Boletín 135/2011
20 de abril de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena el asesinato de Javier Torres Cruz quien comenzó a recibir amenazas en su contra desde el año 2007, a partir de que declaró para señalar a los responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
De acuerdo con el Taller de Desarrollo Comunitario Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Tadeco), Javier Torres Cruz fue asesinado el 18 de abril de 2011, por un grupo de hombres, mientras se trasladaba en las cercanías de “La Morena”, Guerrero. Debido a lo anterior, familiares de Torres Cruz requirieron el apoyo de la Policía Estatal y el Cuartel Militar del 19 Batallón, pero les fue negado el apoyo para no meterse en problemas.
Según notas periodísticas, los familiares del defensor Torres Cruz señalaron que el grupo de hombres era encabezado por unos hermanos de apellido Arreola, quienes han sido identificados como asesinos a sueldo al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, señalado como presunto responsable del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa.
El presente ataque se circunscribe a diversas agresiones que había sufrido con anterioridad Javier Torres Cruz, quien del 1 al 10 de diciembre de 2008, según medios de comunicación y boletines de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), fue torturado y amenazado de muerte por militares pertenecientes al 19 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano.
La CDHDF, a través de su Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, condena que en los hechos narrados exista la presunta participación de autoridades del Estado mexicano y en los mismos se mantenga la impunidad. Por lo que exhorta a las entidades competentes para que ejerzan sus facultades y terminen con estos actos delictivos que no obtienen ningún castigo.
Asimismo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal urge a las autoridades competentes para que protejan a la familia del defensor Torres Cruz, con base en sus necesidades, y recaben las pruebas necesarias para que se consignen a las personas vinculadas con los hechos manifestados.