Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 23/2011
18 de marzo de 2011
Pregunta (P): (Inaudible)… y preguntarle ¿qué porcentaje en México podría estar sin acceso a la información?
Luis González Placencia (LGP): Bueno, lo que tenemos es una situación aparentemente paradójica: por una parte, hay un incremento notable en las solicitudes de información pública en las instituciones; ese incremento ha estado documentado por el InfoDF. Pero, por otro lado, buena parte de esas instituciones las realiza personal de las propias instituciones. Digamos que eso tiene dos aristas que sería interesante analizar: una es que todavía las instituciones públicas estamos siendo, o no estamos siendo lo suficientemente transparente, ni siquiera para nuestros propios trabajadores. Mientras exista la suspicacia de que hay cosas que se hacen mal, de que hay cosas que se hacen en lo oscuro, bueno, la gente que conforma las propias organizaciones se sienta excluida de la toma de decisiones, y ejerce este derecho, lo cual está muy bien, a través de las Oficinas de Información Pública. Digamos que eso tendría que ser un síntoma importante para las instituciones para saber qué es lo que tienen que transparentar. La otra arista es que quisiéramos que esas solicitudes de información provinieran cada vez más de la propia sociedad, de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); por supuesto, pero de la ciudadanía en general; y es que esa es una condición para poder ejercer otros derechos. En nuestra actividad cotidiana en la Comisión nos damos cuenta de que buena parte de las quejas que nosotros recibimos e investigamos, están relacionadas, al menos en alguna medida, con un tema de opacidad, con un tema de que las instituciones no han logrado generar condiciones de acceso pleno para la ciudadanía de la información que manejan.
P: ¿Esto tiene que ver solo con el desconocimiento que hay acerca del manejo de la Ley de Transparencia y de las formas de solicitar información? o ¿también tiene que ver con la construcción de ciudadanía?
LGP: Yo creo que son las dos cosas: por una parte, me queda clarísimo que la sociedad en México tiene una sociedad civil más solidificada que en otros lugares, pero creo que tenemos que pasar de un momento en el que esta sociedad civil se expresa a través del activismo, a otro en el que es capaz de utilizar los recursos que tiene a mano para lograr sus objetivos y, bueno, estos Diplomados forman parte de esa situación. Entonces, construir ciudadanía, significa por supuesto generar las condiciones desde el Estado para que el acceso se dé de manera plena, pero también construir capacidades en la ciudadanía, para que pueda hacer un uso racional de estos derechos.
P: ¿A qué parte de la ciudadanía está careciendo del acceso a la información y qué áreas son las más complicadas de brindar esa información, doctor?
LGP: Bueno, hay las que son tradicionales, digamos, las áreas que están relacionadas con el sistema de justicia, ahí tenemos otros problemas, porque desde luego es necesario proteger algunos datos que están relacionados o bien con las propias personas o, en otros casos, con las investigaciones. Sin embargo, sabemos que hay un amplio campo de situaciones que tiene que ser totalmente transparentadas: lo que pasa en las prisiones, lo que pasa en los separos de las instituciones de procuración de justicia, etcétera. Pero se está abriendo otro campo interesante, que estamos viendo en los últimos seis u ocho meses, que está relacionado con decisiones que se toman desde los gobiernos, que aparentemente no tendrían por qué ser públicas; por ejemplo, los casos relacionados con las obras que se construyen en la ciudad. En ese sentido, creo que el InfoDF ha hecho una labor muy importante, porque ha ido, a través de sus resoluciones, motivando que, en este caso el Gobierno de la ciudad de México vaya abriendo la información y que quede claro que cuando hay dinero público de por medio, o un interés público de por medio, independientemente de que las obras se concesionen a particulares, pues tienen que ser transparentadas. Entonces, esos ámbitos y otros que tienen que ver con el derecho al medio ambiente, por ejemplo, que son derechos que son difusos, que son derechos que no son sencillos de probar, igual representan retos importantes en materia de transparencia.
P: ¿En qué medida se violan los derechos de las personas cuando no se otorga la información que se está solicitando? ¿Hay una medición, que se puede decir…?
LGP: A ver, yo diría que, de pronto existe la idea de que cuando hablamos de violaciones al derecho a la información no hablamos de violaciones graves. Nosotros partimos de que toda violación a derechos humanos, no importa la naturaleza que tenga, es una violación que implica, digamos, una atención, en términos de la relevancia que tiene como una omisión del Estado frente a un derecho de la ciudadanía. Y el problema es que a veces éstas, que son vistas como violaciones menos graves, ocultan otras de mucha mayor envergadura, digamos de mucho mayor impacto en casos, por ejemplo, de tortura o en casos en los que hay una afectación general de la comunidad. Entonces, yo lo que diría es que tenemos que ver el derecho a la información como una especie de derecho llave y, de ahí su importancia. Entonces, no podríamos afirmar de ninguna manera que se trata de violaciones menores. Una, o dos, o tres, las que hubiera, son violaciones que deben ser consideradas lo suficientemente relevantes precisamente por la importancia de la opacidad que se da en esas violaciones, oculta.
P: Aquí se ha hablado en el Pleno, de que hay ocasiones en que las instituciones o los entes, pues tratan de darle vuelta a la pregunta de la persona para no entregar justamente esa información. ¿Cabría o podría la Comisión de Derechos Humanos intervenir o se podría presentar una queja ante ustedes para que esa información sea entregada o se obligue de alguna manera a estas instituciones?
LGP: Sí. Hay que tener en cuenta que la actuación del InfoDF y de la Comisión es complementaria. Desde luego, al InfoDF le toca emitir las resoluciones, pero nosotros tenemos competencia también para estos casos. Comento, simplemente como anécdota, que en algunos casos, algunas personas, miembros de las OSC, dicen que cuando recurren a ellos personas que han trabajado en instituciones gubernamentales para pedir un espacio, lo que se encuentran es que son expertos en ocultar la información. Entonces, bueno, creo que tenemos que aprender a ver el tema de una forma totalmente distinta, porque no se trata de capacitar para ver cómo escondemos las cosas, al contrario: se trata de ver cómo potenciamos el uso de la Ley en favor de los ciudadanos.
P: Entonces, ¿sí cabría una Recomendación por parte de la CDHDF a estos entes, en caso de…?
LGP: Eventualmente, sí.
P: Ayer se acaba de detener el funcionamiento de otra red de trata de personas, quisiera saber si existe alguna denuncia ante la Comisión por esta situación o ustedes están dando seguimiento a…
LGP: Tengo entendido que se trata de un operativo federal, entonces, pues ahí nosotros no tenemos competencia. Sin embargo, estamos haciendo ya las solicitudes de información a las instancias del Distrito Federal para poder establecer si hay algún espacio en el que nosotros podamos intervenir.
P: ¿Y el estado que guarda el asunto de la Supervía? ¿Ya tiene más en concreto una respuesta por parte del Gobierno capitalino?
LGP: Bueno, la respuesta la recibimos desde el primer momento: el Gobierno de la ciudad condicionaba su aceptación a unas modalidades de la realización de la consulta en otros temas que nosotros consideramos inaceptables. Entonces, lo que se decidió por parte de la Comisión fue considerar como parcialmente aceptada la Recomendación; en cuatro de los ochos puntos nosotros es a los que vamos a darles seguimiento, y nada que tenga que ver con la consulta que se está proponiendo. Gracias.
