Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 72/2011
3 de marzo de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) manifiesta su preocupación ante la posibilidad de criminalizar la protesta social y el derecho humano a defender derechos humanos, con la detención de los abogados representantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa”, en Chiapas.
>Los abogados Nataniel Hernández Núñez, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva están siendo procesados por el presunto delito contra el orden constitucional y la seguridad del estado. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) argumentó que las pruebas y los testimonios determinaron que dichas personas perturbaron el orden público al obstruir vías de comunicación terrestres.
La CDHDF, a través de su Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, condena que la respuesta del Estado contra las manifestaciones de la sociedad civil, en algunos casos, sea criminalizarla a través de la represión policial y persecución penal de las personas involucradas, desvirtuando así la capacidad punitiva del Estado mexicano.
Cabe destacar que el Informe Anual 2005 de la Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfatiza que las manifestaciones públicas son un ejercicio a la libertad de expresión, la libertad de reunión y en el presente caso, del derecho a defender los derechos humanos. Por lo que la sanción penal para situaciones de protesta sólo se debe ejercer en casos excepcionales cuando por la protesta sucedan hechos de violencia que estrictamente requieran una sanción.
El derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos son pilares fundamentales para la consolidación de una democracia incluyente y participativa, por lo que las autoridades deben facilitar e incentivar la manifestación de la sociedad en lugar de castigarla.
