Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 163/2011
11 de mayo de 2011
Una de las más burdas formas legalizadas de violación de derechos humanos de personas migrantes es el aseguramiento, figura inconstitucional por su naturaleza y por el tiempo durante el cual se les detiene, aseveró el Secretario de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Antonio Guevara Bermúdez.
En la presentación del Informe En tierra de nadie. El laberinto de la impunidad. Violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes en la región del Soconusco, elaborado por Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (I(dh)eas), destacó que esta publicación constata que la política migratoria y la legislación mexicana en la materia son una maquinaria que produce violaciones a los derechos humanos.
Sostuvo que es una maquinaria “porque produce, con la autorización, aquiescencia o tolerancia del Estado, ya sea por el clima de impunidad o deliberadamente, que el crimen organizado pueda cometer violaciones a los derechos humanos de la población migrante”.
“Como lo señala el prólogo del libro ‘parece ser una política deliberada que criminaliza la migración y con lo cual se pretende promover un control de la migración;’ la legislación, las políticas migratorias, incluido el aseguramiento del migrante y la impunidad en torno a los crímenes que se cometen en su contra, son una invitación a quien tiene la intención de migrar a no tratar de pasar por el territorio nacional porque la va a pasar muy mal”, dijo.
Señaló que en las denominadas estaciones migratorias, que son centros de detención, a las personas migrantes se les da un trato equivalente a cualquier otro centro de detención de personas que han cometido algún ilícito, incluso penal.
Expuso que el aseguramiento es una figura inconstitucional porque se establecen plazos para la detención de personas, superiores a cualquier otra figura de detención que se establece en la misma Constitución.
Por su parte, el Padre Alejandro Solalinde, responsable del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca, destacó que el Informe se presente en un contexto nacional complejo y cambiante.
“Creo que la marcha del domingo 8 está marcando un hito, que no quiere ser una manifestación más, una protesta, sino el inicio de una convergencia nacional donde todos los hartazgos se vuelvan propuestas”, subrayó.
Aseguró que en la actualidad hay una conciencia en crecimiento con respecto al tema de las personas migrantes. “El contexto de nación que tenemos es de fragmentación, pero también al mismo tiempo hay un esfuerzo de articulación operativa y eso es muy valioso”, indicó.
Aseveró que el tema migratorio se ha vuelto una especie de detonador de cambio al contexto de crisis nacional.
En su participación, el Director Ejecutivo de la organización I(dh)eas, Fabián Sánchez Matus, aseguró que el informe busca sensibilizar a la sociedad sobre la situación de los derechos de las y los migrantes. En particular, dijo, a contribuir a paliar la cultura y el clima social de permisibilidad tan característico en la sociedad mexicana.
Sánchez Matus apuntó que este proyecto se llevó a cabo entre septiembre de 2009 y noviembre de 2010.
Al presentar los resultados de la investigación, el integrante de I(dh)eas y uno de los responsables del informe, Edoardo Bazzaco, reportó que documentaron 81 actos violatorios a los derechos de las personas migrantes en la región del Soconusco en Chiapas.
Abundó que los derechos humanos violentados fueron maltrato, privación ilegal de la libertad y nulo acceso a la justicia y al debido proceso; y que 86% de estos actos fueron cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) (57%) y de la Policía Federal (29%).
“Las personas migrantes en la región del Soconusco, como en el resto del país, son víctimas de agresiones, robos, extorsiones y detenciones arbitrarias por parte de diferentes corporaciones policiales tanto municipales como estatales y federales”, apuntó.
Eduardo Bazzaco calificó también como preocupante las detenciones de las y los migrantes por parte del INM, cuando de acuerdo con estándares internaciones de derechos humanos la detención debe ser la excepción y no una estrategia de política migratoria.
En la presentación del Informe “En tierra de nadie. El laberinto de la impunidad. Violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes en la región del Soconusco” también participaron los integrantes de I(dh)eas y responsables de la investigación, Mario Santiago Juárez y Areli Palomo Contreras, y el migrante Conde Salemon.
