Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 202/2011
9 de junio de 2011
El contexto de la lucha contra el crimen organizado ha originado la construcción de figuras normativas que reducen las libertades ciudadanas y que dan más facultades a las autoridades, ejemplo de ello es el arraigo, advirtió el Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Mario Ernesto Patrón Sánchez.
Al participar en la conferencia “El impacto en la sociedad de la guerra en el México de hoy”, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, abundó que otra muestra clara de la reducción de las libertades ciudadanas son las dinámicas de limpieza social que se presentan en la ciudad de México.
Sobre este tema, detalló que de 2010 a lo que va del presente año la CDHDF ha tramitado más de 31 quejas de población en situación de calle que indican un patrón claro de limpieza social.
“Es decir, lo que interesa es cuidar la figura visual de la ciudad y no los derechos de la ciudadanía y se dan patrones de operativos en donde son detenidos poblaciones callejeras y muchos de ellos sometidos a procesos ilegales”, denunció.
Para la CDHDF, indicó, existe la preocupación real de que a la ciudad se trasladen fenómenos que se viven en otras entidades asociados a una violencia más cruenta.
Por tal motivo, enfatizó que la CDHDF apuesta por un modelo de seguridad ciudadana que ponga de frente a la ciudadanía y no a las instituciones de corte militar.
Además, lamentó que en la coyuntura de la lucha contra el crimen organizado se construyan lenguajes y conceptos que tienden a diluir la responsabilidad del Estado, como la frase “daños colaterales”, la cual refiere graves violaciones a derechos humanos, y los “levantones”.
Esto último, añadió, no son ni desapariciones, ni privaciones ilegales de la libertad, es un concepto acuñado meramente desde el Gobierno federal para diluir su responsabilidad trasladándola al crimen organizado.
Identificó la responsabilidad del Estado en esta guerra en tres niveles: intentar diluir su responsabilidad trasladándola al crimen organizado; la aquiescencia y el contubernio de las autoridades con la delincuencia y la violencia institucionaliza o el continuum de violencia.
“Lo que nos ha dejado de enseñanza esta guerra contra el crimen organizado es que tenemos instituciones vaciadas, a las cuales la ciudadanía no tiene confianza y en ese continuum de violencia lo que se hace es revictimizar a las víctimas”, subrayó.
Mario Ernesto Patrón Sánchez enfatizó que esta violencia estructural socava los tejidos sociales. “Se habla mucho de los acontecimientos de sangre, pero no del rompimiento del tejido social asociado directamente con la violencia que deja a poblaciones, sobre todo a niños y jóvenes, inermes frente al crimen organizado”, afirmó.
En su oportunidad, la profesora del Posgrado de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Clemencia Correa, aseguró que en esta guerra contra el crimen organizado existe un elemento transversal: la política de terror e impunidad fortalecida e implementada por el Estado.
En Ciudad Juárez, resaltó, a partir de que entra el Ejército, se han dado 240 mil personas desplazadas, y el desplazamiento forzado no ha sido documentado todavía.
“Se viene creando un círculo de terror, impunidad y silencio”, advirtió la catedrática de la UACM, quien añadió que 90% de la sociedad mexicana tiene miedo a ser secuestrada o a ser desaparecida.
Por su parte, la Directora de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, AC, (Serapaz), Dolores González Sarabia, calificó el actual contexto de violencia como de emergencia nacional, por lo que consideró necesario cambiar la estrategia federal en el combate al crimen organizado.
“Producto de esta llamada guerra contra el narcotráfico son los enormes costos humanos y sociales que en cifras, y sabiendo que sólo pueden ser aproximadas, muestran ya la profundidad y gravedad de lo que pasa: más de 40 mil ejecutados, quienes han dejado entre 100 y 120 mil huérfanos, viudas y otros dependientes; cerca de 50 mil heridos y aproximadamente 10 mil desaparecidos”, apuntó.
A su vez, la periodista Marcela Turati afirmó que en diversas entidades aparecieron enfermedades en niñas y niños debido a la violencia, quienes han desarrollado inflamación cerebral por estrés, colitis, gastritis o insomnio, padecimientos no propios para la niñez.
“La violencia carcome y arruina la salud, la economía, el patrimonio, las emociones, el sentimiento, la seguridad y el futuro de miles de personas”, sostuvo.
En tanto, el Consultor del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Carlos Marín Beristain, manifestó que el impacto social de la violencia generada por la lucha contra la delincuencia será para las próximas tres generaciones.
“No es un impacto de la actualidad, será un impacto para la generación de niños que queden huérfanos y para la generación siguiente; entonces se debe comenzar a pensar en una política pública que tenga en cuenta estas consecuencias y no como efectos colaterales”, finalizó.
