Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 212/2011
16 de junio de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su preocupación ante el aumento en el número de periodistas desaparecidos y asesinados en el país, luego de que el pasado 13 de junio se registró el homicidio del reportero Pablo Aurelio Ruelas, en Huatabampo, Sonora, y a una semana de la privación ilegal de la libertad de Marco Antonio López Ortiz, Jefe de Información del periódico Novedades Acapulco, cuyo paradero aún se desconoce.
Los recientes acontecimientos vienen a sumarse a otros hechos de violencia contra trabajadores de los medios de comunicación que se han reportado en las últimas semanas y entre los cuales se encuentran el asesinato del periodista Noel López Olguín, en Veracruz, y el ataque contra las instalaciones del diario Vanguardia, en Saltillo, Coahuila. Esto, en su conjunto, evidencia un clima de descomposición en todo el país que actúa en detrimento de las condiciones para ejercer plenamente la libertad de expresión mediante la actividad periodística.
La CDHDF, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, solicita a las autoridades correspondientes realizar investigaciones eficaces y oportunas en ambos casos —sin descartar a priori ninguna línea de investigación— que permitan localizar al periodista extraviado, aclarar las razones de las agresiones, así como detener y sancionar a los responsables de los crímenes, pues más que nunca se hace necesario abatir la impunidad generalizada en los casos de violencia contra las y los periodistas.
La Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
