Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 31/2011
3 de abril de 2011
Pregunta (P): Quisiera que nos hablara de, bueno, a mí me llama la atención el asunto de que 95% de mujeres no tienen, pero más que el 95%, sabemos las condiciones, ¿el otro 5% cómo le hizo para tener estos derechos?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Bueno, afortunadamente la raíz precisamente de la organización de las propias trabajadoras del hogar. Ha habido personas que adquieren conciencia y que saben que tienen que cumplir con ésa, que es una obligación. Es decir, no estamos hablando de hacer un favor a quien trabaja en nuestra casa, sino que esa es una obligación. Ahora, lo que a mí me parece muy grave es que efectivamente en la totalidad de los casos, yo no conozco un solo caso, en el que haya de por medio un contrato, por ejemplo, porque el contrato vincula…
P: Hasta ahorita hemos hablado de acuerdos…
LGP: Acuerdos de palabra; es decir, yo decía que se podía parafrasear un concepto de una feminista, ella habla de pactos mafiosos, aquí podríamos hablar de pactos de clase, de pactos en los que las personas, los empleadores generan acuerdos para evitar que los salarios sean dignos, para evitar que se propague, digamos, la tendencia hacia exigir la seguridad social, hacia exigir la contratación. Entonces, aunque creo que es muy importante que vayamos empujando cambios legales y cambios en términos de política pública, me parece fundamental que haya un cambio en la mentalidad, en la manera en la que vemos el trabajo del hogar, que debe ser tratado como cualquier otro oficio, como cualquier otro empleo y con todo lo que eso conlleva, como capacitación, por ejemplo. Es importante que se profesionalice ese trabajo, que así como contratamos a un carpintero, o a un plomero, o a un servicio y cada vez más esos servicios están señalados con obligaciones en un contrato, así también contratemos a quienes nos ayudan en el hogar dejando claro que, particularmente cuando estos contratos son por largo tiempo, al empleador le toca también poner lo necesario para capacitación, para salud, para satisfacción de todos los derechos.
P: Doctor, hablaba de que la Comisión impulsaría algunos proyectos de legislación, ¿qué es lo que podría hacer la Comisión en esta materia?
LGP: Bueno, por supuesto empujar desde la perspectiva de la promoción de los derechos que en el Distrito Federal se adopten a la brevedad, en cuanto suceda en el país, los cambios legislativos que van a ser promovidos ahora en Ginebra, Suiza, con motivo del trabajo del hogar. Pero desafortunadamente no podemos nosotros atender quejas directas porque estas relaciones son en el ámbito privado y no tenemos competencia, pero lo que sí podemos hacer es empujar también criterios que vayan configurando una nueva cultura frente al trabajo del hogar. Sería interesante, por ejemplo, hacer una convocatoria a familias y trabajadoras a firmar contratos. Podríamos tener una jornada en la que se firmaran contratos como ejemplo de que se eso se puede hacer efectivamente y de que eso, digamos, implica un paso adelante en la reivindicación de los derechos de las trabajadoras del hogar.
P: Doctor, en otro tema, ¿podría decirnos en qué va las investigaciones por el traslado de la Reina del Pacífico a Nayarit? Se hablaba de que se habían cometido algunas anomalías en el traslado.
LGP: Seguimos investigando. Estamos recopilando la información todavía. Hicimos las solicitudes de información a la autoridad local. Estamos verificando que las condiciones del traslado hayan sido con pleno respeto a sus derechos, y una vez que terminemos la investigación ya nos pronunciaremos.
P: ¿Cuándo habrá resultados?
LGP: Yo espero que pronto, porque tenemos ya bastante información compilada y una vez que hagamos el análisis eso implicará hacer un proyecto de resolución, ponerlo a consideración del Consejo, en fin, y decidir si finalmente se emite una Recomendación o se emite otro tipo de resolución.
P: Por último de mi parte, sobre las Recomendaciones los legisladores ya prevén hacer algo para que se haga caso a la Comisión de Derechos Humanos, no todas los funcionarios hacen caso a las Recomendaciones, ¿a cuántas no les han hecho caso o se ha hecho algo?
LGP: Bueno, son dos situaciones las que dan. Una tiene que ver con las aceptaciones parciales, que nosotros en diversas ocasiones hemos hecho llamados a la autoridad, porque desde nuestro punto de vista los derechos no se pueden regatear, los derechos son integrales, y cuando nosotros emitimos una Recomendación la emitimos con una visión de integralidad. Entonces que nos la acepten parcialmente lo que supone es esa visión de que algunos de los derechos que nosotros les señalamos no fueron violados. Eso tiene que ver con que la autoridad, los que establecen si se violaron derechos somos nosotros. Sí es importante hacer ese llamado al respeto pleno a nuestra autonomía, a nuestra independencia y al acatamiento de las Recomendaciones. Luego el otro tema tiene que ver con el de cumplimiento, porque las aceptan pero no las cumplen. Entonces eso está, digamos, en el ánimo desde hace tiempo. La reforma constitucional en derechos humanos ahora prevé un mecanismo para llamar a cuentas a quienes no aceptan las Recomendaciones para que funden y motiven. Ese mecanismo en el Distrito Federal ya existe y está planteado en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que asigna una obligación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que llame a cuentas a todas las autoridades que aceptan parcialmente o que no aceptan una Recomendación.
P: Pero hay casos en los que sigue pasando, ¿no? Y que no ha empezado a funcionar, digamos, esta disposición…
LGP: Claro, esa es una obligación que tiene la Asamblea y que tendríamos que exigirle. Viene mi comparecencia ante el órgano Legislativo y en esa comparecencia lo que me toca a mí es dar cuenta precisamente de quiénes incumplieron, de quiénes aceptaron parcialmente, de quiénes no aceptaron y conminar a la Asamblea a que cumpla con esa obligación.
P: Está el caso de la Supervía, ¿qué otros casos?
LGP: Hay varios casos. Durante el año ninguna fue totalmente rechazada, pero sí hay varios casos de parcialmente aceptadas. Entonces esa lista la daré a conocer en su momento…
P: ¿Podría mencionar algunos?
LGP: No tengo ahorita el dato, por eso no te la doy, pero es pública, está en la página wed de la Comisión.
P: En este sentido de las Recomendaciones, que usted acaba de decir puntualmente que los derechos humanos no se regatean, se cumplen o no se cumplen; en este sentido, hay una Recomendación, la 12/2010, que se rechazó y aparece en la página de la Comisión confirmado por personal de la Comisión y hasta por personal de la propia Procuraduría que no la aceptan y que le tenían que haber pedido una disculpa a un interno que lo habían involucrado en un caso de fraude, que es uno de los puntos recomendatorios. Posteriormente, después de tres o cuatro meses sale el señor Procurador y dice que la están analizando si la aceptan o no la aceptan. Ya pasaron los tres o cuatro meses de esto. ¿Qué pasa, Doctor, es posible este mecanismo, en base a qué, porque creo que nada más tienen 15 días para aceptar o rechazar una Recomendación?
LGP: Así es, lo que pasa es que en este caso, aunque efectivamente hubo puntos que no fueron aceptados por la Procuraduría, hay otros puntos dentro de la Recomendación que están referidos a problemas de carácter estructural que pueden ser modificados. Entonces platiqué yo directamente con el Procurador para hacerle ver que había estos puntos, que me parecía a mí que eran muy importantes que se empujaran, y desde luego eso se puede hacer por fuera o con base en la Recomendación. Lo que yo le comenté al Procurador es que sería importante y sano para ambas instituciones que se hiciera en el ámbito de la Recomendación. Entonces, aunque efectivamente el núcleo central de este instrumento no fue aceptado, lo que es de nuestro interés es que se generen los cambios estructurales para que no se repitan casos como estos.
P: ¿Pero qué pasa con la dignidad de la persona que se agravió en este sentido? Es lo que no está aceptando sustancialmente la Procuraduría capitalina y rechaza. ¿Entonces qué sucede, se da por rechazada esta Recomendación como tal, doctor, a estas alturas?
LGP: Se da por rechazada desde luego y entonces el Procurador tendrá que dar cuenta de eso ante la autoridad respectiva, que en este caso es la Asamblea.
P: En este sentido, hablando de reuniones con la Procuraduría, ¿qué pasa con estos últimos encuentros que han tenido con el Consejo para la Implementación y Modernización de la Policía de Investigación? ¿Ya se volvieron a reunir, Doctor?
LGP: No, no ha habido reunión, no ha habido sesión, está convocada esa sesión y no tengo la fecha todavía porque no se ha determinado. Yo me había ausentado del Consejo, estaba representándome mi Primera Visitadora, pero voy a regresar justamente para que podamos platicar sobre los avances que hay sobre todas estas cuestiones que han suscitado preocupación en varios miembros del Consejo. En fin, la idea es que podamos tener una sesión como de evaluación en donde podamos ver los avances y también ver qué es lo que falta.
P: Doctor, en este sentido, ¿sigue en pie este punto de vista o esta advertencia que usted había hecho de retirarse del Consejo si no se veían los resultados?
LGP: Yo creo que ha sido muy importante que en este Consejo participe no solamente gente de la Procuraduría, sino incluso académicos y otros miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil. Entonces sabemos que una de estas organizaciones realizó el diagnóstico de la Procuraduría, que es INCYDE, y que es una organización muy seria que está trabajando por la transformación de la policía. Tenemos clarísimo que no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana y que seguramente es un proceso que va a tardar mucho tiempo. Lo que sí creemos es que es importante que estos avances se vayan dando con puntualidad, que si nos vamos a tardar 10 años en transformar a la policía eso quede claro y podamos ver cómo se van verificando avances en el mediano y largo plazo, de manera tal que se está avanzando. Aunque el avance no sea de inmediato total, sí podamos verificar que hay un avance real y que la Comisión hace una aportación importante que se toma en cuenta.
P: ¿Permanece entonces usted en el Consejo, Doctor, ya no va a ser necesario que platique usted con el Consejo, se realicen las primeras reuniones con el Consejo?
LGP: Vamos a ir a la siguiente sesión del Consejo. Recordarán ustedes que yo tuve una plática con el Procurador sobre este tema, entonces el planteamiento del Procurador es veamos estos resultados, hagámoslo de manera personal, por eso es que voy nuevamente yo al Consejo y a partir de ahí pues ya iremos construyendo nuestra evaluación.
P: ¿Entonces sigue usted en el Consejo, ya no hay vuelta atrás, va a seguir apoyando la…?
LGP: Nunca ningún proceso es irreversible, y por supuesto no hay una carta blanca al respecto. Lo que vamos a hacer es continuar y verificar que las aportaciones que hacemos nosotros están teniendo algún impacto, que lo que están haciendo las Organizaciones de la Sociedad Civil también está teniendo algún impacto; es decir, lo que queremos ver es el reflejo de nuestra presencia ahí en avances concretos en la policía.
P: Esto se lo pregunto porque causó mucha conmoción esa versión que usted dio…
LGP: Sí, lo sé, y espero que el efecto que buscamos es precisamente que se mueva el Consejo.
P: De hecho tuvo repercusiones hasta en el propio trabajo de los reporteros.
LGP: No lo sabía.
P: En otro sentido, Ávila, el Secretario de Reclusorios, dice que ya ahora toda la información sobre los reclusorios va a ser confidencial, que ya se va a trabajar con mucho cuidado y que ya no se va a dar conocer, en algunos casos, a los medios de comunicación, porque ya es un tema de seguridad para las autoridades capitalinas. ¿Qué opinión le merece?
LGP: Bueno, desafortunadamente la ley admite la posibilidad de que alguna información se reserve cuando tiene ese carácter de seguridad; sin embargo, lo que nosotros pensamos es que la transparencia debe ser la regla fundamental y que solamente en aquellos casos en los que efectivamente se ponga en riesgo la seguridad, por ejemplo la seguridad interna, la seguridad del propio penal, pues se justifique una actitud de esta naturaleza. Ahora, hay que insistir mucho en que existen los mecanismos para acceder a la información. Yo diría que tenemos que usar al InfoDF para aquellos casos en los que de primera mano la institución cierra la información, porque el InfoDF es una instancia revisora. Entonces aun cuando haya decisión institucional de cerrar el acceso a la información el InfoDF puede ordenar reabrirla.
P: ¿La situación de los penales entonces ya está tan compleja, Doctor, que ya se ha calificado o catalogado la información de estos sectores como de alta seguridad para una institución?
LGP: Es muy complicada, eso lo hemos dicho y lo constatamos todo el tiempo. Desafortunadamente no es algo que mejore o haya mejorado a lo largo de 15 años por lo menos, al contrario, nos damos cuenta de que empeora, de que cada vez hay más personas dentro que no tendrían que estar ahí, de que hay situaciones de ingobernabilidad al interior de las instituciones penitenciarias, y de que hay un riesgo potencial de violencia cotidiano. Y hay que decirlo, no solamente la violencia como la que vimos en el motín reciente, sino condiciones de violencia estructural para personas, por ejemplo para personas con discapacidad, que no tendrían por qué estar ahí, que están cumpliendo prisión preventiva. Sabemos que eso no es culpa del sistema penitenciario, que tiene que ver más con decisiones judiciales, pero lo que es un hecho es que las cárceles son lugares en donde hay violencia todos los días. Muchas gracias.
