Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 190/2011
30 de mayo de 2011
En la presentación del Informe Anual 2010 ante la sociedad y autoridades locales, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, subrayó que más allá de la formalidad legal, el gran reto que se impone en la ciudad es cambiar la actitud respecto del valor de los derechos fundamentales en la vida pública.
“Abandonar el formalismo y el parroquialismo jurídico, el asistencialismo, el peligrosismo, el paternalismo, el populismo punitivo y todas esas actitudes jurídicas y políticas que siguen haciendo de las personas objeto de la voluntad gubernamental y no sujetos de su propio destino”, añadió.
Al lamentar la ausencia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia local, elOmbudsman capitalino señaló que esta Institución es una garantía constitucional de protección de los derechos fundamentales y que el rechazo, total o parcial, o el incumplimiento de una Recomendación implica desconocer la garantía que representa esta Comisión, y por ende, anular los derechos de las víctimas.
En presencia del Senador Carlos Navarrete y del Oficial Nacional de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, dijo que con la reciente Reforma en Derechos Humanos y elPrograma de Derechos Humanos, el Distrito Federal cuenta ya con un importante marco jurídico para la protección y promoción de estos derechos.
“En ese contexto, todas y todos estamos llamados a entender y vivir una cultura de derechos, que pase del Estado benefactor al Estado obligado con los derechos, del Estado clientelar al Estado horizontal con la diversidad de identidades ciudadanas”.
Confió en que los titulares de los órganos de gobierno del Distrito Federal asuman su más estricto compromiso para hacer del respeto a los derechos humanos una prioridad, “esa es la mejor garantía contra la corrupción, la impunidad, la simulación y la discrecionalidad, y la mejor herramienta de cambio social hacia una verdadera cultura de derechos en la ciudad”.
Detalló que 113 mil personas atendidas, 38 mil servicios otorgados, 11 mil personas escuchadas, 9396 quejas iniciadas, casi 8 mil casos solucionados, 12 Recomendaciones emitidas y cerca de 6 mil medidas cautelares dictadas, resumen un año de intensa labor.
“Trabajamos con más de un centenar de Organizaciones de la Sociedad Civil, firmamos 75 convenios, realizamos en promedio 4 eventos por día, publicamos más de 70 materiales, logramos más de 6 mil impactos en prensa, capacitamos a casi 3 mil servidoras y servidores públicos, y 18 mil niñas, niños y adolescentes se beneficiaron de nuestras actividades”, agregó.
Mencionó que la CDHDF ha sido escenario para que las Organizaciones Civiles socialicen sus agendas; ha desarrollado una acción conjunta con organizaciones consolidadas a favor de temas estratégicos, y ha buscado armonizar agendas, convocando alrededor de un tema central a organizaciones e instituciones con intereses y metodologías diversas, pero convergentes con los derechos humanos.
Expuso que en materia educativa, la CDHDF continúa el trabajo con niñas y niños para que asimilen valores asociados a la paz, el respeto por las diferencias y la resolución no violenta de conflictos. Con esa misma visión se inició un proceso de revisión profunda de la labor de capacitación a servidoras y servidores públicos. “No queremos que ellos y ellas entiendan a los derechos humanos como retórica, sino que los interioricen y proyecten en su labor cotidiana”.
González Placencia celebró la promulgación de la Ley delPrograma de Derechos Humanos del Distrito Federal, la cual, dijo, hace relevante refrendar un compromiso de fondo con los derechos humanos, de modo tal que se garantice que este esfuerzo, que vincula a todas y todos, evada la tentación de la autocomplacencia y la simulación.
“Como afirman los expertos, la realidad es un tema de escalas, y por ello, lo que desde lejos parece un terreno liso y llano, suele ser, al verlo de cerca, territorio áspero y empedrado. En esa lógica, para esta Comisión es un orgullo lo que el Programarepresenta en el contexto nacional e internacional, y en efecto, reconocemos en muchas y muchos servidores públicos, una actitud favorable y decida en pro de los derechos humanos”.
Refirió que en 2010, la CDHDF recibió más de 9 mil quejas. En siete de cada diez de las casi 8 mil que fueron concluidas se constataron violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de Gobierno –en especial la Subsecretaría del Sistema Penitenciario–, así como la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, fueron las autoridades más señaladas.
Indicó que las violaciones más acreditadas fueron contra los derechos de las personas privadas de la libertad, la seguridad jurídica, la salud, las víctimas, la integridad y el debido proceso. Agregó que se emitieron 12 Recomendaciones. De ellas, nueve fueron parcialmente aceptadas y una rechazada.
Estimó que el común denominador en la situación de las y los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y la población adulta mayor es la necesidad de avanzar hacia una visión transversal y de derechos humanos que coloque en leyes, políticas y programas que son para todas y todos, los derechos de estas poblaciones, y en general de todas aquellas que han sido excluidas o estigmatizadas.
Al referirse al sistema de justicia penal, señaló el caso de trata de internas en el sistema penitenciario, que originó la Recomendación 04/2010 contra la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría capitalina y el Tribunal Superior de Justicia.
Advirtió que el Tribunal Superior de Justicia ha cumplido en su totalidad con lo que le fue recomendado pero, por este caso, hay sólo una persona sentenciada, otra está prófuga y ningún servidor o servidora pública del sistema penitenciario ha recibido sanción. La persona denunciante fue golpeada por custodias y vive bajo vigilancia permanente de la Comisión porque teme por su vida y por su integridad.
“Esta Recomendación y otros casos dejan ver que en las prisiones existen estructuras de poder que hacen posible todo tipo de mercados ilegales; que las y los internos están a merced de la violencia institucional; que hay personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas enfermas que podrían ser sujetas de alternativas a la prisión”.
Saludó la reciente aceptación que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de la Recomendación 02/2011 sobre el arraigo. “Ante esta aceptación, esperamos que el Magistrado Presidente y la institución en su conjunto asuman cabalmente los contenidos de la misma para su eficaz cumplimiento”, dijo.
De acuerdo con la Consejera Patricia Galeana Herrera, quien habló a nombre de las y los integrantes del Consejo de la CDHDF, la situación de las personas en reclusión es el caso más grave de violación sistemática de los derechos de las personas en el Distrito Federal.
“Las vejaciones y la promiscuidad en que sobreviven es una constante violación al Artículo 22 de la Constitución, que prohíbe penas inusitadas y trascendentes”, sostuvo.
La población en reclusión, agregó, vive en condiciones degradantes y sus familias deben conseguir recursos para que puedan subsistir y la peor situación la enfrentan las mujeres, incluso como víctimas de la explotación sexual.
Por tanto, dijo, si hay recursos para las campañas políticas, debe haber también para contar con reclusorios dignos y para lograr que esa población se reinserte en la sociedad: “La solución para combatir a la delincuencia no es aumentar las penas, sino una política social integral preventiva del delito, suprimiendo la corrupción y la impunidad”, advirtió.
El Director del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” (CDHFFV), O.P., A.C., Miguel Concha Malo, lamentó también la ausencia del Jefe de Gobierno y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quienes legalmente está dirigido el Informe Anual 2010, y celebró la presencia e incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en el trabajo desarrollado por la CDHDF, que ha aprovechado sus conocimientos y experiencia en la defensa ante violaciones y la promoción de los derechos humanos.
Reconoció en las interpretaciones de la CDHDF originalidad y calidad en la calificación, investigación, procesamiento y solución de las quejas de las y los peticionarios, mediante la utilización de estándares internacionales y del adecuado uso del marco jurídico nacional y local.
Finalmente, suscribió, como muchas otras OSC, la convicción de la CDHDF en el sentido de que el arraigo contraviene derechos humanos; así como de que las Recomendaciones rechazadas, no aceptadas en su totalidad o no cumplidas, significan también una frustración para la sociedad y ponen en riesgo la transición democrática, aunado al incumplimiento de las diputadas y diputados locales para llamar a comparecer a las autoridades correspondientes.
En la presentación del Informe 2010 estuvieron presentes Consejeras y Consejeros de la Comisión, ombudsperson del país, Organizaciones de la Sociedad Civil, legisladoras y legisladores, servidoras y servidores públicos, integrantes del cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales, el ex Presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza Longoria, y habitantes de la ciudad de México.
