Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 165/2011
11 de mayo de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su preocupación ante la acción emprendida por el Gobierno federal, que pretende reclutar a estudiantes de nivel medio superior al nuevo modelo de “Policía Estatal Acreditable”.
El Gobierno Federal lanzó en días pasados la convocatoria que pretende enrolar a unos 60 mil jóvenes de ambos sexos de todo el país en tareas de seguridad. «Tu tierra, tu gente, nuestra seguridad», es el título de la convocatoria que se difunde en las escuelas.
Con esta propuesta, el Gobierno federal intenta fortalecer los cuerpos policiales locales para enfrentar a la delincuencia y al mismo tiempo ofrecer proyectos de vida a jóvenes que cursan ese nivel educativo en escuelas como el CONALEP, los CTIS y CBTIS.
La estrategia de reclutamiento busca alcanzar un promedio de 2 mil jóvenes en cada entidad federativa para conformar este primer módulo de Policía, acudiendo plantel por plantel y aula por aula, a más de mil 200 centros escolares, bajo el discurso de que hay que fortalecer los valores de los jóvenes para que éstos no sean atraídos a las filas de la delincuencia.
En este contexto, preocupa a la CDHDF la incorporación de las y los jóvenes a esta policía debido a que el Gobierno federal contraviene el propósito de la educación de estos centros y fomenta una cultura de violencia en forma de protección, bajo el argumento de prevenir que adolescentes y jóvenes se incorporen a los grupos de delincuencia organizada, de lo cual las autoridades no cuentan con datos adecuados ni sistemáticos.
Esta propuesta es a su vez discriminatoria, debido a que se basa en supuestos que vuelven a incurrir en la visión de edad de riesgo, vulnerabilidad y propensión a la desviación de la conducta social de las y los jóvenes que viven en situación de desventaja económica, con otros sectores de jóvenes que estudian en escuelas particulares.
Asimismo, la CDHDF manifiesta que este tipo de reclutamiento no constituye una alternativa real para quienes han sido excluidos de las políticas sociales y económicas, en particular del mercado de empleo y de los servicios educativos, y oculta la debilidad de las mismas. La problemática debe ser asumida relacionada con la falta de políticas públicas efectivas que garanticen de manera igual para toda la población juvenil, el acceso a programas de formación laboral, educativa, cultural y recreativa, que les permitan acceder a trabajos bien remunerados.
En un país caracterizado por una cultura de violencia, compete al Gobierno federal implementar acciones que rescaten la descomposición de la vida social y política del país, promoviendo una cultura de paz y resolución no violenta de conflictos, por lo que no es labor de las y los jóvenes fortalecer el Estado mexicano a través de su incorporación a la policía, para lo cual, es necesario mejorar los procesos de reclutamiento, selección y capacitación dentro de las academias de policía.
A la luz de los tratados internacionales en materia de derechos de la infancia, en particular, de las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (CDNONU) al Estado mexicano, en el marco de las observaciones al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente en los rubros de Prevención del reclutamiento por grupos armados no estatales, Educación para la paz y Medidas adoptadas para proteger los derechos de los niños víctimas, la idea de incorporar a un entorno policiaco a quienes se encuentran en mayor riesgo como lo es la población juvenil, es violatorio de derechos humanos.
La CDHDF exige a los tres niveles de gobierno, garanticen el derecho a la educación con calidad que permita el ingreso de las y los jóvenes que estudian en estos centros de educación técnica, el ingreso al mercado laboral bien remunerado y evite su criminalización al tratarlos como potencialmente delincuentes.
