Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 221/2011
21 de junio de 2011
A tres años y un día de la tragedia que dejó un saldo de 12 víctimas fatales, como resultado del operativo policiaco en la discoteca New’s Divine, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llamó a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial de la ciudad de México a atender con sensibilidad sus obligaciones para satisfacer las demandas de justicia de los deudos y agraviados.
El Ombudsman capitalino, Luis González Placencia, dijo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Marcelo Ebrard Casaubon, debe encabezar una evaluación seria de la atención al dolor inflingido por la deficiente actuación de las y los servidores públicos durante los hechos que se desarrollaron el 20 de junio de 2008 y hasta la fecha.
También le exigió al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, que sea sensible en su obligación de “dar un trato digno y respetuoso a quienes lo que esperan del Máximo Órgano Judicial de la ciudad es precisamente justicia”, en su desafortunada calidad de víctimas de servidores públicos.
Pidió al Jefe de Gobierno que, en su obligación de cumplir con los puntos de la Recomendación 11/2008 “tome las providencias debidas para enmendar los errores y reorientar las actitudes hacia la satisfacción plena de las demandas de justicia” de las familias de las víctimas mortales y no mortales.
“Padres, madres y hermanos de las jóvenes víctimas del News Divine tienen derecho a reclamar hasta sentirse satisfechos porque no decidieron estar en el doloroso sitio en el que hoy están. En congruencia, los órganos de gobierno y de justicia de esta ciudad están obligados a saberlo y a aceptar que quienes pueden calificar la respuesta que han dado a la tragedia son, única y privilegiadamente, las propias víctimas”, sentenció González Placencia.
Acompañado por Mercedes Barquet, Ernesto López Portillo y Manuel Fuentes Muñiz, miembros del Consejo de la CDHDF, así como por deudos y agraviados del caso, advirtió que: “La Recomendación no es solo una lista de puntos por cumplir; dado que supone compromisos de fondo, el único parámetro válido para considerar si hay o no avance es el sentir de las víctimas, su convicción acerca de la reparación efectiva del daño y las certezas que puedan tener sobre la no repetición de un hecho tan lamentable”.
En conferencia de prensa sobre el Seguimiento al Caso New’s Divine, lamentó que el mensaje que se ha enviado es el de impunidad: “Quien no era servidor público está preso y quienes ocupaban cargos públicos relacionados con las decisiones que se tomaron ese día siguen en libertad e incluso trabajando para el GDF”.
Insistió en que el operativo policial del 20 de junio de 2008, al igual que los que actualmente se ejecutan frente a las llamadas fiestas clandestinas, aquél se realizó “de manera innecesaria e injustificada” y que “encarcelar a una persona joven por motivos que admiten otras soluciones es también una forma de terminar con sus vidas”.
La Recomendación 11/2008 fue dirigida al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF) y al Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero (GAM), autoridades que, en su momento, aceptaron totalmente sus 40 puntos, 36 de los cuales se dieron como formalmente cumplidos.
El Presidente de la CDHDF señaló que, de cara a los puntos no cumplidos y frente al sentir de las víctimas, actualmente se elabora un Informe Especial sobre la atención a las víctimas no mortales del News Divine, para evaluar cualitativamente los puntos cumplidos que requieren puntual seguimiento, tomando en cuenta el grado de insatisfacción de las víctimas sobre la atención recibida.
El Consejero de la CDHDF, Ernesto López Portillo, indicó que en casos similares, la práctica internacionalmente aceptada obliga a que la justicia tenga consecuencias legales hacia los responsables e, institucionalmente, a la construcción del cambio de la policía, con intervención del Poder Judicial para el control del uso de la fuerza.
Recordó que, con base en el material de video recopilado, el operativo del 20 de junio de 2008 ha sido calificado por expertos como “un absoluto desastre” en su diseño y operación, incluso para los propios agentes policíacos, con un enorme vacío de indicadores de evaluación, rendición de cuentas y de transparencia, particularmente en lo que se refiere al uso de la fuerza.
Con base en lo anterior, dijo, el Informe Especial de la CDHDF deberá considerar también elementos técnicos sobre la capacidad de la policía capitalina, con base en el rediseño institucional para garantizar la no repetición de hechos como el del New’s Divine.
Para el Consejero de la CDHDF, Manuel Fuentes Muñiz, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, debe explicar por qué propuso al Juez 19 de lo Penal, Rafael Guerra Álvarez, encargado del Caso New´s Divinepor dos años y medio, para ascender a Magistrado del Tribunal.
“Nos parece una falta de seriedad que en un juicio tan delicado se promueva al juez cuando no ha cumplido su trabajo adecuadamente, ¿se trata de un premio?”, cuestionó.
Fuentes Muñiz afirmó que en la ciudad ya no se cree más en un Poder Judicial por su falta de independencia. “No se cree en la justicia, no se cree en los órganos de investigación por su falta de eficacia y los hechos lo están demostrando”, precisó.
En su oportunidad, la Presidenta de Voces de Justicia y No + Impunidad:New’s Divine, A.C., Leticia Morales Bravo, responsabilizó al Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, de la tragedia.
Madre de Rafael Morales, uno los nueve jóvenes que perdieron la vida durante el operativo en la discoteca, aseveró que no es con policías ni con cárceles ni criminalizándola como se orientará a la juventud, sino con programas educativos, de empleo, de salud y espacios seguros en donde puedan ejercer su derecho a la recreación.
“No se puede criminalizar a los padres y madres y a los jóvenes por el sólo hecho de ejercer su derecho a la recreación, o por decidir libremente qué música desean escuchar o por la apariencia que tengan”, enfatizó.
A su vez, el Director de Cauce Ciudadano, A.C., Carlos Cruz Santiago, exhortó al Gobierno capitalino a no criminalizar más a la juventud.
“La mayoría de las políticas públicas que establece el Gobierno de la ciudad son asistenciales, y el concepto que prevalece en las diversas instituciones es uno que estigmatiza y discrimina a las y los jóvenes”, sentenció.
En tanto, el Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV) A.C., Miguel Concha Malo, denunció que el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado 19 no ha apoyado ni acompañado a los familiares de las víctimas en el desahogo de pruebas.
“Simple y sencillamente ha sido omiso en el apoyo a los familiares de las víctimas para que se les haga justicia”, apuntó.
La coordinadora de Educación, Promoción y Difusión del CDHFFV, Clara Meyra Segura, sostuvo que al ser el Distrito Federal la segunda entidad del país con más jóvenes, se requieren políticas públicas que protejan sus derechos.
Indicó que las autoridades del Gobierno capitalino deben atender en su totalidad la Recomendación 11/2011 de la CDHDF así como el cumplimiento del Capítulo 21 del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federalsobre la juventud. Además de espacios de participación porque las y los jóvenes son agentes de transformación social.
La integrante de la escuela de formadores del CDHFFV, Ana Laura Dino, exigió que se finquen responsabilidades a los altos funcionarios involucrados, se castigue a los responsables y se trate con dignidad a las y los familiares de las víctimas.
“Ser joven no es un delito, porque divertirnos es nuestro derecho, porque no sean violentados nuestros derechos, porque somos presente y queremos participar plenamente a favor de todas las generaciones para que un 20 de junio nunca más se repita: no más impunidad reclaman nuestras voces”, enfatizó.
Desde el ámbito de sus responsabilidades, la CDHDF refrenda su compromiso con todas las víctimas del Caso News Divine, y especialmente por la memoria de Erika Jannete Rocha Maruri (13 años), Alejandro Piedras Esquivias (14 años), Daniel Alan Ascorve Domínguez (15 años), Isis Gabriel Tapia Barragán (16 años), Rafael Morales Bravo (18 años), Mario Quiroz Rodríguez (22 años), Mario Alberto Ramos Muñoz (22 años), Leonardo Amador Rivas (24 años) y Heredy Pérez Sánchez (29 años); así como los Policía Preventivos Remedios Marín Ruiz (20 años) y Pedro López García (65 años) y el Agente Judicial Pablo Galván Gutiérrez (55 años).
