viernes , 27 enero 2023

Entrevista al presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, antes de rendir su Informe Anual 2010 ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)

Transcripción 35/2011
14 de abril de 2011

Pregunta (P): (Inaudible)

Luis González Placencia (LGP): …en el Distrito Federal, pues no ha generado resultados: seguimos teniendo al sistema penitenciario como la mayor autoridad violadora de derechos humanos; en segundo lugar, la Procuraduría General de Justicia; en tercer lugar, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); todas, parte del sistema de seguridad y justicia penal del Distrito Federal. Ahí es en donde se dan la mayor cantidad de violaciones, y también las más graves, hay que decirlo. Vamos a señalar el caso de la trata de internas, que nos parece es emblemático, no solamente por la situación de los derechos de las internas, sino porque da cuenta de lo que nosotros hemos venido diciendo en los últimos meses y que hoy confirma el periódico Reforma en su primera plana, sobre la existencia de grupos de poder al interior de las prisiones.

P: A este resultado del estudio de la Comisión Nacional, ¿qué lectura le da la Comisión local?

LGP: Tenemos absoluta convergencia. A mí me parece que ha sido muy útil que se publique esta información, porque se confirma, primero, que efectivamente existen estos grupos de poder al interior de las prisiones. Y se confirma también la existencia de violaciones que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos y con la libertad de las internas. Entonces, digamos, ahí lo que tenemos es una visión homogénea, convergente, tanto de la Comisión Nacional como de la Comisión local, y me parece que eso señala el punto, el foco rojo en el tema de los derechos humanos en la ciudad.

P: Pero, sin embargo, en muchas ocasiones se han publicado informaciones que señalan a padrinos, a todos estos grupos de poder que operan en los reclusorios y las autoridades siempre lo han minimizado, incluso lo han negado y han enviado desmentidos a los medios de comunicación, no lo reconocen…

LGP: Sí, es cierto. Yo creo que eso es un error. A mí me parece que, al contrario, la evidencia es muy clara y la tenemos todos los días, nos llega todos los días a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad y, desde luego, a ustedes en los medios. Entonces, me parece que ocultar esa realidad no ayuda en nada, al contrario, muestra que ha hecho falta una actitud mucho más severa del Secretario de Gobierno, por supuesto; de la Subsecretaria del Sistema Penitenciario, para resolver efectivamente el tema. Ahora, nosotros queremos ligarlo en el Informe, a la problemática que se da con el proceso penal y con la inexplicable lentitud con la que se ha llevado adelante la reforma penal en el Distrito Federal, porque está muy claro que la situación se recrudece en las prisiones, pero comienza desde el proceso, desde que estamos encarcelando a una gran cantidad de personas y, naturalmente, en prisiones sobrepobladas, es prácticamente imposible hacer cualquier cosa. Sin embargo, eso no debe ser un pretexto, al contrario: pensamos que ha hecho falta una visión de Estado en esta materia, que dé resultados mucho más concretos; sabemos que se han venido discutiendo estos temas en una mesa específica que se instaló en el Gobierno de la ciudad, con el Tribunal, con la Procuraduría, con las instancias involucradas, pero no vemos resultados. Ahora vamos a enfrentar ya en junio la entrada en vigor de los Jueces de Ejecución y la información que tenemos en la Comisión es que el proceso no puede concretarse, porque seguimos teniendo ahí visiones decimonónicas sobre lo que debe ser la prisión y el proceso penal, resistencias que francamente no tienen argumentos sólidos, no presentan argumentos sólidos, y que desafortunadamente nos hacen pensar en que se va a legislar al vapor y en que se va a crear esta figura sin los soportes necesarios en materia de capacitación, en materia incluso presupuestal, que efectivamente logre que haya algún cambio en las instituciones penitenciarias.

P: Entonces, ¿se necesitan cambios muy fuertes y muy prontos?, porque son las tres instituciones más fuertes en las que recaen todos los procesos y todo lo que es la aplicación de la procuración de justicia y, sin embargo, son las más violadoras y ya tenemos a los juicios orales casi encima…

LGP: Sí. A mí me parece que una actitud del Gobierno de la ciudad, con ganas de resolver estos problemas, tendría que ser justamente la de atender todo lo que está ocurriendo hoy en el proceso penal, todos los temas se ven todos los días en la Procuraduría, en el sistema de justicia y, desde luego, con la Policía de Seguridad Pública. Porque esos son los problemas que les están dando mayor cantidad de dolores de cabeza al Gobierno de la ciudad. Los demás temas son importantes, desde luego, pero se han mantenido, digamos, en márgenes razonables. Sin embargo, éste, continuamente es una bomba de tiempo, es una bomba que está latente ahí y que, algún día de estos, les va a dar un mal susto. Entonces, pensamos que es de verdad inexplicable que no se haya puesto interés en la reforma penal en el Distrito Federal.

P: Respecto a las Reformas que ya se dictaminaron en comisiones aquí en la Asamblea, en relación al narcomenudeo, ¿no ve usted riesgos en eso de criminalizar a los consumidores, que pueden ser o no narcomenudistas?

LGP: Este es un tema que me parece muy interesante porque se une también al uso que se hace del arraigo en la ciudad de México. Lo que vemos es que prosperan estas reformas y estas actitudes que tienden a la mano dura, pero en un sistema como el que tenemos actualmente, estas reformas van a tener el mismo destino que tuvo la Reforma del Código Penal en el año 2003, es decir, vamos a seguir llevando gente a la cárcel, y en este caso, probablemente terminemos criminalizando a personas que consumen drogas y que deben ser vistas y tratadas desde una perspectiva diferente a la penal; entonces no puede haber un desequilibrio tal en el que le apostamos a la mano dura, pero no generamos las garantías necesarias para evitar que se castigue a personas inocentes.

P: ¿Le han llegado quejas de los trabajadores del SME en relación a los acontecimientos del lunes?

LGP: No, no hemos tenido quejas, tendrían que ver en todo caso con la situación frente a la Policía de la ciudad, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna.

P: ¿Ustedes abrieron alguna investigación de oficio?

LGP: No tenemos ninguna noticia sobre alguna violación, entonces, hasta este momento no hemos abierto ninguna investigación.

P: Respecto al sistema penitenciario ¿cuál sería el llamado de la Comisión a esta área, que reconociera el autogobierno y a partir de ahí…?

LGP: Que lo resuelva; es decir, yo creo que tiene que tomarse en serio la presencia de estos grupos, tiene que generarse una política que revise el proceso, que haga una revisión de los supuestos del Código Penal que hoy permiten que prácticamente por cualquier razón llegues a prisión, que se establezca un programa de trabajo calendarizado que vaya ofreciendo resultados sobre la implementación de la Reforma Penal. La Reforma Penal supone no solamente los juicios orales, sino todo un sistema de medidas alternativas, de medidas cautelares que previenen la prisión preventiva, que acotan el arraigo a casos muy particulares, que generan también un cúmulo de penas alternativas de la privación de libertad; entonces para mí, el tema fundamental es que se reforme el sistema penal, y paulatinamente, eso tendrá que ir acompañado de programas de despresurización carcelaria, de programas de intervención en materia de adicción dentro de las propias prisiones, y en temas relacionados con el desmantelamiento de los grupos de poder que puedan ser identificados.

P: Pero inclusive ayer el Secretario de Seguridad Pública del DF presentó su Informe y en su Informe hay un apartado donde identifica 33 bandas que operan desde los reclusorios. El Sistema Penitenciario dice que ya desintegró esas bandas, contradice lo que está diciendo el Informe de la Secretaría, hay como un problema de reconocimiento ¿no? Entonces, si no lo reconocen primero…

LGP: Es fundamental que se reconozca el problema para poderlo resolver.

P: En otro tema, se ha hablado de la cuestión de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de que ya ha habido casos de discriminación en los alumnos, por estas declaraciones que da la Rectora, ¿hasta la Comisión han empezado a llegar este tipo de quejas o no tienen?

LGP: Tenemos alguna noticia de que personas jóvenes que estudian en la Universidad podrían estar prestando servicio en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y que ahí habrían sido sujetos de algún tipo de comentario, no lo tenemos verificado, eso es algo que recientemente supimos, vamos a investigarlo, pero en todo caso, si es en la Comisión, no lo toleraríamos, y desde luego que si es en algún otro espacio estaríamos abiertos para recibir la queja y analizar las posibilidades de intervención.

P: La Suprema Corte acaba de resolver las acciones de inconstitucionalidad que metió la CNDH contra la Ley de la Policía Federal, y avaló la Corte las operaciones encubiertas, que si bien no vienen en la Ley, vienen en el Reglamento, ¿qué nos podría decir al respecto?

LGP: En realidad nosotros nos hemos opuesto sistemáticamente a todo lo que implica un sistema de emergencia en los procesos de investigación y de (…inaudible) penal, y los procesos encubiertos forman parte de esos recursos, entonces, sostenemos ahí que es importante que se creen todas las garantías necesaria para que, en su caso, si se llevan a cabo estas operaciones encubiertas, no generen delitos encubiertos.