Boletín 116/2011
5 de abril de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que implementen medidas emergentes de protección para periodistas del estado de Nuevo León, tras el ataque contra las instalaciones del suplemento La Silla, del diario El Norte, en la ciudad de Monterrey.
El periódico informó que la noche de 31 de marzo pasado, desconocidos lanzaron una granada de fragmentación contra el edificio donde se encuentran las oficinas y la redacción de su suplemento. El artefacto explotó en una jardinera ubicada a tres metros de la puerta principal y ocasionó daños en la fachada y los cristales de dos ventanas. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, pero los responsables lograron escapar.
Este es el tercer atentado con explosivos sufrido en esas instalaciones en un periodo de seis meses. El primero ocurrió el 20 de septiembre de 2010, cuando un artefacto fue lanzado contra la barda perimetral del edificio, con daños mínimos. La segunda agresión se registró apenas el pasado 10 de enero, cuando el estallido de una granada ocasionó daños en la fachada, las ventanas y objetos ornamentales cercanos al acceso del edificio.
Ante ello, la CDHDF, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión, considera no sólo indispensable la investigación eficaz y oportuna de esta agresión por parte de las autoridades correspondientes, a fin de juzgar y sancionar a los responsables, sino que hace un llamado a éstas para que se adopten medidas cautelares para garantizar la seguridad de los trabajadores del medio.
Esta Comisión hace suyo el principio expresado en la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada».
La CDHDF juzga necesario que los diferentes actores del Estado elaboren y pongan en marcha de manera apremiante mecanismos de protección a nivel federal y estatal que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión y ayuden a abatir la impunidad que propicia la repetición de conductas delictivas.