cuesta mucho menos vidas un planteamiento político en el que buscamos afianzar los derechos humanos que un planteamiento como el que se ve en nuestro país, en el que lo que se privilegia es la seguridad.
Invitó a replantear el asunto, seguir investigando para tener más elementos que ayuden a entender que, “quizá más que una estrategia general de corto plazo, lo que necesitamos son estrategias más específicas, de corto, mediano y largo plazo, que ayuden a afianzar mejor las instituciones públicas, y a desconstruir los modelos de corrupción en los que hemos cifrado nuestras relaciones.”
A su vez, el Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, indicó que los fenómenos de violencia causan mucho ruido y parecen captar la atención, mientras que los temas de creciente desigualdad están más en la antropología que en las primeras planas de la prensa.
Recalcó el interés urgente de la Alta Comisionada para que el diálogo con las autoridades mexicanas, pero particularmente con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) no pierda de vista, en el ruido de la violencia, el tema de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como pilar teórico, y sobre todo, la tarea pendiente de la desigualdad.
En su participación, el Director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón Giraldo, enfatizó que las políticas de seguridad para ser efectivamente seguras necesitan basarse en los derechos humanos como fin y como medio.
Advirtió que si no hay una política de seguridad basada en los derechos humanos como propósito, si el objetivo no es garantizar los derechos sino la seguridad del Estado, si está orientada distinta a los derechos, generará más inseguridad.
“Si la seguridad no está basada en los derechos humanos como método, si no se respetan para conseguir la seguridad también se generará más inseguridad”, insistió.
Gallón Giraldo sostuvo que una política de seguridad que desprecie el principio de distinción como es el caso de una política de seguridad democrática, corre el riesgo de incrementar la inseguridad en lugar de disminuirla.
A su vez, el Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Astorga Almanza, puntualizó que existe el temor entre Organizaciones de la Sociedad Civil que la lucha contra el crimen organizado origine una reedición de la llamada guerra sucia, ante el creciente rol de los militares en temas de seguridad.
Detalló que de los 80 municipios más violentos del país aproximadamente 60% de ellos son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el resto por Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
El Investigador de la UNAM puntualizó que no se puede construir democracia con organizaciones criminales y consideró ingenuo pensar que el Estado puede abdicar del uso de la fuerza militar para defender el orden público y enfrentar a criminales cada vez mejor armados.
Sin embargo, aclaró, esto no significa que los elementos castrenses tengan carta blanca para violar los derechos ciudadanos.
En tanto, el Consultor en Políticas Públicas, Eduardo Guerrero Gutiérrez, explicó que en los últimos años se ha ido mudando la violencia ligada con el narcotráfico a una violencia conocida como venta de protección ilegal.
Señaló que de acuerdo con una análisis realizado a 1,049 cartulinas o mantas recuperadas en hechos de asesinatos ligados a la delincuencia organizada, la “violencia pública” ligada a las mafias de extorsión se focaliza en el centro del país, en donde se han encontrado el mayor número de cartulinas, y la “violencia discreta” ligada al narcotráfico ubicada en el norte del país, los cuales presentan el menor nivel de publicidad.
“Cuernavaca tiene la violencia más escandalosa del país, alrededor del 25% de los cadáveres presentan una cartulina al lado”, señaló.
Guerrero Gutiérrez pidió reflexionar que “la violencia mafiosa y escandalosa” es la que ha crecido recientemente en México. “El número de mantas y de cartulinas presentes en cadáveres se ha incrementado en los últimos años”, concluyó.
El periodista de la Revista Proceso Ricardo Ravelo aseveró que la gran paradoja de esta guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno federal es la expansión de los grupos criminales mexicanos, que ya están operando en Centro y Sudamérica.
Dijo que la violación de los derechos humanos es sistemática, porque el Estado se ha visto en la necesidad de echar mano de mayor número de elementos del Ejército, de mayor fuerza “y esta violencia que se ha ejercido ha traído como consecuencia más violencia, porque de pronto vemos que en algunos estados del país la respuesta del crimen organizado parece más virulenta que la del propio Estado.”
Sostuvo que conforme ha evolucionado el crimen organizado y el Estado mexicano se ha visto en la necesidad de combatir a las mafias del crimen organizado, parece que no hay dique de contención para que la defensa de los derechos humanos sea eficaz.
Expuso que hoy estamos en medio de una guerra y una presencia cada vez más multiplicada del narcotráfico, con aproximadamente 13 organizaciones criminales en el país.
Citó que el área de estudios municipales del Senado dio a conocer un informe en el que establece que el 70% de los municipios del país están gobernados por políticos que tienen directa o indirectamente vinculación con el crimen organizado con alguna organización criminal.
