Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 49/2011
10 de junio de 2011
Pregunta (P): ¿Cuál es el objetivo de los trabajos del Seminario?
Luis González Placencia (LGP): Claro, bueno, como se sabe, la agenda de infancia es la que se ha desahogado con mayor rapidez dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF); tenemos una serie de reformas desde el periodo anterior, que ya se concretaron, al Código Civil, al Código de Procedimientos Penales, entre otras. Pero ahora, lo que toca es implementar, es decir, una vez que estas leyes han sido ya aprobadas, toca desarrollar la política pública. Y el objetivo de este Seminario es que podamos hacerlo de común acuerdo con expertas y expertos que trabajan en el ámbito académico y en Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) interesadas con este tema.
P: Oiga, nuevamente parece que se están satanizando algunos eventos en la ciudad de México donde a los jóvenes les gusta divertirse; se ha dicho que van detrás de todas estas fiestas clandestinas, hubo apenas un operativo y de detuvo a varios jóvenes, entre ellos estudiantes que ahora están en la cárcel.
LGP: Sí, nos preocupa muchísimo, estamos siguiendo el tema con mucho detalle, porque no compartimos una visión en la que para proteger a las y los jóvenes, terminan metiéndolos a la cárcel; aunque reconocemos que hay un problema serio relacionado con el alcohol y las drogas. No compartimos la manera en la que se están implementando estos programas, en principio porque lo que implican es ir cerrando espacios para las y los jóvenes, de por sí es difícil para ellos encontrar lugar en los antros, cada vez hay menos lugares en los que se puedan divertir, digamos, con libertad. Y ahora, bueno, pues esta política se dirige también a los domicilios particulares; entonces, digamos, compartimos el diagnóstico, pero no compartimos de ninguna manera estos procedimientos, porque terminan estigmatizando y terminan criminalizando a personas muy jóvenes a las que, había que pensar, si meterlas a la cárcel es la mejor forma de garantizar sus derechos.
P: Parece ser que lo que se sanciona mucho es la pobreza, porque todos los operativos van encaminados a colonias de bajos recursos, a discotecas de bajos recursos, a antros de bajos recursos, a callejones donde hay prostitución, pero todo de bajos recursos y no se tocan los sectores de más poder económico.
LGP: Claro, y hay que recordar que ese fue el origen del New’s Divine, del que por cierto ya vamos a cumplir tres años. Entonces, aquí sí hay que hacer un llamado al gobierno de la ciudad para que piense si esta estrategia es la que verdaderamente quiere para las y los jóvenes de la ciudad. Ustedes recordarán que precisamente este operativo que terminó en tragedia estaba rodeado de una serie de otros operativos en los que se llevaban a las y los jóvenes a la Procuraduría como prueba para poder formarles cargos a las personas que trabajaban en los antros. Esto está sucediendo nuevamente y nos preocupa muchísima que así sea, porque ya hay una Recomendación que ya fue aceptada y que está, digamos, en camino de ser cumplida por parte del Gobierno de la ciudad y estos operativos naturalmente contradirían la aceptación de esa Recomendación y el compromiso que se asumió.
P: La idea es entonces, ¿no llevarse a los jóvenes si hacen operativos, a la cárcel?
LGP: Yo creo que lo que hay que ver es de qué manera se pueden atender estas problemáticas con una perspectiva distinta, tanto del consumo de alcohol, como de consumo de drogas en personas jóvenes y en niños y en niñas. Nosotros no compartimos que tenga que ser a través de estos operativos; eso debería de formar parte de una política integral de protección a la salud de las y los jóvenes.
P: ¿Cuántos jóvenes en México, o niños, estás desprotegidos en general de sus derechos?, ¿qué porcentaje?
LGP: Es difícil dar un porcentaje, porque hay muchas áreas, son muchos los ámbitos en los que se da esta desprotección, pero me parece que si nos atenemos, por ejemplo, al número de jóvenes que hoy trabajan en condiciones que ponen en riesgo su propia integridad personal, si nos referimos al número de jóvenes que abandonan sus estudios, si nos referimos a la falta de continuidad de los programas que generen por ejemplo, que quienes salen de la primaria garanticen su ingreso a la secundaria, que salgan de la secundaria a la preparatoria, lo que vemos es que el problema de juventud y de infancia es un problema integral que tiene que ser atendido con esa visión, no puede ser objeto solamente de algunos programas o de algunas ocurrencias que de pronto se tienen, sino que es necesario generar una política de Estado, en función de la infancia.
P: Unos de los niños más desprotegidos que hay son los hijos de las internas, ¿se tiene contemplado algo para estos niños?
LGP: Sí, desde la perspectiva de la Comisión, estamos trabajando continuamente, primero, para que se pueda discutir si la mejor manera de proteger los derechos de estos niños es teniéndolos dentro de la prisión. Prevalecía algún tiempo que ese era un derecho de la madre, pero ahora hay que verlo, me parece que desde la perspectiva de los derechos de la infancia; entonces, habría que ver en qué caso convendría incluso que la madre estuviera con una pena en externación, para garantizar los derechos de los hijos.
P: ¿Eso es lo que se revisa?
LGP: Sí, esa es la propuesta que la Comisión está empujando en estas discusiones, ese es un tema, por ejemplo, que nosotros hemos planteado frente a la nueva ley de ejecuciones de sanciones.
P: ¿Si hubiera una interna acusada de un delito grave, en ese caso no aplicaría?
LGP: Habría que acotar en qué casos se puede y en qué casos no se puede. Naturalmente en delitos graves eso sería mucho más difícil, pero la discusión tiene que ver de fondo si es pertinente que los niños estén dentro de la prisión, por la estigmatización que se sigue de todo ello.
P: ¿Y ustedes que consideran: que no deberían estar?
LGP: Creemos que no, creemos que debe facilitar el sistema penitenciario la relación madre-hijo y facilitar la integración. Pero de manera tal que se evite estigmatizar a los niños que crecen en estas instituciones.
P: A ver si me puede usted ampliar el panorama: hay muchos programas asistencialistas para niños aquí en el Distrito Federal, pero también hay muchos niños invisibles, de la calle, los hijos de la gente de la calle, ahí en Artículo 123 son familias completas, los niños ahí viven. El otros día preguntábamos y nos dicen que nadie los puede obligar a irse de ahí, pero están alejados de todo, olvidados, invisibles…
LGP: Así es, se trata de niños, niñas y jóvenes, digamos de tres generaciones, de hecho, de personas que viven en la calle que ya de entrada son víctimas de violaciones a sus derechos sociales, económicos y sociales; ahí es donde se ve la falla estructural de todos estos programas de atención de derechos humanos de infancia y adolescencia. Efectivamente, lo que nosotros hemos planteado es que no se puede hacer, es una política de “limpieza social”, es decir, porque se ven mal o porque generan un problema de salud púbica, retirarlos de la calle, llevarlos a los albergues de manera forzada, porque después regresan; es decir, eso no resuelve de fondo la problemática. Entonces, lo que hay que buscar es buscar un mecanismo que permita generar conciencia en la propia gente que viva estas condiciones, entender las razones por las que están en estas condiciones en la calle y buscar que ellos mismos se comprometan con el entorno. Es decir, partimos de un principio fundamental: que para que la calle sea un espacio público, es necesario que no sea de nadie. Esa es la garantía: para que el espacio sea público es que nadie lo coopte. Eso tiene que plantearse con una visión integral que permita recuperar a estas poblaciones callejeras, insertarlas e incluirlas dentro de la sociedad.
P: ¿Ni siquiera tutelar a los bebés por parte del Estado?
LGP: Hay una obligación, desde luego, de generar las condiciones para que ellos puedan acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación, a la oferta laboral, lo que no se puede, insisto mucho, es una política como la que se ha llevado en el pasado: simplemente retirarlos sin que haya ninguna estrategia que permita que ese retiro tenga algún sentido, más allá de sólo quitarlos de la calle.
P: Algunas organizaciones planteaban que esta limpieza social sí existe, ustedes tienen quejas por eso?
LGP: Sí, de hecho, emitimos un par de Recomendaciones que tienen que ver con este concepto de “limpieza social”, es un concepto fuerte, pero es que es importante llamar la atención sobre que la política no puede nada más digamos “barrer a la población callejera”, esconderla debajo del tapete, porque eso no resuelve el problema de fondo.
P: ¿Estas Recomendaciones se cumplieron?
LGP: Están en proceso de cumplimiento, se está haciendo el seguimiento, una de ellas no fue aceptada. Sin embargo, estamos tratando de trabajar conjuntamente, en este caso con la Delegación Cuauhtémoc, tratando de generar convicción sobre de que el problema no es simplemente de retirarlos…
P: ¿Sería de trabajo social o…?
LGP: Necesitaría haber una política de fondo sobre el tema.
P: Oiga, ¿y por qué ayer fueron las medidas cautelares a las 16 Delegaciones por este motivo?
LGP: Bueno justamente porque lo que hemos recibido son diversas quejas, diversos señalamientos de que se sigue con estos operativos.
P: ¿Por parte de la policía o cómo son?
LGP: La Delegación, son los servidores públicos de las Delegaciones los que están llevando a cabo este tipo de operativos.
P: ¿Qué es lo que hacen?, ¿van por los chicos?
LGP: Se los llevan a los albergues, se los llevan a la fuerza. Pero como digo: eso no solamente no resuelve nada, sino que incluso incorpora un elemento de violencia; no tiene que ser una violencia explícita, una violencia física referida a golpes necesariamente, sino el retiro, que es un retiro violento y no resuelve el problema, porque después vuelven a ocupar las calles.
P: ¿Pero en qué zonas es donde están detectando más estos operativos?
LGP: Fundamentalmente en esta zona de Artículo 123.
P: Preguntarle por un tema muy triste: está enojado el Presidente del Tribunal con la Comisión de Derechos Humanos; reconoció que no vino a su Informeporque, pues dice que la Comisión no agota el diálogo antes de emitir las Recomendaciones…
LGP: Yo creo que hay una percepción errónea de lo que es la conciliación. La conciliación se da en función de las víctimas, no para proteger a las autoridades; el proceso de conciliación tiene que ver con aquellos casos en los que, desde la perspectiva de la víctima, es posible llegar a un acuerdo con la autoridad, no al revés; no se trata de emplear la conciliación para proteger a las autoridades, particularmente cuando hay violaciones consumadas. En los dos casos en los que hemos emitido Recomendaciones al Tribunal Superior de Justicia hay violaciones consumadas.
P: Ellos indican, una vez más, que fueron los que señalaron que había trata de internas y que sin embargo la Recomendación va dirigida hacia ellos.
LGP: Sí, a mí me parece que es de un gran valor que el Presidente del Tribunal haya sido quien haya señalado esta problemática, pero digamos eso no lo exime o en automático implica eximirle de la responsabilidad que tienen los servidores públicos que fueron directamente encontrados como, digamos, violadores de derechos humanos.
P: ¿Qué punto de vista tiene sobre la presentación del catálogo del día de ayer en la Oficina del Alto Comisionado, sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
LGP: Como se sabe, ayer se promulgó la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, ese es un avance también importantísimo, porque culmina con ello un proceso de discusión de muchos años, de muchos sectores y, finalmente tenemos un marco constitucional que hace referente a los derechos desarrollar toda la legislación secundaria. Entonces, en ese sentido, es importante hacer énfasis no solamente en las libertades, sino en estos Derechos Sociales y Culturales que frecuentemente no son reconocidos como tales.
P: ¿Cuál es su opinión de que hoy por fin se firma este Pacto allá en Ciudad Juárez?
LGP: Sí, bueno, nos parece importantísimo. Yo creo que ese ha sido uno de los signos del hartazgo ciudadano sobre la situación que estamos viviendo y, más que eso, me parece que es un comienzo para generar condiciones para que la ciudadanía se organice en torno a un proyecto nuevo que necesitamos: solidario, noviolento; un proyecto constructivo. En ese sentido, nosotros hemos participado de diversas formas junto con la Caravana, apoyando desde nuestra posición, desde luego, y respetando el carácter ciudadano que tiene. Yo creo que es un llamado de atención fuerte a la autoridad que tiene que ser escuchado.
