Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 185/2011
25 de mayo de 2011
De acuerdo con reportes internacionales, en México hay más de 20 mil niñas y niños víctimas de explotación sexual por la trata de personas, principalmente en zonas fronterizas y turísticas, afirmó el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Durante la presentación del Informe del Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal, precisó que en la actualidad el país ya no es sólo identificado como un territorio con amplias brechas de desigualdad, sino como lugar de origen, tránsito y destino de las redes criminales de la trata.
Detalló que de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Delito y con el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y trabajo forzado.
Ambas investigaciones, apuntó, reportan que los grupos más vulnerables para este fenómeno incluyen a mujeres, niñas y niños, a las personas indígenas y a las y los migrantes indocumentados.
El Ombudsman capitalino aseguró que la mayoría de las víctimas de trata en el país son extranjeras, ya que para la explotación sexual comercial se vulneran a personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Alertó que el turismo sexual infantil continúa creciendo, especialmente en ciudades como Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. “Los turistas extranjeros llegan a menudo de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental”, subrayó.
Señaló que según el Diagnóstico Human Trafficking Assesment Tool de la American Bar Association (ABA), realizado en México, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas para su explotación sexual y laboral, y que las entidades con mayor riesgo para cometer este delito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
El Presidente de la CDHDF informó que entre 2005 y 2008 se detectaron más de 300 casos de trata de personas, de los cuales 22 eran extranjeros.
Recordó que en enero de 2011 se publicó el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual ha sido criticado por la academia y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por carecer de un enfoque integral del fenómeno, así como de perspectiva de género y no discriminación.
Comentó que para combatir esta problemática, como lo remarca el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, AC, se deben crear sinergias entre la academia, las OSC y los funcionarios públicos para diseñar instrumentos conceptualmente precisos para el encuadramiento de la trata; apropiarse de los instrumentos de derecho internacional que contemplan a la trata como una conducta criminal y punible e incidir de manera directa, responsable y transparente en la atención de las víctimas.
Consideró necesario repensar la lucha contra la delincuencia organizada que ha emprendido el Gobierno federal, a fin de atacar también a aquellos brazos de estas organizaciones que se dedican al tráfico y a la explotación sexual de personas.
“La trata de personas constituye el segundo delito más importante desde la perspectiva de la criminalidad organizada, de ahí que sea de la mayor relevancia que se ponga atención a este fenómeno para que sea abatido”, finalizó.
En una introducción sobre el Observatorio contra la trata de personas y el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el Presidente del Centro de Estudios Sociales y CulturalesAntonio de Montesinos, A.C. (CAM), Miguel Ortega Vela, advirtió que antes que todo, las víctimas son personas a las que no se les ha reconocido sus derechos y que su dolor de seres humanos ha sido silenciado.
“El desconocimiento de su sufrimiento los coloca como no-personas, no sujetos de derechos y como no-ciudadanos y están desprotegidos, escondidos y sumergidos en la profundidad del silencio y de la oscuridad de la vida social”, insistió.
En la presentación del Primer Informe, el investigador del Observatorio contra la trata de personas, Oscar Montiel Torres, señaló que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) reportó que de diciembre de 2009 al cierre de 2010 sólo hubo tres sentencias condenatorias.
Durante 2010, el delito de trata registró 40 investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); en tanto, por Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) se presentaron 6 averiguaciones previas y se consignó a 4 personas, además de que otras cuatro fueron rescatadas.
Lamentó que no existan datos oficiales confiables ni consistentes que den luz sobre la magnitud del delito, como tampoco acceso a la justicia ni políticas públicas eficientes y eficaces de atención a las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas, agregó.
Urgió a la elaboración de un análisis y un diagnóstico con trabajo de campo sobre todos los participantes en el sistema proxeneta en la ciudad, desde las víctimas y los victimarios, además de los clientes, sin los cuales no podría entenderse la magnitud que presenta hoy el fenómeno.
Dijo que un mecanismo de reclutamiento de mujeres para este nuevo tipo de esclavitud es la seducción y el control de los sentimientos, que permite a los perpetradores hombres pasar desapercibidos para las autoridades, pues las víctimas difícilmente acuden a denunciarlos, sino hasta que son apremiadas mediante la violencia física.
“Necesitamos desesperadamente desentrañar la clave del misterio de la nueva esclavitud y el funcionamiento de esos vínculos”, advirtió.
La nueva esclavitud es un crimen con millones de víctimas con muy pocos criminales identificables, lo que dificulta
la erradicación del sistema proxeneta: padrotes, madrotas y policías se adaptan y camuflan ante las nuevas necesidades.
Al comentar el Informe, como miembro del Comité Técnico del Observatorio contra la trata de personas, Raquel Pastor Escobar consideró que este tema existen tres desafíos: la prevención, la impunidad y la atención a las víctimas.
Elogió el trabajo de la Procuraduría capitalina en la detección de pederastas que trabajan por Internet, pero aseveró que las políticas públicas están lejos de lo que marca la ley y los instrumentos de derechos humanos que ha firmado el Estado mexicano.
Refirió que ante los pendientes señalados, vale la pena asomarse al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en el cual se precisa cómo ir caminando a la atención de todos los aspectos que la Trata reclama, por ejemplo el tema de los migrantes, que incluso está ausente en la legislación.
Por su parte, el asesor del Presidente del TSJDF, Andrés Aguilera Martínez, comentó que del año 2009 a la fecha, el Tribunal tiene 50 asuntos de trata de personas y 26 en materia de lenocinio, mismos que están siguiendo un proceso legal en los términos de la legislación.
Resaltó que mientras la legislación siga generando procedimientos tortuosos, lentos, que no permitan a la sociedad tener resultados prontos para el combate de estos delitos, difícilmente se darán resultados mejores. Apuntó la necesidad de revisar a profundidad la legislación en torno al tema, pues la diversidad de tipos penales, como lo es trata de personas y su variación, dificultan los procesos.
“Mientras mejor sea nuestro marco normativo, mientras más precisos sean los tipos penales y sean revisados los procedimientos, mejores serán los resultados que la autoridad le dará a la sociedad y abatiremos con mayor puntualidad y con mayor eficacia este flagelo de la impunidad”, dijo.
A su vez, la Coordinadora de Modelos de Atención a la Violencia del Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal (InmujeresDF), Margarita Argott, leyó el mensaje de la Directora del Instituto, Martha Lucía Mícher Camarena, y destacó que la capacitación y actualización de servidores públicos es un reto para el Gobierno del Distrito Federal (GDF), así como mejorar la coordinación entre distintas dependencias que atienden denuncias y quejas.
