Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 486/2011
12 de diciembre de 2011
a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) lamenta el fallecimiento de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, del Estado de Guerrero, en un incidente ocurrido cuando se manifestaban bloqueando la Autopista del Sol.
De acuerdo a organizaciones de derechos humanos de la región entrevistadas por este Organismo, estos incidentes fueron provocados por el uso desproporcionado de la fuerza pública, en particular por los disparos que habrían sido generados por autoridades federales, frente a estudiantes que se manifestaban defendiendo reivindicaciones educativas.
La CDHDF exige que se esclarezcan los hechos, se deslinden las responsabilidades necesarias y se sancione a los responsables de dichas muertes. Adicionalmente, demanda a las autoridades respectivas que se brinden todas las atenciones debidas a otras personas que resultaron heridas, y que otorguen las garantías para evitar que se criminalice la protesta social, sobre todo por el número indeterminado de estudiantes detenidos.
La CDHDF condena también la agresión sufrida por el comunicador Erick Escobedo, quien resultó herido, detenido por unas horas y posteriormente liberado en el mismo incidente, en tanto que sus familiares lo han llevado al hospital para atender sus lesiones.
Según las organizaciones defensoras de derechos humanos, la falta de atención a los reclamos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el incumplimiento de acuerdos firmados por autoridades del Estado y el trato de criminales potenciales que las autoridades les han dado, son algunas de las razones que han llevado a las movilizaciones estudiantiles.
La CDHDF recuerda a las autoridades estatales y federales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que el mantenimiento del orden público no puede ser utilizado para restringir el derecho a la libertad de expresión y manifestación, que es un derecho garantizado por los tratados internacionales en la materia.
De igual forma, hace énfasis en que ningún acto puede justificar el asesinato de manifestantes por parte de autoridades.
