domingo , 5 febrero 2023

Entrevista al Presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, luego de participar en la inauguración del Segundo Ciclo de Conferencias y Mesas Redondas sobre Temas de Actualidad en Derechos Humanos 2011.

Transcripción 32/2011
5 de abril de 2011

Pregunta (P): Doctor, Jueces de Ejecución de Sanciones es un tema importante. Estamos a meses de que tenga que entrar esta figura y no se ha implementado. Ya los propios Consejeros de aquí del Tribunal Superior de Justicia prevén amparos que podrían derivar hasta en la libertad de algunas personas, ¿qué opinión le merece?

Luis González Placencia (LGP): Bueno, efectivamente es un tema que no se ha implementado todavía no obstante que la reforma constitucional lo exige ya, que debería de entrar en vigor en unas semanas más y hasta donde yo tengo noticia no ha habido todavía una definición de parte de la Asamblea, y me parece que es muy importante que eso ocurra porque se requiere de una nueva Ley de Ejecución, se requiere por supuesto también de que se prevean los recursos necesarios para que estos jueces funcionen y también se prevé el tema de capacitación, que ese habría que saber si el Tribunal Superior de Justicia ha estado capacitando ya en materia de ejecución.

P: ¿Qué llamado haría usted para las autoridades involucradas?

LGP: Yo creo que es urgente porque lo que esperamos es que esta medida, que pudiera acompañarse con otras también relacionadas con la despresurización del sistema penitenciario, ayude a poner en orden en las prisiones, por una parte; y por otra parte también genere alternativas que impliquen que no solamente recurramos a la prisión como primera opción, sino que haya un sistema como lo prevé la reforma constitucional de penas alternativas.

P: Consejeros de aquí del Tribunal ya prevén que suceda lo mismo que en la Ley de Justicia para Adolescentes de no aplicarse esta figura, en caso también alertan de que la instauración de estas figuras, por el escaso del tiempo, sea al vapor y no surta los efectos adecuados.

LGP: Bueno, de ahí la importancia que tiene que se legisle correctamente. Me parece que hay ejemplos, hay proyectos, hay iniciativas que se han presentado no solamente en el Distrito Federal, sino a nivel federal también, en donde se muestra cuál es el camino que debe seguir una Ley de Ejecución que sea moderna y que sea una Ley de Ejecución  acorde con los derechos. Entonces yo creo que está en manos de la Asamblea en este momento poder llevar adelante una Ley de esa naturaleza y por otra parte en manos del Tribunal que se capacite en función de esos criterios a los nuevos Jueces de Ejecución.

P: Doctor, el fin de semana hablábamos del tema de trata de personas, ¿quisiera preguntarle qué opina sobre esta crítica que hace la ONU a nuestro país sobre que en México hay inacción e incapacidad para combatir este delito eficazmente y que por ello se da el llamado negocio de la migración en donde están involucrados desde funcionarios hasta miembros de la delincuencia organizada?

LGP: Hay que tener en cuenta que la trata de personas es el segundo entre los más importante de los crímenes relacionados con la llamada criminalidad organizada, entonces la atención que debe ponerse al tema es prioritaria; además, porque aquí sí hay un riesgo directo e inmediato sobre la integralidad de las personas. Efectivamente coincido con la crítica que hace la ONU. Me parece que lo que hay que tomar en consideración aquí es que esas apreciaciones que se hacen desde organismos internacionales son llamados de atención importantes que el Gobierno federal y los gobiernos locales deben asumir en esa dimensión. Creo que hay que hacerle caso a estas observaciones y me parece que hay que, efectivamente, instaurar políticas que sean muchísimo más agresivas contra este fenómeno.

P: Doctor, en otro tema o volviendo al tema de los reclusorios, usted mencionaba que se han convertido en bolsa de trabajo para la delincuencia organizada o el crimen organizado, ¿qué elementos hay para presumir esto?

LGP: Bueno, primero el hecho de que en la prisión estamos juntando, digamos, a delincuentes que tienen una probada carrera criminal con delincuentes que cometen delitos menores. Lo que observamos es que la consecuencia que tuvo la reforma del año 2003 es que se penalizaran delitos que tienen penas menores, que tienen penas de muy pocos años, lo cual implicó trasladar la llamada puerta giratoria desde los tribunales a las prisiones. Entonces ahora lo que tenemos es que hay una cantidad de presos que está poco tiempo en la cárcel y que durante su estancia en la cárcel adquiere una serie de contacto que los relacionan con los grupos criminales, que en buena medida permiten que estos grupos criminales vayan generando afuera redes o nodos que extienden las redes criminales desde adentro hacia afuera. Entonces me parece que hay datos, los datos del CIDE, por ejemplo, que señalan estas problemáticas, aunque no hay todavía investigaciones que hayan atendido el fenómeno desde esa perspectiva.

P: En este sentido, la Procuraduría capitalina ya ha propuesto una Fiscalía Especial para la atención de delitos al interior de los reclusorios, exclusivamente para eso. ¿En este momento más que nunca es imperioso aplicar ya esta figura, Doctor?

LGP: Yo creo que lo que se requiere, como yo lo he dicho muchas veces, es una reforma del sistema. O sea, ya tenemos que operar la reforma constitucional, ya está. Es obligación de los estados y desde luego del Distrito Federal ponerla en marcha. Entonces lo que esa reforma significa es que deberá haber menos gente en prisión, necesariamente. Entonces si disminuimos el número de personas en prisión vamos a disminuir los delitos que se cometen desde dentro, se va a poder implementar un orden que tenga sentido de derechos humanos, pero que implique la posibilidad de tener mayor control sobre las personas que están internas y no tengo duda de que la delincuencia va a disminuir tendencialmente.

P: ¿Entonces, doctor, desde esa perspectiva debemos de suponer que el crimen organizado está enrolando gente al interior de los penales y viceversa?

LGP: Yo creo que eso ocurre, efectivamente, y están dadas las condiciones, no tengo duda, para que así sea.

P: ¿Cómo van las investigaciones en torno a este tema del motín por un supuesto desabasto de drogas?

LGP: Sí, naturalmente, queremos seguir la misma línea que empujamos con la Recomendación de trata de internas. Creemos que son las mismas estructuras las que están funcionando dentro de las prisiones y que permiten la generación de mercados ilegales y por supuesto también la generación de violencia. Entonces vamos a seguir en esa misma línea tratando de mostrar la existencia de estos grupos, de estas estructuras de poder al interior de las prisiones y la necesidad por supuesto de desarticularlas.

P: Entonces en este sentido, ¿en caso de que se generara una Recomendación por el motín no sería tanto por los hechos violentos, sino por la estructura de poder que hay detrás de ella?

LGP: No, naturalmente tiene que ver con la integridad de los internos en primer lugar, pero lo que no queremos es aislar el hecho, sino plantear cómo estos hechos son posibles precisamente porque existen estas estructuras de poder al interior de las instituciones carcelarias.

P: ¿Entonces ya prevé una Recomendación por estos hechos, Doctor?

LGP: Estamos analizando la información, estamos viendo cómo podemos hacer la argumentación, la vinculación con los derechos humanos, y una vez que esté ya cerrada ya la fase de compilación de información estaremos en condiciones de saber si sí o no.

P: Doctor, para entender mejor, ¿entonces lo del motín y el abasto de droga en las cárceles está ligado con la criminalidad organizada o con grupos de narcotráfico que están surtiendo de droga a las cárceles?

LGP: Bueno, habrá que saber ahí cómo funciona. La verdad es que no podría yo afirmar todavía una fenomenología del asunto, pero lo que es un hecho es que la droga entra, ha entrado, históricamente ha entrado a las cárceles y eso lo que significa es que alguien la mete. Entonces lo que hay que saber aquí es cómo operan estos procesos de introducción de las drogas para poderlos desestructurar, y en esa medida habrá que ir sabiendo si es de afuera hacia dentro o como ha ocurrido en otros penales que también puede ser de adentro hacia afuera.

P: Doctor, ya algunos grupos de organizaciones civiles proponen pactar con la delincuencia para el cese a la violencia que hay en el país, de hecho ya se tienen programadas algunas marchas, ¿usted estaría de acuerdo en este sentido?

LGP: No, con todo respeto, creo que esa es una posición que implica un desconocimiento de cómo se mueven los grupos criminales en el país, porque no estamos hablando de un solo grupo. Tendríamos que, si fuera el caso, pactar con muchos grupos y habría que decir con cuáles, hay que tener en cuenta que están en pugna los mismos grupos. Entonces creo que este reclamo hay que leerlo en otro sentido, en términos del hartazgo que se ve ya en la gente, porque esta guerra que ha emprendido el Estado mexicano contra los grupos de narcotraficantes nos tiene en medio a los ciudadanos. Ese es el mensaje que recibimos y es el mensaje que indigna. No puede ser que se pondere por encima de la vida y la integridad de las personas una lucha que hoy por hoy ha dejado más de 30 mil muertos.

P: Doctor, ¿pero se podría interpretar que este tipo de marchas, como las que se han dado en Guadalajara, en Michoacán, en Sinaloa, a favor de ciertos grupos y que son hasta patrocinadas por ciertos grupos?

LGP: No, no lo creo, me parece que están mucho más relacionadas con la indignación que se ha producido con motivo del asesinato de estos jóvenes recientes en Cuernavaca; e insisto en el hartazgo que se ha venido acumulando después de tantos años de una lucha que no solamente no termina con las drogas, que no ha disminuido el poder de los grupos criminales y lo que sí ha hecho es incrementar el número de muertes de personas inocentes a manos del Ejército y de las fuerzas policiales.

P: Pero al parecer aquí no pasa nada, no hay ni una sola renuncia de funcionarios que estuvieran involucrados en todo este tipo de muertes que hay; y también quisiera su opinión sobre este asunto de las desapariciones forzadas, ¿tienen ustedes documentados casos o cómo miran el informe de los expertos de la ONU?

LGP: Bueno, en primer lugar me parece que justamente será la presión de sociedad civil la que vaya determinando si los servidores públicos deben o no seguir al frente de sus cargos. Yo creo que la acción de la sociedad civil es muy importante y va a seguirlo siendo en el futuro en esta contienda que se ha dado contra los cárteles de la droga. Y por otro lado, aunque efectivamente hemos nosotros documentado casos de desapariciones forzadas, lo que podemos observar es que estos casos por fortuna en el Distrito Federal después se han resuelto. Es decir, las personas han aparecido. En un principio se califican de esa manera porque lo que ellos señalan es una actitud de la policía en particular de ocultar el paradero de las personas en las primeras horas de la detención. Entonces reaccionamos contra eso. Acompañamos a este grupo que está haciendo esta investigación a lo largo del país y naturalmente coincidimos con lo que ellos han señalado.

P: Nuevamente surge el tema de si se debe o no pactar con la delincuencia organizada para que cese la violencia, o se retome el código de honor.

LGP: Yo creo que hay que tener cuidado con eso porque, como he dicho, no estamos hablando de un solo grupo, estamos hablando de muchos grupos, y pactar con la delincuencia me parece que es una opción que no es la adecuada, definitivamente. A mí me parece que lo que hay que hacer es exigir que el Gobierno federal pondera qué costo quiere pagar, si el costo que implica la muerte de personas inocentes a manos de esta situación de violencia que se ha generado o en todo caso el que implica el intento por desestructurar a estos cuerpos criminales. Y creo que es el momento de hacer una reflexión seria para comprender que no hay una disminución en el consumo de drogas, que no hay una disminución en el poder de los cárteles, y lo que sí hay es un incremento cotidiano del número de personas que mueren a causa de esta lucha. Entonces el reclamo ciudadano, que es absolutamente legítimo, es un reclamo que hay que leerlo en términos de la necesidad de paz. Lo que la gente quiere el paz, lo que la gente quiere es vivir en paz.

P: ¿En ese sentido la solución es la salida del Ejército de las calles?

LGP: Me parece que no puede tomarse ninguna medida de tajo ahora. Lo que es necesario es replantear de qué manera esta lucha puede llevarse a cabo con cauces que impliquen por una parte la disminución paulatina de la violencia y por otra parte la asunción de responsabilidades, que yo creo que eso también la ciudadanía lo está exigiendo. Es necesario que haya responsables, que sean juzgados, que sean procesados por delitos como estos que desafortunadamente hoy vivimos.

P: Doctor, ¿no tendría un mayor peso específico que todas las Comisiones de Derechos Humanos a nivel nacional hicieran un solo llamado, incluyendo desde luego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que le hagan un llamado al Gobierno federal y rectifique esta política de combate al crimen organizado, porque se ha hecho de manera aislada, cada Comisión, e incluso la Comisión Nacional, pero no sería mejor que se hiciera un solo llamado para que vean la situación que están enfrentando los ciudadanos y que ustedes son los que están defendiendo las garantías de las personas a nivel nacional?

LGP: Sí, creo que tienes toda la razón, lo que hay que hacer es precisamente hacer un llamado, y lo vamos a hacer a través de la Comisión Nacional y de la Federación de las Comisiones Públicas de Derechos Humanos, para que conjuntamente emitamos un comunicado en el que planteemos nuestra posición frente a este tema.

P: ¿Ya ha habido algún acercamiento, Doctor, con algunas Comisiones, porque usted dice que se va a hacer, pero cuándo sería o cómo sería?

LGP: Lo haríamos en estos días, mañana tenemos una reunión con motivo del informe de la Comisionada de Campeche, entonces será un buen momento para hacer el planteamiento.

P: ¿Y este planteamiento podría partir incluso de la Comisión que usted dirige, Doctor?

LGP: No importa de dónde parta en realidad. Nosotros sí queremos empujarlo porque creemos que es muy importante aquí que se tomen medidas que eviten la pérdida de vidas, particularmente la pérdida de vidas inocentes. Nosotros lo vamos a proponer, y ojalá que sea la Federación la que lo retome y así como hicimos en otros momentos la Federación completa haga un pronunciamiento.

P: ¿Y aquí en la ciudad de México, doctor, no se lleva un sistema de registro de personas extraviadas, ausentes o muertas por cuestiones violentas, como lo hace la Comisión Nacional?

LGP: Me parece que no es el caso, no se lleva un registro de esa naturaleza. Primero porque lo que sí tenemos son algunos datos que en un principio son calificados como desapariciones forzadas, pero que después de lo que dan cuenta es más bien que las autoridades policiales mantienen en secreto el paradero de las personas durante las primeras horas de detención, después aparecen y entonces ya no se da esta calificación de desaparición forzada.

P: Doctor, ¿no sería necesario que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal solicite a la Procuraduría capitalina y al Servicio Médico Forense que le aporten toda la información relativa con las personas que han muerto en estos años de manera violenta para que ustedes también lleven un registro y puedan hacer un cotejo cuando haya quejas de personas de que sus familiares murieron de forma violenta o que desaparecieron de alguna forma irregular?

LGP: De hecho tenemos esa comunicación cotidiana con el Tribunal y con la Procuraduría, y hasta ahora no se han presentado casos afortunadamente aquí en el Distrito Federal en que se dé esa situación.

P: ¿Pero de muertes violentas, Doctor?

LGP: De muertes violentas en general. Cuando hay un reclamo porque no se sabe cuál es el paradero de una persona nosotros lo ingresamos como desaparición forzada, hacemos la investigación correspondiente y hasta ahora, salvo un caso que es de hace unos 10 años aproximadamente, todas las personas han aparecido. Este caso que comento está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estamos nosotros también coadyuvando en la investigación allá.

P: Usted hablaba de tenerle confianza a los jueces, ¿cómo lograr borrar esa imagen?

LGP: Para mí lo más importantes es, precisamente, a través del esfuerzo que tiene que hacer la propia Judicatura en todo el país para que sus resoluciones sean resoluciones certeras. Las resoluciones judiciales admiten una revisión, pero esa revisión tiene que darse dentro del ámbito mismo de la propio Judicatura y debe de haber un momento en el que sus resoluciones generen confianza. No quiere decir eso, que todo el mundo esté contento con lo que resuelven los jueces, lo que quiere decir es que debemos tener la certeza de que no inciden a razón de criterios alimentados por la corrupción o por intereses que son ajenos a la justicia; y desafortunadamente lo que hemos visto hoy es que casos que se documentan como en Presunto Culpable, pues lo que han hecho es minar la confianza en los jueces, y que bueno que haya sido así por cierto, porque eso ayuda a empujar medidas, criticas en todos los puntos de vista que estén dirigidos precisamente a la necesidad de fortalecer la capacidad de los jueces y la responsabilidad que deben asumir cuando deciden incorrectamente.

P: Esta destrucción de la imagen se generaliza y ya se convierte en sinónimo de juez corrupción.

LGP: Sí, de ahí la importancia de que sean los mismos poderes judiciales los que asuman autocráticamente lo que está mal, tenemos claridad de que hay cosas que no son culpa de los jueces, por ejemplo el sistema penal que tenemos, pero es importante que ellos procuren por cambiar ese sistema, ellos tienen esa posibilidad, tienen la posibilidad de tomar decisiones conforme a derechos humanos, entonces todo eso genera responsabilidades que es importante que la gente vea que los jueces asumen.

P: Es presionar al legislativo para que…

LGP: Al Legislativo sí, por supuesto y también al ser la argumentación externa, es decir tiene que explicar por qué sus sentencias por qué toman las decisiones que toman. Muchas gracias.