Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 232/2011
30 de junio de 2011
Al celebrar la reforma al Código Penal para el Distrito Federal, mediante la cual se incorpora el delito de feminicidio a la legislación de la ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhorta a las autoridades a continuar trabajando para que las mujeres accedan sin discriminación a una vida libre de violencia.
En el marco de la aprobación de dichas modificaciones legales realizadas ayer, considerada como un hecho sin precedentes, la CDHDF llama a las instituciones encargadas de impartir justicia a que se apropien, en su dimensión ética, de los contenidos de la legislación en la materia.
Dicha reforma implica el reconocimiento de un fenómeno invisibilizado sistemáticamente: la violencia estructural contra las mujeres, misma que ha llevado a cientos de ellas a perder la vida por el sólo hecho de ser mujeres. Cabe destacar que de enero de 2010 a mayo de 2011 la CDHDF ha registrado 136 quejas, por hechos asociados a esta problemática.
La sociedad mexicana tiene una deuda histórica con las mujeres, y está obligada a utilizar todos los recursos legales, institucionales y educativos para hacer posible una condición de igualdad que todavía se halla muy lejana, por lo que la aprobación de esta reforma, constituye un paso más.
A diferencia de otros grupos sujetos a discriminación, el de las mujeres tiene la característica distintiva de no constituir una minoría. De esta manera, la discriminación contra las mujeres no sólo implica la violación de derechos humanos fundamentales, como el de la igualdad entre los hombres y las mujeres, sino también un agravio contra el principio democrático de prioridad de la mayoría para la toma de decisiones sociales.
Por lo anterior es fundamental que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones internacionales y nacionales que ordenan la incorporación de protocolos especializados para la debida investigación de delitos por razones de género.
Urge que todos los niveles de Gobierno, incluyendo al Distrito Federal, implemente lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso del Campo Algodonero, en el cual se condenó a nuestro país por de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua.
