Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 128/2011
14 de abril de 2011
Ante el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, señaló la actitud de algunas autoridades para cuestionar el mandato legal y la autoridad del Ombudsman, disputándole la competencia e interpretando a conveniencia sus Recomendaciones.
Con motivo de su Informe Anual 2010, González Placencia indicó que hay funcionarios públicos que aceptan a modo los puntos recomendatorios que no les confrontan con su condición de violadores de derechos humanos, negándose a la reparación del daño, y arguyendo posiciones jurídicas arcaicas, formalistas y contrarias a los derechos humanos.
El Ombudsman capitalino advirtió que aceptar, aceptar parcialmente o rechazar una Recomendación es prerrogativa de la autoridad, pero, dijo, el diseño de protección a los derechos humanos en el Distrito Federal prevé que ello debe ser explicado ante esta Asamblea.
Informó sobre las resistencias que frecuentemente enfrenta la CDHDF en el sistema penitenciario y en el sistema de justicia para adolescentes. “Hice entrega de un reporte detallado del incumplimiento, las aceptaciones parciales y el rechazo de Recomendaciones al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía para que se actúe conforme a la ley”.
Tras detallar las actividades de la CDHDF durante 2010 González Placencia subrayó que “en la ciudad de México hay Ombudsman, y estoy seguro de que también Diputadas y Diputados sólidamente comprometidos con proteger y hacer respetar los derechos de todas y todos”.
Mencionó que 2010 significó para la CDHDF más de 113 mil personas atendidas, 38 mil servicios otorgados, 11 mil personas escuchadas, 9 mil 396 quejas iniciadas, casi 8 mil casos solucionados, 12 Recomendaciones emitidas y cerca de 6 mil medidas cautelares dictadas.
Dijo que en 70% de las casi 8 mil quejas concluidas se constataron violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de Gobierno –en especial la Subsecretaría del Sistema Penitenciario–, así como la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Salud, fueron las más señaladas.
Abundó que las violaciones más acreditadas fueron contra los derechos de las personas privadas de la libertad, la seguridad jurídica, la salud, las víctimas, la integridad y el debido proceso. De las 12 Recomendaciones emitidas, nueve fueron parcialmente aceptadas y una rechazada.
Añadió que el Organismo trabajó con más de un centenar de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), capacitó a casi 3 mil servidoras y servidores públicos, e interactuó con 18 mil niñas, niños y adolescentes. “Esfuerzo que empodera personas, construye ciudadanía, genera sinergias y fortalece a la CDHDF como ejemplo de institucionalidad democrática”.
Llamó la atención respecto a que el ámbito que concentra las mayores y más graves violaciones a derechos humanos sigue siendo el de la seguridad pública y el sistema de justicia penal. En 2010, dijo, las quejas en este núcleo aumentaron 17%.
La mayoría, apuntó, se refiere al sistema penitenciario (3 mil 69), seguida de quejas por presuntas violaciones a los derechos a la seguridad jurídica (2 mil 365), los derechos de las víctimas (mil 673), a la integridad personal (mil 121) y al debido proceso (958), atribuidas en su mayoría a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a la Procuraduría General de Justicia (2 mil 685 menciones) y a la Secretaría de Seguridad Pública (mil 56 menciones).
Explicó que las 6 Recomendaciones emitidas en el núcleo de seguridad y justicia documentaron detenciones arbitrarias, obstáculos al debido proceso, la defensa adecuada, así como el uso desproporcionado de la fuerza. Recalcó que tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría han aceptado parcialmente estas Recomendaciones, pero se han negado a ofrecer disculpas y a reconocer que estas prácticas tienen un carácter estructural.
Destacó la “apremiante situación de los centros de reclusión, que constituyen un foco de alarma en materia de violaciones a los derechos humanos en el Distrito Federal: la primera Recomendación de 2010 se refirió a un caso de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de personas privadas de la libertad en el Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Marta Acatitla”.
Refirió el caso de trata de internas en el sistema penitenciario, que originó la Recomendación 04/2010 contra la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia. “Por este caso hay sólo una persona sentenciada, otra está prófuga y ningún servidor o servidora pública del sistema penitenciario ha recibido sanción”.
Indicó que la persona denunciante fue golpeada por custodias y vive bajo vigilancia permanente de la CDHDF, porque teme por su vida y por su integridad.
Aseveró que esta Recomendación y otros casos dejan ver que en las prisiones existen estructuras de poder que hacen posible todo tipo de mercados ilegales; que las y los internos están a merced de la violencia institucional; que hay personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas enfermas que podrían ser sujetas de alternativas a la prisión.
Manifestó su sorpresa porque la armonización con la Reforma Penal Constitucional haya avanzado de manera tan lenta e ineficiente. “Preocupa que se proponga la videograbación de juicios, cuando el problema está en el proceso; que se insista en que más gente encarcelada es un factor que disminuye la delincuencia, cuando la prisión ha potenciado nuevas formas de delinquir; y que se insista en leyes más severas, cuando una sociedad centrada en los derechos no requiere mano dura, sino leyes más inteligentes”.
Dijo que por el porcentaje de quejas en que se acreditó la violación a los derechos relacionados con la democracia, llama la atención que servidoras y servidores públicos continúen desatendiendo las solicitudes ciudadanas, obstaculicen el derecho a la información y ejerzan diversas formas de discriminación.
Anotó que en los derechos de las poblaciones, las presuntas violaciones se refieren a los derechos de la niñez y la adolescencia (362), de las personas con discapacidad (150), de las personas adultas mayores (124), el derecho a una vida libre de violencia (116) y otros relacionados con las mujeres.
Expresó que en el rubro de seguridad humana, ocho de cada diez quejas se refirieron a presuntas violaciones al derecho a la salud (1765), las demás, a los derechos al agua (112), a un nivel de vida adecuado (98), al trabajo (72) y a la propiedad.
Para la CDHDF, indicó, el problema más serio en términos de seguridad humana se encuentra en el ámbito de la salud. “Nuestros datos señalan que se obstaculiza el acceso a servicios hospitalarios, la atención especializada y la canalización oportuna”.
Hizo énfasis en que durante 2010 surgieron importantes cuestionamientos en torno a los proyectos de desarrollo urbano. “Se han desobedecido normas que aseguran la participación ciudadana, la medición rigurosa de los impactos ambientales y la transparencia en temas de innegable interés público”.
Recalcó que el desencuentro entre el Gobierno y personas opositoras al proyecto denominado Supervía, documentado en la primera Recomendación de 2011, es un ejemplo de hasta dónde se puede llegar si no se corrigen esos patrones.
En su mensaje final el Ombudsman capitalino dijo que “el contexto de violencia que hoy envuelve al país debe interpelar nuestras acciones, apelar a nuestra responsabilidad y desplegar nuestros mejores talentos, de modo que, desde el Estado, pero sin duda, al lado de las y los ciudadanos, construyamos seriamente un futuro con más seguridades, con menos desigualdades, y con un compromiso pleno con los derechos fundamentales que, al fin y al cabo, son el modo más civilizado que tenemos para convivir en armonía”.
Insistió en la importancia de implementar la reforma del sistema penal y penitenciario en la ciudad, ya que en unas semanas tendrían que estar funcionando los jueces de ejecución, “y a la fecha, no hay más que desacuerdos que se generan por la necedad de posturas decimonónicas sobre la ejecución de las penas”.
