Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 222/2011
22 de junio de 2011
En el Foro “Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos”, en el que se abordó el proyecto de Ley de Seguridad Nacional, el Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, señaló la necesidad de pensar una política de Estado “no de cara al sexenio siguiente, sino a tres generaciones, y aceptar que hemos construido una nación que se siente cómoda con la corrupción”.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) advirtió que en ese entramado es fácil que prenda la delincuencia, es fácil que prenda la violencia, “y es difícil que podamos tener instituciones sólidas”.
Opinó que esta gran estrategia va más allá de saber si el Ejército puede o no estar en las calles, “tiene que plantearse un proyecto de nación que se tome en serio la necesidad de recomponer todas estas problemáticas que hemos ido construyendo en los últimos cien años”.
Expresó que la estrategia en el corto plazo debe ocuparse de salvar vidas, “un objetivo fundamental del Estado mexicano tendría que ser que el mes siguiente hubiese menos muertos, reducción de la violencia, desactivar el miedo, generar procesos de reconciliación; en mediano plazo, reducir la impunidad, y en el largo plazo, una estrategia para construir otros mecanismos de relación mucho más allá de los de corrupción”.
Dijo que la propuesta del dictamen de Ley de Seguridad Nacional se da en el marco de una situación exacerbada de violencia en el que hay una serie de delitos que no son fácilmente perseguibles con el modelo penal convencional y un sistema jurídico-penal mexicano que carece de los elementos necesarios para enfrentar esta situación, de ahí la necesidad de traer al Ejército o a la Marina.
A su vez, el Consejero de la CDHDF, Ernesto López Portillo, consideró que hoy se discute la seguridad nacional, no porque las amenazas hayan rebasado la capacidad del Estado, sino porque el Estado se quedó atrás de la evolución de los factores de riesgo asociados a la violencia. “La autoridad civil no quiso o no pudo evolucionar en su diseño y sus prácticas, para construir los mínimos necesarios de atención a la violencia y a la inseguridad en un plano democrático”.
Apuntó que se está discutiendo algo que rebasa con mucho una ley, “estamos ante la transición del rol político de las fuerzas amadas en el país, además, están discutiendo mecanismos de intervención en funciones que le son históricamente ajenas y normativamente ajenas a las fuerzas armadas”.
Las fuerzas armadas, dijo, bajo cualquier hipótesis, estando en funciones de seguridad pública, requieren incorporar estándares democráticos de seguridad pública y deben abandonar su doctrina militar. “El reto es descomunal, porque queremos insertar a las fuerzas armadas en funciones ocupadas por autoridades civiles, que de suyo no han evolucionado en su capacidad de rendir cuentas”.
Por su parte, el Secretario General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, consideró que es muy difícil trazar la línea entre seguridad pública y seguridad interior “a golpe de ley como está planteado en los diferentes proyectos”. Dijo que cualquier intervención legislativa tiene que darse en la lectura del nuevo Artículo 1° y del 29 de la Constitución, para dar respuesta efectiva al problema que vivimos.
Apuntó que si bien la intervención del Ejército ha sido necesaria por las críticas condiciones de seguridad que se viven en algunos municipios del país, ésta se ha dado en el vacío, “y ese es parte del problema, que hoy el Ejército no cuenta con un marco claro que establezca cuál es la función, la temporalidad, el propósito y las líneas de mando, lo que ha generado problemas que lastiman al Ejército, a las fuerzas de seguridad, a los estados y a los ciudadanos”.
Estimó que la discusión tendría que ser para acotar las condiciones en las que el Ejército puede intervenir, el mando al que tiene que estar sujeto, la temporalidad y las condiciones de su intervención, y los mecanismos de garantía en la intervención de los organismos de derechos humanos.
Por su parte, la Presidenta de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Mariclaire Acosta, aseguró que la Ley de Seguridad Nacional sería un paso más hacia la construcción de un Estado de excepción institucionalizado, “socavando los esfuerzos de tantos años por consagrar la democracia en nuestro país”.
Aseveró que la falta de un sistema de justicia eficaz está resquebrajando el tejido social y fracturando el Estado de Derecho, además de que la ineficacia procesal del sistema inquisitorio, vigente en la mayor parte del país, así como la inhabilidad de sus operadores para sancionar a los criminales y proteger a las víctimas, ha dado como resultado los altos índices de impunidad.
Dijo que disminuir la tasa de violencia y criminalidad en el país requiere mucho más que aumentar las capacidades de las fuerzas policiacas y militares, “hay que reparar las fallas procesales y procedimentales del sistema de justicia para garantizar que personas inocentes no sean inculpadas por crímenes que no cometieron y que los culpables sean llevados a prisión”.
También participó el Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Ricardo Sepúlveda.
