Boletín 168/2011
13 de mayo de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresa su preocupación por operativos realizados por autoridades estatales en Xalapa, Veracruz, para retirar poblaciones callejeras, en particular a niñas, niños y adolescentes.
Con el argumento del combate a la explotación de menores en el estado, el 6 de mayo pasado, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) inició desde temprana hora un operativo para ubicar a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
De acuerdo con notas de prensa, el objetivo era asistir a las familias más vulnerables en Veracruz, por lo que participaron la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Xalapa, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena.
Durante el operativo en las calles de la capital del estado, fueron llevados 40 indígenas chiapanecos, 16 de ellos menores de edad.
La CDHDF coincide con las autoridades de Veracruz en su interés por atender a niños y niñas de la calle, así como en sus acciones para combatir la explotación de personas en cualquiera de sus formas.
Sin embargo, preocupa a este Organismo la forma en que se han ejecutado esos operativos, toda vez que la desincorporación de la calle debe ser gradual y se deben ofrecer alternativas de acceso voluntario a otros espacios, como parte de un proceso de inclusión, interlocución y de formación para la infancia.
El retiro forzado y encierro posterior de niños y niñas de la calle son acciones que no resuelven el problema de fondo e impiden el restablecimiento de la cohesión social, fomentado la marginación, criminalización y la discriminación social, sin que se combata la pobreza de los niños y niñas que viven o trabajan en la calle.
La CDHDF manifiesta su preocupación ante operativos que, como los señalados, violan los convenios internacionales sobre la materia firmados por el Estado mexicano.
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia ha sido enfático en señalar que el Estado mexicano y sus entidades deben promover programas de vinculación a la escuela y de desvinculación progresiva de la calle, así como programas contra la explotación laboral de niños y niñas.
La Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Veracruz establece en su Artículo 94 que los programas públicos instrumentados por el gobierno del estado o por la sociedad organizada, a través de instituciones de asistencia, dirigidos a beneficiar a quienes se encuentran en situación de calle, tendrán entre sus objetivos el alejamiento voluntario, gradual y efectivo de la vida en calle.
En convicción de la CDHDF, el Estado mexicano debe reconocer la deuda histórica que tiene con esos y otros grupos socialmente excluidos y espera que las acciones de las autoridades garanticen el cumplimiento de los derechos de niñas y niños de la calle, con base en el principio del Interés Superior de las Niñas y los Niños, señalado en el Artículo 3 de la Convención de los Derechos de la Infancia.
Asimismo, exhorta a que toda acción pública se base en la aplicación de los principios rectores de la Convención, como el de la no discriminación y la participación de niños y niñas en los temas que les afectan. La Consulta a expertos en el tema para la elaboración de políticas públicas y un presupuesto suficiente, serán también fundamentales para el logro de resultados.