Boletín 138/2011
23 de abril de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó al Gobierno capitalino a continuar con las campañas de información sobre el procedimiento para solicitar y acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los servicios de salud pública.
En el marco del cuarto aniversario de la despenalización del aborto en la ciudad de México, exhortó también al Estado mexicano a reforzar los programas de educación sexual laica y científica que acerquen a hombres y mujeres información sobre el ejercicio autónomo y responsable de su sexualidad, así como sobre los recursos legales e institucionales con que cuentan para hacer exigibles sus derechos sexuales y reproductivos.
La CDHDF reitera su convicción de que todos los derechos deben ser ejercidos por todas las personas, y particularmente, que las mujeres que viven o transitan por la ciudad decidan sobre su cuerpo y ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación y de manera autónoma.
El acceso a la ILE refuerza la seguridad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, al sustraerlas de los riesgos para su salud, incluida la muerte, a consecuencia de las condiciones insalubres, deficientes y poco éticas en que ocurren los abortos en las sociedades en que se trata todavía de una práctica penalizada.
En convicción de la CDHDF, les permite el completo ejercicio de autonomía sobre su cuerpo y el ejercicio de su sexualidad, liberándolas de los estigmas que identifican la esencia de lo femenino como pasividad y subordinación a las decisiones de los varones respecto del número y espaciamiento de los hijos e hijas.
Una forma de evaluar el impacto positivo de la ILE en el Distrito Federal es la consideración del número de mujeres que fallecen por abortos clandestinos en el resto del país. De acuerdo con el Informe 2009 sobre Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres, de la organización internacional IPAS, la entidad con mayor número de muertes por abortos mal practicados fue el Estado de México, con 122, el Distrito Federal, con 71; y Chiapas, con 63.
La CDHDF reconoce que la clandestinidad de la práctica no permite conocer con veracidad la cifra de mujeres muertas por causa de abortos clandestinos e insalubres. En ese marco, advierte también que una sociedad que respeta los derechos de las mujeres no esconde las problemáticas que se les asocian, sino que está obligada, como en el caso del aborto, a crear condiciones de atención y prevención que sean compatibles con el respeto a la dignidad y autonomía de ellas.
Para la CDHDF, respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos es el inicio de un círculo virtuoso de empoderamiento y erosión de los estigmas misóginos y las prácticas discriminatorias que las han colocado en una posición de histórica subordinación.
Una mujer que conoce el alcance de sus derechos, los ejerce, alza la voz para denunciar violaciones y reproduce una dinámica de empoderamiento en sus círculos familiar y social.