Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Transcripción 25/2011
22 de marzo de 2011
Pregunta (P): Si nos pudiera clarificar ¿cuál va a ser el papel de la Comisión, a qué se compromete?
Doctor Luis González Placencia (LGP): Básicamente, el compromiso que estamos asumiendo es el de coadyuvar con la delegación, primero para que se visibilice el problema del agua en toda la delegación de Iztapalapa, para que se revisen los criterios de distribución en la ciudad, para que promovamos una cultura de uso racional del agua, en general en la ciudad, y para promover la valoración de los proyectos que hay actualmente, para tratar de que el suministro en Iztapalapa no sea tan castigado, y que las condiciones de acceso al agua sean iguales en toda la ciudad.
P: Mencionaba que hay desigualdad en la distribución, ¿eso significa que en la ciudad de México no se está cumpliendo con el Derecho al agua?
LGP: Desafortunadamente no se está cumpliendo cabalmente con el acceso total al agua, la ONU declaró hace un año el acceso al agua como un derecho humano, y todavía hace falta que sea reconocido así, tanto en el Estado mexicano como en el Distrito Federal, nosotros estamos propugnando porque el Distrito Federal sea una de las primeras entidades que lo reconozca como tal. Sabemos que eso tiene implicaciones importantes y que requiere de una infraestructura y que requiere de una serie de mecanismos, pero lo importante es poderlo ver como un derecho y en esa medida tratar de resolverlo.
P: ¿Cuál es su opinión respecto a que se legisle la distribución de agua en el Distrito Federal, que haya un marco legal para que sea equitativo?
LGP: Nosotros pensamos que es importante que haya mecanismos que regulen el acceso al agua, si eso pasa por leyes, lo que buscamos es que sean leyes inteligentes, que no sean leyes que se opongan al acceso al agua, que restrinjan el derecho al agua, por ejemplo por condiciones económicas; entonces, aun cuando existe la posibilidad de que se invierta desde la iniciativa privada, en la redistribución de redes, en la mejora de las instalaciones, en fin, en lo que ayuda para que el agua llegue a todos lados de la ciudad, lo que no puede pasar es que con motivo de estas iniciativas, se obstaculice el acceso al agua.
P: ¿Pero sería una solución legislarlo..?
LGP: Tendríamos que verla, tendríamos que analizarla, desde la perspectiva de la Comisión, para ver si no se afecta ningún derecho. Si no fuera así, pensamos que sí es importante que existan normas. Ahora nosotros le apostamos más a la posibilidad de generar una cultura de respeto, es decir, hay que generar conciencia en los habitantes de la ciudad que gozan hoy por hoy de este líquido vital, de que en otras partes de la ciudad esto no ocurre así, y que el ahorro que se dé en otras partes de la ciudad tendría que repercutir necesariamente en una mejor distribución en donde hace falta.
P: No me queda claro, es un derecho, pero si no está legislado ¿no pueden acceder?
LGP: La ONU lo declaró como un derecho humano, los mecanismos jurídicos implican que tiene que haber un reconocimiento nacional para que se incorpore en nuestras leyes, en la Constitución primero y después en las leyes locales, sin embargo, dado que está reconocido como tal por la ONU, las Comisiones de Derecho Humanos podemos exigirlo; entonces, aun cuando no es obligatorio todavía, lo que sí es obligatorio es sentarse a discutir, sentarse a tratar de resolver las problemáticas, a identificar con claridad por qué hay zonas de la ciudad a las que no llega el agua, y otras a las que sí, y resolverlo.
P: (habitante de Iztapalapa le entrega al doctor unos documentos)
LGP: Parte del Convenio que estamos firmando tiene que ver también con poder generar una red de monitoreo para evitar la corrupción. El agua no debe cobrarse, salvo en los casos en los que, como ustedes saben, a través del Sistema de Aguas se realizan estos cobros, pero las pipas hacen una distribución gratuita, deben hacer una distribución gratuita. Tenemos datos de la propia delegada en la que nos informa que hay situaciones en las que cobran este servicio, eso no debe ocurrir, entonces, vamos a poner al servicio de la detección de estos actos de corrupción, también a Visitadoras y Visitadores de la Comisión para ponerle fin a este problema.
P: ¿Podría ser más específico en qué consta el Convenio, además del monitoreo?
LGP: Tiene que ver en términos generales con la posibilidad de hacer un diagnóstico ahora en la Delegación, que sería el que correspondía, a partir del Diagnóstico que se hizo en el Distrito Federal sobre Derechos Humanos, y a partir de eso, establecer un Programa de Derechos Humanos. Nos vamos a enfocar de manera particular en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, vamos a empezar por ahí, y una de las primeras acciones tiene que ver con este monitoreo que estoy comentando y con la Carta que acabamos de firmar, de compromiso por el agua.
P: ¿Su opinión sobre el motín en el Reclusorio Sur, están investigando?
LGP: Sí, estamos investigándolo efectivamente, estuvimos ahí todo el día, desde el inicio hubo dos momentos que fueron muy complicados. Sabemos por los internos que tuvo que ver con, aparentemente la obstaculización del ingreso de drogas, y bueno, estamos haciéndole las solicitudes de información al Gobierno de la ciudad, especialmente a la Subsecretaría Penitenciaria, para que nos informe si efectivamente ese fue el motivo, si ellos tienen registrada alguna otra situación, que nos dé indicios de por qué se dio la violencia, y si fue el motivo el tema de drogas, también queremos meternos mucho más porque, primero, no debería ocurrir que hubiera drogas en el penal, sabemos que existen, esa es una realidad, en todo caso lo que hay que ver es cómo, sin afectar la situación de seguridad al interior de los penales puede establecerse una política de desintoxicación primero, de paulatino retiro de las drogas al interior de los penales.
P: ¿Van a abrir queja?
LGP: Está abierta ya.
P: ¿Los internos señalan de qué forma se distribuye, de qué forma fue el bloqueo, si fue por los operativos, a qué se debió esta escasez?
LGP: No tenemos mayor información todavía, estamos recabándola justamente, esas son las primeras informaciones que tuvimos, que se recogieron ahí mismo, dentro del Reclusorio.
P: Acusaron a unos judiciales de meter como la película “Presunto culpable” a una persona a la cárcel, se les comprobó que no era culpable el señor, éste denunció, sin embargo, volvieron a instalar a los judiciales, ¿considera que tendrían que destituirlos definitivamente?
LGP: No conozco el caso, porque lo que podría yo decir es que un policía no tendría el poder de meter a alguien a la cárcel, es decir, tendría que haber otras circunstancias. Habría que ver si la detención fue ilegal, que eso es otra cosa. Desde luego invitaríamos a la persona a que fuera a la Comisión para que abriéramos la investigación.
P: Bueno, fabricaron pruebas los judiciales y después se comprobó esto y el Consejo de Honor y Justicia los sancionó definitivamente con suspensión, pero los volvieron a reinstalar en 15 días.
LGP: Podríamos abrir una queja de oficio si no se acercara la personas interesada, a partir de la información que ustedes me están dando para hacer la investigación correspondiente.
P: El viernes el Gobierno del Distrito Federal emitió el boletín para no estigmatizar a las personas que se han opuesto al proyecto de la Supervía ¿con esto se cumple parte de la Recomendación?
LGP: Se está evaluando en la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, vamos a ver si cumple con los términos que la Recomendación planteaba, de ser así, esa parte la daríamos ya por cumplida.
P: ¿Y con respecto a la Consulta? el jefe de Gobierno ya anunció que la va a hacer.
LGP: Pero la Consulta que se haga no tiene nada que ver con la Recomendación, con lo que nosotros pedimos en la Recomendación. Nosotros nos referíamos a una consulta específica que tiene que ver con la Manifestación de Impacto Ambiental, es decir, no es una consulta plebiscitaria, no es una consulta para preguntarle a la gente si está o no está de acuerdo con la Supervía, sino más bien para que quienes consideraran que tienen elementos para hacerlo, hicieran una valoración de la Manifestación de Impacto Ambiental, y en función de eso, el Gobierno de la ciudad respondiera, dado que ellos no aceptaron la consulta en estos términos, lo cual también implicaba la suspensión de la obra, nosotros hemos considerado que toda esa parte de la Recomendación es no aceptada por el Gobierno de la ciudad, entonces lo que se haga en términos de consulta, probablemente les sea de alguna utilidad al gobierno, pero de ninguna manera tiene nada que ver con nuestra Recomendación.
P: ¿Entonces en cuestión de Derechos Humanos ya no hay nada que hacer, si se violaron, se violaron y ya?
LGP: Desafortunadamente hasta ahí llegamos nosotros, ahora le toca a la Asamblea la obligación de llamar a cuentas a las autoridades que están involucradas en el asunto.
P: ¿Exhortaría a los legisladores para que lo hicieran?
LGP: Así es, ya lo hemos hecho, ya ellos tiene conocimiento del asunto, y por ley es su obligación actuar sin que medie ninguna solicitud.
