Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 96/2011
21 de marzo de 2011
Para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) una de las más graves asignaturas pendientes en el proceso de democratización sigue siendo la discriminación que experimentan los pueblos y comunidades indígenas. La arbitraria y profunda asimetría en las relaciones de poder que implican los tratos discriminatorios ha significado para los indígenas, en México, pobreza y exclusión social. Estos fenómenos no son producto de las trayectorias individuales de las personas indígenas, sino condiciones estructurales propias de una forma de construcción excluyente de la nación y de una vigencia parcial del Estado de derecho.
Los obstáculos estructurales que las personas indígenas encuentran en el acceso a derechos y oportunidades contrastan con la exaltación que se hace del legado indígena en los discursos oficiales. Existe una carga de racismo que impacta el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas con orientación social, las cuales han sido incapaces de generar niveles de justicia y equidad aceptables para un vasto sector de la población mexicana. Así, existen programas de apoyo a pueblos y comunidades indígenas, pero que no constituyen una perspectiva transversal para incidir en todos los espacios fundamentales de la vida social, ni tampoco cuentan con la suficiencia presupuestal que permita el efectivo empoderamiento de estas personas.
Para la CDHDF resulta inaceptable reproducir el círculo vicioso que enlaza discriminación y pobreza y que es, precisamente, el que mantiene a los pueblos indígenas en una situación de desventaja y vulnerabilidad sociales desde la cual no se alcanzan la igualdad y el ejercicio de derechos humanos. Durante 2010, la CDHDF conoció 7 casos en los que fueron vulnerados los derechos de las personas indígenas, lo que representa una disminución del 47.7% respecto del año anterior (cuando se conocieron 12 menciones en el mismo sentido).
A 46 años de la adopción de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial por el Sistema de Naciones Unidas, la CDHDF expresa su compromiso con la defensa y promoción de sus contenidos normativos, los cuales siguen constituyendo una orientación fundamental para que los países resuelvan sus deudas de justicia social con la población indígena. En el mismo sentido, se reconoce la afectación particular de derechos que define la situación de la población afrodescendiente en México y se celebra la iniciativa que llevó a declarar al 2011 como el Año Internacional de las Personas Afrodescendientes. Si la discriminación racial no es combatida y desalentada integralmente, se vulnera el Estado de derecho, marco del respeto universal a los derechos humanos.
