Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 198/2011
6 de junio de 2011
Durante el cine-debate organizado a propósito de la película Una frontera, todas las fronteras de David Pablos, el Coordinador de Vinculación con Instituciones de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Leonardo Mier Bueno, consideró que el fenómeno migratorio debe verse como un problema nacional y como tal, las autoridades locales, estatales y federales deberían tener competencia para tratar el tema.
Subrayó que la CDHDF considera que el Estado mexicano debe adoptar una política que le permita ofrecer garantías de protección a las personas migrantes, sin que ello implique un debilitamiento de sus controles fronterizos.
“Esto resulta de vital importancia frente a la latente amenaza de la delincuencia organizada como el principal peligro en todo el camino de las personas migrantes al encontrar nichos de oportunidad inigualables para el secuestro, la extorsión, la Trata de personas y el reclutamiento forzado de personas migrantes”, añadió.
Puntualizó que debe existir una respuesta desde el Estado que incluya estrechar lazos de colaboración y coordinación a nivel continental, que involucre el despliegue de estrategias integrales, que concentre los esfuerzos de inteligencia policial en la desarticulación y persecución de las redes de la delincuencia organizada que lucran con los migrantes a lo largo del camino.
Mencionó que a pesar del esfuerzo del Estado mexicano aún es palpable la deuda que éste tiene para las personas migrantes frente al principio pro persona, como un axioma para la práctica del Estado; este principio implica que independientemente de la condición de cualquier persona debe privar la protección de la vida y la integridad sobre cualquier otro aspecto.
Por lo anterior, agregó, el gobierno mexicano debe asegurar las mayores garantías posibles de protección de las personas migrantes, en consonancia con la convicción que históricamente ha sostenido nuestro país, de que todo ser humano sea tratado con dignidad y respeto donde quiera que se encuentre.
Mencionó que si bien la reforma a la Ley de Migración tiene cosas positivas, sigue teniendo una visión criminalizante en la que el fenómeno migratorio se ve como un problema de seguridad nacional, “en las zonas fronterizas persiste la idea de que el migrante debe ser detenido, encarcelado, estar en una estación migratoria, deportado o arreglar su situación jurídica, pero no se les da una perspectiva de protección social”.
Señaló que de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se calcula que de septiembre de 2008 a febrero de 2009 fueron secuestrados casi 10 mil migrantes, 9 de cada diez víctimas fueron amenazados de muerte. En 2010 habían sido secuestrados más de 11 mil migrantes en el país, casi 1, 800 al mes.
Ante este escenario, advirtió, la respuesta del Estado mexicano no sólo no ha sido enérgica ni proactiva, pues de acuerdo con información oficial entre 2008 y abril de 2010 se registraron sólo 141 casos de secuestros y 44 averiguaciones previas iniciadas.
Expuso que diversos reportes elaborados por defensoras y defensores de derechos humanos señalan que seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual durante su travesía por territorio nacional, sólo en Saltillo entre mayo de 2007 y febrero de 2008, a partir de 828 entrevistas se pudo documentar 1266 casos de intimidación, 465 agresiones físicas y 42 casos de agresión sexual contra migrantes.
