Boletín 89/2011
16 de marzo de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condena el asesinato de tres integrantes de una familia, testigos del homicidio de la activista Marisela Escobedo, ocurrido en diciembre del 2010 afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando protestaba y exigía la captura del asesino de su hija, Rubí Marisol Frayre.
El crimen de Manuel Dámaso Maciel García de 45 años, María Maciel García de 35 y Juan Ernesto Maciel de 17 ocurrió la noche del martes, cuando un comando armado ingresó al domicilio de las víctimas y les disparó a corta distancia, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Zona Norte.
La misma autoridad señaló que en el lugar, localizado en la colonia Plutarco Elías Calles, en Ciudad Juárez Chihuahua, había dos menores de uno y tres años de edad, a quienes les perdonaron la vida.
Familiares de las víctimas afirmaron que el homicidio fue debido a la participación de Juan Ernesto Maciel en el caso del asesinato de la activista Marisela Escobedo, ya que iba a declarar en un juzgado en los próximos días. Las personas asesinadas eran testigos de los hechos ya que estaban en la Plaza Hidalgo de la ciudad de Chihuahua el día en que Marisela fue ejecutada.
La CDHDF reitera la urgente necesidad de que se generen los mecanismos para garantizar que no haya impunidad y se procure justicia en los casos referidos.
Para la CDHDF, el asesinato de defensores y defensoras de derecho humanos, o en este caso, de testigos, pareciera dejar en claro la ausencia de autoridades locales, estatales o federales que garanticen la vida, la seguridad y la integridad de los ciudadanos. No sólo es preocupante la muerte de activistas, sino que lo es aún más el vacío de poder que abre un espacio peligroso a la impunidad en la aplicación de la justicia.