Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 207/2011
13 de junio de 2011
Ante la emergencia de nuevas identidades, grupos que están solicitando presencia en la sociedad, que quieren ser visibilizados y la posibilidad de incidir en la política pública, se plantea la problemática de establecer relaciones clientelares desde el Estado, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
En la inauguración del III Seminario Internacional La garantía de los Derechos Humanos en las Metrópolis, que se realiza en Buenos Aires, Argentina, expuso que en estas relaciones, el punto de interacción con estas agrupaciones se da más en el sentido de satisfacer las necesidades y los intereses de cada una de las poblaciones, sin visualizar la posibilidad de una interacción y una integralidad efectiva en la atención de todos estos grupos.
En su conferencia Ciudades por los Derechos Humanos, el Ombudsmancapitalino señaló que entre estos grupos, movimientos de mujeres, personas con discapacidad, comunidad LGBTTTI, etcétera, no existe una visión de integralidad frente a los demás, “se excluyen otras agendas porque no hay afinidad moral, social, política, se crean agendas particulares”.
González Placencia mencionó que esta es una visión parcializadora, de fragmentación, que propone una serie de arreglos entre el Gobierno de la ciudad y cada uno de estos grupos, atendiendo a los intereses particulares, sin visión de integralidad.
Comentó que un ejemplo de lo anterior son los movimientos de víctimas del delito, “absolutamente legítimos, que solicitan una mayor justicia, pero que lo hacen desde su propia experiencia de dolor”; que cobraron tal importancia en la sociedad que empezaron a modificar la política pública.
“El fenómeno que se da es de emergencia de nuevas identidades, de nuevos grupos que reclaman presencia social, que están buscando incidir desde su propia experiencia y de sus propios intereses, lo que les da un carácter intuitivo; sin que ello empuje una agenda integral que permita tener una visión de Estado, que atienda todas las problemáticas a través de sus comunes denominadores”.
Destacó que en la ciudad de México, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF), resultado de un Diagnóstico, logró trascender la visión parcializada de las problemáticas urbanas, en un contexto de política pública orientada a los núcleos de seguridad humana, sistema de justicia y democracia.
Destacó que esto permite una mirada en la que el Estado puede ser respetuoso de la identidad, al tiempo que se compromete con la situación particular. “Se plantea una serie de obligaciones para el gobierno de la ciudad que van resolviendo, de manera teórica, esta problemática del clientelismo y de la visión parcializada de cómo hacer política pública con perspectiva de derechos humanos”.
Dijo que a dos años los resultados no son los esperados, porque esta visión teórica no ha sido plenamente comprendida desde la perspectiva de la política pública del Gobierno de la ciudad de México, “porque se plantea un cambio de la visión del Estado asistencial a una mirada en la que todas estas identidades se expresan como parte de la diversidad humana que hay que atender con pleno respeto, pero con todo compromiso respecto a la situación en las que están”.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, llamó a fortalecer la participación de las y los más débiles en la creación de políticas públicas a través de las Defensorías de los Pueblos.
El Ombudsman bonaerense aseveró que las problemáticas vinculadas al medio ambiente, al transporte, a la salud y a la seguridad social, entre otras, trascienden toda jurisdicción o límite geográfico, por lo que “tenemos la obligación como defensores de sortear estas barreras y dar respuestas a la vulneración de derechos que por múltiples motivos ocurren en las áreas metropolitanas”.
Precisó que la contribución de las Defensorías de los Pueblos debe ser fortalecer los derechos de los pobres, de los más débiles. “Quizás una de las condiciones básicas para la anulación de los derechos humanos es la pobreza, la exclusión y la distribución inequitativa de la riqueza”, sentenció.
En su oportunidad, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, advirtió que el crecimiento no planificado de las metrópolis está llevando a situaciones de vulneración a los derechos ciudadanos. “Los problemas de las grandes metrópolis tienen que tener cauces especiales, una reflexión especial y una planificación consensuada”, subrayó.
Aseveró que la multijurisdiccionalidad forma parte de las causas de las vulneraciones a los derechos. “Muchas veces la gente no sabe a qué ventanilla tiene que recurrir porque el Estado también tiene además de su fragmentación territorial su fragmentación como estructura”, señaló.
Lamentó que entre las normas internacionales de derechos humanos y su pleno ejercicio en la realidad exista un espacio de no vigencia, por lo que exhortó a las Defensorías Latinoamericanas a llenar ese espacio con trabajo para bienestar de la sociedad.
En tanto, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, Julio César Alak, celebró que el Seminario aborde los derechos colectivos al medio ambiente y a la planificación urbana y el derecho al desarrollo económico, integrales e indisolubles, lo cual, dijo, representa un salto cualitativo, a más de 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo que dejar de lado la planificación urbana atenta contra los derechos humanos de las personas en mayor situación de vulnerabilidad, de quienes viven donde no hay pavimento, agua potable, drenaje, transporte, seguridad o acceso a la justicia: “Por vivir en ambientes que no coinciden con la dignidad humana. El pobre no puede vivir sin planificación urbana, porque se enferma, se muere, no consigue trabajo”.
Tener un programa de desarrollo económico integrado y sostenido, insistió, permite una política poblacional, a partir del desarrollo industrial racional, y es condición necesaria para la planificación urbana. Lo contrario, advirtió, nos coloca necesariamente en dos barrios extremos.
El primero, explicó, alejado de los dramas humanos de los pobres, bajo el falso paradigma de que la inseguridad surge de la pobreza y no de la desigualdad, con la pérdida del espacio común donde se mezclan el rico y el pobre, el niño, el joven y el viejo, de los teatros y de los cines. Con esa pérdida, lamentó, retrocedimos dos siglos de historia.
El otro, dijo, es el barrio que se encuentra ya no sólo en las afueras de las grandes ciudades, sino también adentro: “Son los barrios privados, pero privados de derechos, de quienes van a vivir a las ciudades para tener un trabajo, una ciudadanía, porque no tiene documentos ni posibilidades de mandar a sus hijos al colegio o al hospital”.
En el caso de Argentina, dijo, 30% de la población habita en la zona metropolitana, que significa que 12 de los 40 millones de personas viven en pocos kilómetros cuadrados, lo cual “no es una situación ideal y normal”, sino consecuencia de las condiciones de vida generadas por las políticas económicas de los grandes centros mundiales económicos y de poder, que hacen de algunos países, vendedores de sus materias primas y consumidores de productos elaborados por otros.
El Seminario tiene como propósitos promover alianzas estratégicas y cooperativas entre diferentes defensorías del pueblo así como el intercambio de buenas prácticas y modelos de gestión. Asimismo, busca avanzar en los esfuerzos para consolidar una red informal de defensorías metropolitanas en las Américas, además de generar herramientas de articulación de las iniciativas metropolitanas y de cooperación de la gestión multijurisdiccional.
Es organizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Defensor del Pueblo Provincia de Buenos Aires. Coorganizan la Procuraduría Federal de los Derechos Ciudadanos de Brasil y la CDHDF.
