Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 70/2011
2 de marzo de 2011
Decir que las muertes y el nivel de violencia que se está registrando frente a las y los periodistas es culpa del crimen organizado es tanto como abdicar de facto al monopolio de la fuerza y reconocer que quienes lo ejercen son las organizaciones criminales, advirtió el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
En la presentación del informe “De la autocensura a la interlocución con los victimarios. Situación de la libertad de expresión en México 2010”, dijo que le preocupan las declaraciones que refieren que las agresiones a periodistas son responsabilidad directa de la criminalidad organizada.
Explicó que pareciera más una expresión de exculpación: “Es tanto como si dijera que no es culpa del Estado, sino del crimen organizado y que, por lo tanto, tendríamos que apoyar la guerra para que eso ya no suceda”.
“Creo que ese es un error de visión y también de conocimiento sobre cuál es la función del Estado frente a la protección a la vida de las y los ciudadanos. El monopolio de la violencia le corresponde al Estado, a través de mecanismos formales que administren e impartan justicia”.
Al referirse al informe presentado por el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet), González Placencia dijo que los poderes criminales tienen el recurso de la violencia que no deja capacidad de negociación a los representantes de los medios de comunicación.
En ese sentido, el Ombudsman capitalino señaló que el título del informe conduce con datos y cifras a entender el paso de la autocensura al estrecho margen de libre decisión para la interlocución con los victimarios.
“(La decisión) Está más bien motivada por una circunstancia de riesgo y amenaza real relacionada con la capacidad de violencia que tienen las organizaciones criminales”, explicó.
“Está clarísimo el nivel de riesgo que les representa ejercer su trabajo y eso tendría que implicar una obligación muy clara por parte del Gobierno federal, de los gobiernos locales y, en general, del Estado Mexicano, para salvaguardar la vida de sus ciudadanos, en este caso de quienes ejercen el periodismo y de garantizar el libre ejercicio de su trabajo”, explicó.
Llamó entonces a que las organizaciones de defensa de libertad de expresión vayan junto con los organismos defensores exijan que el Estado refuerce su rol, a través de mecanismos que garanticen el desempeño y la libertad de las y los periodistas.
Lo anterior, explicó, no sólo pasa por reforma legales o políticas públicas, sino por la rendición de cuentas de las instancias diseñadas para la atención de este sector y que no ha dado los resultados que se esperaban.
González Placencia advirtió también sobre la diferencia de riesgo y vulnerabilidad frente a la criminalidad organizada de quienes participan en la cadena informativa, desde los reporteros y fotógrafos, editores y personal de las redacciones, hasta los directores y dueños de los medios.
Dijo que la seguridad de los periodistas pasa por un componente institucional, pero también gremial: “Es muy importante que los dueños y los directores de medios asuman la responsabilidad que implica la protección de la integridad física y psicológica, la seguridad laboral, que sí está en sus manos, para minimizar la vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo”.
Dijo que la CDHDF, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, ha buscado establecer mecanismos de reacción inmediata, visibilizando los casos, generando los primeros mecanismos de ayuda y enviando medidas precautorias para salvaguardar vidas.
“Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos sinergias, se requiere una red nacional para captar casos y brindar ayuda, en coordinación con instituciones públicas y con Organizaciones de la Sociedad Civil”, insistió.
Por su parte, el responsable del Programa de Libertad de Expresión del Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET), Juan Carlos Romero, informó que en 2010 al menos 139 periodistas y 21 medios de comunicación fueron agredidos por su labor informativa en 25 estados del país.
Recordó que en 2009 un total de 189 comunicadores y 19 medios de información fueron víctimas de agresiones.
Explicó que de los agravios a periodistas y medios de comunicación en 2010, en 33 casos las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de algún tipo de violencia contra representantes del gremio periodístico.
“Cuatro de cada diez agresiones o agravios contra periodistas en este país provienen de agentes del Estado”, subrayó.
Así también, reveló que 26 de los ataques que se dieron en 2010 contra trabajadores de los medios son atribuibles a integrantes del crimen organizado.
“Es un hecho que las muertes, la desaparición de periodistas, los ataques en los últimos años contra los medios de comunicación han generado un ambiente de miedo que en los hechos sí tiene un efecto multiplicados en el silencio”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció también que existe un subregistro en el número de agravios que se tienen en contra trabajadores de los medios de información.
Juan Carlos Romero abundó que 13 de los 21 medios de comunicación atacados el año pasado fueron objeto de atentados con explosivos o disparos con armas de fuego de alto poder.
A su vez, el editor de la revista Día Siete, José Pérez Espino, sostuvo que la impunidad es la punta de lanza de por qué alguien se atreve a asesinar a un periodista o a ordenar la muerte de un reportero.
“Los mayores enemigos de los periodistas son la impunidad y la indolencia”, afirmó.
Consideró que mientras los responsables de las agresiones y los asesinatos no sean llevados ante los jueces y reciban sentencias condenatorias, la libertad de expresión y de prensa seguirá bajo amenaza de los efectos de la impunidad que garantiza una inmunidad ilimitada a las criminales.
Indicó que esta impunidad en los crímenes contra el gremio periodístico tiene un cómplice en la indolencia del Estado. “Las autoridades que tienen el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas son los responsables de la indolencia para perseguir y capturar a los agresores y homicidas”, dijo.
Pérez Espino señaló que está omisión de las autoridades es grave porque atenta contra el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, y criticó que ningún servidor público haya sido sancionado por negligencia, omisión o justicia retardada en la investigación de homicidios y agresiones en perjuicios de periodistas.
