Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 178/2011
19 de mayo de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) celebra la aprobación de reforma constitucional en materia de derechos humanos por parte de 16 Congresos estatales y hacerla obligatoria en relación con la legislación secundaria y la vida institucional de nuestro país.
La aprobación realizada ayer por el Congreso del Estado de Tamaulipas de la reforma promovida por el Senado de la República, se suma a la ya efectuada por otras legislaturas.
La CDHDF felicita a las y los legisladores de estas 16 entidades federativas, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por impulsar el tema en el ámbito estatal y por su sentido de la responsabilidad y oportunidad para profundizar la lucha a favor de los derechos humanos.
Esta reforma es resultado de la exigencia ciudadana en el sentido de otorgar rango constitucional a las protecciones legales y libertades ciudadanas que configuran el paradigma de los derechos humanos. También es producto de un proceso de diálogo, debate y consenso entre las y los representantes de los partidos políticos, para dar realidad a esta exigencia ciudadana.
La modificación a la Carta Magna por sí misma no significa el respeto irrestricto a los derechos humanos, sino, más bien, la enunciación de los fundamentos para el logro del real acceso de todos y todas a las oportunidades y los derechos a que aspiramos. Esta reforma constitucional es innovadora por varias razones:
- La adición, en la cláusula antidiscriminatoria del Artículo 1º, de la referencia a las preferencias sexuales como causa de discriminación, siguiendo la tendencia mundial a visibilizar y dar carácter obligatorio a la protección amplia de la libertad de las personas para establecer vínculos sexoafectivos y expresar su identidad de género, de manera autónoma y responsable.
- El reconocimiento de los tratados internacionales, la interpretación conforme a ellos y el principio propersona, que dan rango constitucional a la idea según la cual el derecho internacional impone ciertos límites a la discrecionalidad de los Estados. Además, se plantea que los derechos humanos son un principio de política internacional.
- La afirmación de que el sistema penitenciario debe reorganizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos, de tal forma que no sólo se garantice el debido proceso a las personas presuntas responsables de ilícitos, sino que también la privación de la libertad ocurra en condiciones dignas y seguras que promuevan su reinserción social.
- La implementación de un nuevo régimen de suspensión de derechos y garantías, que vuelva compatible el derecho constitucional con el derecho internacional.
- El hecho de consagrar el derecho a solicitar asilo y refugio, así como la garantía de audiencia en el proceso de expulsión de personas extranjeras que establece el Artículo 33.
- El traslado de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, el siguiente paso debe ser el fortalecimiento de los mecanismos para establecer la responsabilidad, castigar a las personas implicadas en violaciones graves a los derechos humanos y, finalmente, diluir la percepción de impunidad que actualmente se asocia a dichas violaciones.
- La posibilidad de que las Comisiones de Derechos Humanos conozcan de violaciones a derechos laborales, una vez que en la minuta del Senado de abril de 2010 se eliminó a la materia laboral como una de las excepciones competenciales estos organismos.
- La ampliación de la facultad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de acciones de inconstitucionalidad, las cuales procederán contra normas que vulneren tanto derechos humanos consagrados en la Constitución, como aquellos reconocidos en los tratados internacionales de que México sea parte.
La CDHDF subraya el ánimo de ampliar las garantías a los derechos humanos en nuestro país por parte las y los legisladores federales y de los Congresos estatales.
Con la aprobación que de la reforma hicieron estas primeras 16 legislaturas locales concluye el proceso legislativo y lo que es más importante, comienza una nueva etapa para la garantía y ejercicio de los derechos humanos en México.
