Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 124/2011
10 de abril de 2011
México enfrenta hoy hechos violentos sin precedentes que han propiciado miles de asesinatos, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, a tal grado que las consecuencias de la violencia armada, en términos de las víctimas que produce y la vulneración de los derechos fundamentales, parece una práctica sistemática y cotidiana de la vida nacional.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena los trágicos acontecimientos que la violencia armada ha generado, independientemente de que éstos provengan del crimen organizado o de las fuerzas del Estado.
Ante la tentación de caer en actos autoritarios con los que se pretende justificar o legitimar violaciones graves a los derechos humanos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad en aras de la seguridad o el triunfo de la lucha contra el narcotráfico, es fundamental reafirmar la preeminencia del Estado constitucional de derecho y apelar a su ineludible obligación de proteger la vida y integridad de todas las personas, valores fundamentales que constituyen la razón de ser del propio Estado.
Pero también, frente a las expresiones de hartazgo y desesperación de la ciudadanía, entendibles ante la radicación de la violencia y el incremento de las víctimas, es necesario evitar llamados a una eventual concertación de pactos o negociaciones con el crimen organizado que pongan en entredicho el papel que debe desempeñar el Estado para hacer efectiva la administración de justicia y el ejercicio de los derechos fundamentales. La sociedad y el Estado no deben claudicar en el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones para solucionar problemas tan complejos como la violencia.
Es urgente que el Estado restablezca las condiciones de paz necesarias para el desarrollo de la vida civil y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Por ello, reafirmamos que la política de seguridad debe estar encaminada a la protección de la vida, la integridad y los derechos de las personas que viven o transitan en el país, a través de la implementación de políticas y estrategias responsables e integrales de desarrollo, prevención social y promoción de la cultura de paz.
Es necesario desarrollar estrategias alternativas, incluyentes y consensuadas para enfrentar la violencia, no a través del uso irracional de la fuerza, sino con base en la razón y la justicia. Ello implica, la revisión de las políticas de seguridad y de justicia para que, desde un enfoque de derechos humanos, se centre en la protección de las personas, el resarcimiento del daño a las víctimas, la efectiva sanción de los responsables y la generación de cambios institucionales y sociales que tiendan a la erradicación de la violencia en nuestro país.
Con este propósito, la CDHDF se compromete a encaminar sus esfuerzos institucionales en fomentar, encauzar e impulsar una cultura de derechos, de paz y convivencia democrática que contribuya a la erradicación definitiva de todas las formas de violencia que atenten contra la dignidad humana.
