viernes , 27 enero 2023

Sesión de preguntas y respuestas de la conferencia de prensa del Consejo de la CDHDF para fijar postura institucional ante la respuesta del GDF a la Recomendación 1/2011

Transcripción 12/2011
17 de febrero de 2011

Pregunta (P): Hablan de recomendaciones aceptadas parcialmente, ¿qué fue lo que concretamente se aceptó y lo que no aceptó el gobierno. Si estos 10 días son únicamente para esperar a que comparezca pero no va a detenerse esa obra, o sí se va a detener?

Dr. Luis González Placencia (LGP): En general fueron emitidos 8 puntos recomendatorios al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, de esos 8 puntos recomendatorios en la respuesta emitida a esta Comisión se aceptan 6 de manera total, se acepta 1 de manera parcial y se rechaza 1, sin embargo, en consideración a la unidad que varios de estos puntos guardan para la Comisión no es posible declarar como aceptados los puntos 2 y 3, por lo tanto, son los puntos 1, 2, 3 y 4 lo que no serían considerados como aceptados. Los que sí se aceptan son el punto 5 que dice lo siguiente “en coordinación con esta Comisión se lleve a cabo un proceso de capacitación sobre derechos humanos en materia de medio ambiente a mandos medios y superiores de las autoridades señaladas en la presente Recomendación”. El punto 6to. que dice que en un término menor a 30 días naturales se emita un boletín de prensa en el que, con la finalidad de evitar la estigmatización de las personas que se oponen al proyecto de la Supervía Poniente, se reconozca que ejercen el derecho legítimo a defender sus derechos. El punto 8avo. de la Recomendación, que está dirigido al Jefe de Gobierno y al Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras, que dice “giren instrucciones para que de forma coordinada se realice un diagnóstico sobre las necesidades de atención psicológica, médica, familiar y jurídica de las y los habitantes de la delegación de Magdalena Contreras que hayan sido afectadas a causa de los hechos documentados en la presente Recomendación y para que se les ofrezca y brinde dicha atención de manera gratuita. Y el 9o. que dice que “en un término que no exceda de 3 meses a partir de la fecha de aceptación de esta Recomendación se coordinen para diseñar e implementar un programa tendiente a reconstruir el tejido social en la colonia La Malinche en virtud de los conflictos ocurridos en el contexto de la Supervía Poniente que incluyan por los menos acciones de mejoramiento urbano que restituya condiciones de entorno digno a la zona. El plazo para presentar pruebas de cumplimiento de estas 4 Recomendaciones que fueron aceptadas vence en 10 días hábiles a partir de la fecha de aceptación de las mismas. En atención a que para nosotros es muy importante que el Gobierno considere que la suspensión que le está solicitando esta Comisión tiene sentido precisamente porque se violó el Artículo 50 de la Ley Ambiental que es el que plantea la necesidad de una consulta pública sobre la manifestación de impacto ambiental que autorizó la propia Secretaría de Medio Ambiente; al explícitamente violar esta disposición, no hay certeza ninguna sobre los efectos medioambientales que pueda tener la obra. Por eso es tan importante suspenderla. No se puede derribar la obra en este momento, pero no tiene sentido tampoco que se continúe si no se ha cumplido con este requisito fundamental. El Consejo de la Comisión ha considerado pertinente que ese plazo de 10 días hábiles que tiene la autoridad para presentar pruebas se ocupe para que la autoridad reconsidere su posición.

P: ¿Cuál es el mensaje que está dando el Gobierno de la ciudad cuando realmente no se acepta esta Recomendación, porque los puntos que aceptó no atacan directamente a la violación de los derechos humanos que cometió? ¿Qué pasará con la comparecencia que puede hacer la ALDF cuando son del mismo partido del Jefe de Gobierno y cuando realmente la comparecencia no va a servir para que se cumpla con la Recomendación? ¿Se va a dar vista de las ilegalidades que se cometieron en esta obra a la Procuraduría capitalina o a las autoridades del propio Gobierno toda vez que no hay ningún responsable de la violación de estas leyes?


LGP:
 Yo creo que el mensaje es claro, la Comisión no puede hacerse cargo de la justificación que en este caso, ni siquiera presentada, acerca de las razones por las cuales se suspende la obra. Se han brindado explicaciones, pero de las explicaciones no se siguen justificaciones y no es posición de la Comisión asumir de ninguna manera esa función que le corresponde de manera directa al Jefe de Gobierno. Me parece que ese en justamente el sentido que tiene el artículo que cité de la Ley que le da la obligación a la Asamblea de hacer comparecer a cualquier autoridad que acepte parcialmente o que incumpla una Recomendación y eso tiene que ver con la necesidad de justificar frente a la soberanía que implica la Asamblea, que es la representante popular, y las razones por las cuáles no se acepta la Recomendación o se acepta parcialmente. Quiero dejar en claro que esa obligación está planteada en la Ley de la CDHDF y que para que la Asamblea cumpla con esa obligación no es necesario que medie ninguna solicitud, es decir, de oficio la Asamblea está obligada a citar a comparecer a todas las autoridades en todos los caso en lo que no hay una aceptación total de la Recomendación, o bien, hay un incumplimiento de las mismas Recomendaciones. Finalmente, sobre los procedimientos nosotros detectamos algunas irregularidades que no constituyen delitos, pero constituyen faltas administrativas y por vía alterna se han hecho llegar a las contralorías respectivas estas denuncias.

P: Sobre lo que comentaba de la comparecencia que tendría que hacer el Jefe de Gobierno por este caso ¿eso quiere decir que ustedes no van a pedirle a la Asamblea que lo cite a comparecer? Nos dice que la consulta que está preparando el gobierno del Distrito Federal no cumple con lo que está marcado en la Recomendación ¿qué es lo que le hace falta a esta consulta  y si no se integran estos elementos consideraría que es inútil entonces llevarla a cabo? y permítame regresar al asunto de la suspensión de la obra porque usted en varias ocasiones cuando se realizaba la investigación dijo que la Comisión no tenía ninguna facultad para pedirle al Gobierno del Distrito Federal que suspenda la obra; finalmente pide la suspensión de la obra, y el Gobierno del Distrito Federal le responde prácticamente con el mismo argumento que usted había dado en un principio, que constitucionalmente no tenían esa facultad.

LGP: Efectivamente, es que no es la Comisión la que solicita la comparecencia, la ley es muy clara, la ley le da esa obligación a la Asamblea y eso tiene que ver con el diseño institucional que está planteado precisamente para cuando una autoridad incumple o no acepta las Recomendaciones, directamente tenga que explicar sus razones ante la Asamblea del Distrito Federal. Eso es un mecanismo que salvaguarda la autonomía tanto de la Comisión como de la propia Asamblea. Entonces así está en la ley, está claramente establecido. La Consulta, por lo que hemos escuchado, por la respuesta que se nos dio está haciendo referencia a la Ley de Participación Ciudadana, y a una consulta abierta que eventualmente podría tener un carácter incluso plebiscitario. No es eso lo que estamos pidiendo, porque no estamos pidiendo que la gente se manifieste a favor o en contra de la Supervía, lo que nos preocupa en esta Recomendación es la posible vulneración del medio ambiente. Entonces hay una disposición muy clara en la ley ambiental, en el Artículo 50 de la Ley Ambiental, que dice que la autoridad tendrá que poner a consulta la manifestación de impacto ambiental, ésa es la que tiene que ponerse a consulta y con una finalidad muy clara: que todas las personas que tengan que decir algo acerca de la manifestación de impacto ambiental lo digan; pero no solo, sino que eso lleva implícita la obligación del Gobierno de la ciudad de responder a todos los argumentos que se le presenten, a convalidar los argumentos o en su caso, a contraargumentar. Y por eso es que decimos que no tiene mucho sentido hablar de una consulta que no tengo duda que le pueda ser útil al Gobierno de la ciudad para algo, pero no tiene que ver con lo que nosotros le estamos solicitando en la Recomendación. Finalmente, efectivamente nosotros no tenemos ninguna facultad para ordenar la suspensión, es que esto es muy importante porque de pronto se confunden dos tipos de argumentos, uno de derecho administrativo que es el que se ha planteado con frecuencia, y otro que es el que nosotros estamos utilizando, que es un argumento de derechos humanos. Lo que estamos diciendo es que hay una violación continua, para que esa violación continua cese es necesario suspender, el acto que sea, en este caso es la construcción de la obra, es necesario suspender el acto porque de lo contrario no tiene sentido que se repare un daño que está en proceso. El tema aquí es que existe incertidumbre sobre si la construcción de la Supervía generará o no daño ambiental. De ahí la importancia de vincular la suspensión con la Consulta.

P: ¿Cuándo se le vencería al Jefe de Gobierno este plazo de 10 días para notificar si reconsidera su postura de no suspender la construcción de la obra? Y, ¿qué plazo tendría la ALDF para llamarlo a comparecer y si tendría el Jefe de Gobierno el que acuda a la Asamblea o podría ser el Secretario de Obras o algún otro funcionario capitalino?

LGP: El plazo vence el día 25 de febrero, es el plazo que la ley otorga. La ley de la Comisión no establece ningún plazo para que la Asamblea cumpla con su obligación, remite sin embargo a la ley de la propia Asamblea, entonces tendría que ser en términos de la ley de la Asamblea que se realizara este llamado y también en términos de esa ley sería la Asamblea la que tendría que decidir. Me parece a mí que es claro que la ley hace referencia a la autoridad que es la responsable de no aceptar la Recomendación. Entonces en este caso la autoridad señalada es precisamente el Jefe de Gobierno pero ya correspondería a la Asamblea del Distrito Federal ejercer su obligación en los términos de su propia ley.

P: En la ALDF el PRD tiene la mayoría y se ha caracterizado por avalar varias de las cosas que envía el Jefe de Gobierno, entonces qué seguridad tendría la Comisión de Derechos Humanos de que en realidad se le va a llamar a comparecer. No sé si ustedes van a hacer algún cabildeo, acercarse con los diputados para que haya esta certeza de que acuda el Jefe de Gobierno porque es prácticamente un hecho que no va a suspender la obra.

LGP: No es ninguna seguridad desde luego, pero la seguridad deviene, y esto es importante decirlo, de que es una obligación que está establecida en la ley. No es potestativo, la Asamblea tiene la obligación de hacerlo en este y en todos los demás casos. Por otro lado, ya correspondería también a la ciudadanía hacer la presión necesaria para que se cumpla con esa obligación.

P: Después de estos 10 días la Comisión tendría alguna otra forma, en caso de que no decida suspender la construcción el Jefe de Gobierno, de llamarlo o hasta ahí se le agotan todos los elementos.

LGP: No. Y por eso para nosotros es muy importante decir que hemos utilizado todos los recursos que tenemos en este caso, como siempre lo hacemos, pero la ley nos fija unos límites que no podemos trascender.

P: Entonces en ese sentido, ¿qué va a hacer la Comisión de Derechos Humanos para ayudar a sus peticionarios en torno a esta problemática que tiene con la Supervía Poniente? Y sobre la Consulta, dice que lo que se debe de poner a consulta es el estudio de  impacto ambiental, entonces ¿esta Consulta sí debe ser dirigida a los vecinos o sería más bien una Consulta para especialistas en la materia que entiendan lo que es un estudio de impacto ambiental?

LGP: Bueno, como bien decía José Woldenberg aquí a mi lado, estamos haciéndolo; es decir, ¿qué estamos haciendo para defender a nuestros peticionarios? Esto que estamos haciendo ahora justamente. Y ya no tenemos más facultades para hacer más cosas…

P: ¿Entonces eso es una derrota?

LGP: No.

P: Es obvio que el Gobierno del Distrito Federal no va a suspender la obra, ya lo ha dicho en todos los tonos posibles. ¿Considera  que es una derrota entonces para la Comisión esta situación?

LGP: Le paso el micrófono al Consejero José Woldenberg.

Consejero José Woldenberg: Nosotros, entre otras cosas, no queremos adelantar vísperas. Estamos haciendo un llamado y pidiendo la reconsideración del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que cumpla a cabalidad todos y cada uno de los puntos de la Recomendación. No vamos a especular si esto es posible o no es posible. Nosotros estamos convencidos que es posible, que es deseable y que ojalá el Gobierno de la ciudad de México responda positivamente a la Recomendación de la Comisión. En eso estamos.

P: Yo quiero preguntarle a un integrante del Consejo, a la doctora Dresser. ¿Qué le responden ustedes como Consejeros, como integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos a las personas que han dicho sí a la Supervía? Dicen que cuentan con más de 33 mil firmas, yo no he visto todas, no sé si son reales, pero ¿qué les dicen a quienes están por el sí? Gracias por su respuesta.

Consejera Denise Dresser: Pues le respondería que no importa que tengan 30 mil firmas, o 300 mil o 3 millones de firmas. Ese no es el requisito establecido por la Ley de Medio Ambiente, y nuestra Recomendación enfatiza que ésa fue precisamente la que se violó y que por lo tanto es necesario llevar a cabo una consulta pública.

P: ¿Entonces usted como Presidente de la Comisión considera que es una simulación de parte del Gobierno capitalino todo lo que está diciendo de que de alguna forma sí hay el respeto a los derechos humanos, pero no se suspende la obra? ¿No es una simulación, sólo es para pretender parecer?

LGP: Bueno, como he dicho, no nos toca a nosotros justificar ni explicar el proceder del Gobierno de la ciudad. Yo creo que eso tendríamos que preguntárselos a ellos. En este caso en particular lo que está muy claro es que no se está cumpliendo con una parte sustancial de la Recomendación, o mejor dicho no se está aceptando una parte sustantiva de la Recomendación, que tiene que ver con el núcleo de toda la problemática: que es el riesgo al medio ambiente.

P: Doctor, buenas tardes, preguntarle si esta posición del Gobierno del Distrito Federal, y en caso de que la vuelva a reiterar de rechazar todos los puntos recomendatorios, podría afectar también el Programa de Derechos Humanos que ustedes han venido trabajando con ellos y los avances para crearla en una ley.

LGP: No, yo diría que no, no debería. El campo de acción de la Comisión y del Gobierno de la ciudad en materia de derechos humanos es muy amplio, y si cada caso de los que tenemos aquí pusiera en riesgo ese trabajo entonces no tendría ningún sentido, me parece que no; y esta Comisión seguirá haciendo lo necesario para empujar el Programa y para que el Programa se convierta en política pública.

Consejera Denise Dresser. Quisiera hacer una breve intervención para añadir a la respuesta que le di. Aquí se trata de derechos que fueron violados y de ahí la injerencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Una serie de derechos que ponemos en nuestra respuesta: derecho a la seguridad jurídica, a la información, a la participación, al medio ambiente sano, al agua y a la vivienda adecuada, todos ellos reconocidos en el orden jurídico mexicano a nivel Constitucional, legal e internacional. Entonces usted me preguntaba de las firmas, es que es un asunto totalmente separado de la violación de los derechos que está documentada por la investigación que realizó la Comisión sobre este tema.

LGP: Por otro lado, yo sólo añadiría que si los argumentos vertidos, como lo han hecho ya de manera personal ante nosotros por las personas que están favor de la Supervía, se convirtieran en una queja nos llevaría exactamente al mismo punto. Entonces lo que es muy importante aquí es que hay omisiones claras del Gobierno de la ciudad a leyes locales, por supuesto a instrumentos internacionales también, que son las que colocan la situación en este punto. Entonces quien tiene que ofrecer una respuesta a esas 33 mil o 50 mil personas que ven en riesgo la viabilidad del proyecto es nuevamente el Gobierno de la ciudad.

Consejero José Woldenberg (JW): Permítanme solamente con fines aclarativos tratar de abundar en lo que ya hizo Denise y el Presidente Luis González Placencia. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no actúa de oficio, actúa a petición de las partes. Cuando un grupo de ciudadanos siente que se han violado sus derechos humanos la Comisión tiene la obligación de velar por ellos. En este caso eso sucedió. Grupos de ciudadanos de esta ciudad se acercaron a la Comisión porque presumían que habían sido violados sus derechos. Pongo un ejemplo que ya se ha dicho aquí: la Ley Ambiental del Distrito Federal prevé que antes de realizar una construcción se requiere hacer una consulta para ver el posible daño ambiente o el impacto ambiental. Esta consulta no se hizo y por ello, porque esto es un prerrequisito para llevar adelante las obras, es que la Comisión le solicita al Gobierno del Distrito Federal cesar las obras, precisamente para hacer esta Consulta y que de esa manera eventualmente se satisfagan las demandas de los ciudadanos. Para decirlo de otra manera: la Comisión no está capacitada ni es su terreno ponerse a evaluar virtudes y defectos de las obras públicas que realiza el Gobierno del Distrito Federal, sino vela porque cuando se realicen esas obras públicas no se violen derechos de los ciudadanos. Eso es lo específico, la materia específica con la cual trabaja esta Comisión.

P: En este sentido, ¿también las personas que están a favor de la Supervía no son también legítimos sus derechos como ustedes han argumentado muchas veces y que es fundamento de la propia Comisión el derecho a una vivienda digna, el acceso a las vías de comunicación, mejorar su nivel de vida? ¿No es tan valioso también este derecho como el derecho al medio ambiente y también una vivienda digna, etcétera? Ahora, ¿por qué en este caso tan específico si también está el caso de la Línea 12, donde también se están violentando los derechos, también hay impacto ambiental, y muchísimas otras obras que ha hecho el Distrito Federal soslayando los derechos ambientales de los ciudadanos? ¿Por qué en específico esto, porque la queja existe y se interpuso, pero también ustedes cuando ven que se han violentado algún tipo de derecho han iniciado queja de oficio?

LGP: Empiezo aclarando este último punto. Pepe se refería que en este caso en particular no actuamos de oficio, sino a petición de parte. Tenemos la posibilidad de actuar de oficio en otros casos y así lo hemos hecho también. Han venido los vecinos, nos han planteado esto que tú nos estás diciendo, Israel, acera de sus derechos y a mí me queda muy claro, y creo que a toda la Comisión le queda muy claro, que tienen derecho a eso, por supuesto que tienen derecho a eso con y sin Supervía. Por otro lado, como dije hace un momento, si nosotros atendiéramos una eventual queja que no ha sido planteada, no ha sido presentada, en esos términos como queja, las solicitudes de estos vecinos, la autoridad presuntamente violatoria tendría que ser nuevamente el Gobierno de la ciudad. Recordemos que para que se dé la competencia de la Comisión es que sea la que viola o presuntamente viola los derechos humanos. Entonces nos remitiría nuevamente a la autoridad y la investigación nos llevaría al mismo punto, porque el riesgo el riesgo a esos derechos, si es que nosotros determináramos que están vinculados a la construcción de la Supervía, ese riesgo se actualizaría precisamente porque se violaron las mismas normas que nos han llevado a esta Recomendación. Entonces, yo he dicho muchas veces que no es un asunto de quién está a favor ni quien está en contra, porque si lo queremos ver así esa es una manera equivocada de verlo, es un tema de derechos, y los derechos humanos son válidos para quienes consideran que la obra afecta ciertos derechos, como para quienes consideran que la obra ayuda a satisfacer otros más. Me parece que están en investigación todavía algunas de estas situaciones con relación a la Línea 12 y otras más. Y bueno, la línea es la misma: la línea la sigue marcando el procedimiento de la propia Comisión. Por eso he dicho, e insisto nuevamente, en que no nos hemos apartado ningún milímetro de lo que nos dice nuestro procedimiento y la ley. No ha habido ninguna consideración particular, naturalmente por la naturaleza de este asunto y por el impacto que ha tenido en la ciudadanía; y por el impacto que puede tener no solamente para los peticionarios, sino para los habitantes en general del Distrito Federal, es que estamos haciendo esta conferencia de prensa.

Consejero Ernesto López Portillo (ELP): Voy a usar sólo dos minutos y voy a decir algo que puede parecer obvio, pero creo que no lo es. Quiero invitarlos e invitarlas a que observen la Recomendación con detenimiento. Yo entiendo las preocupaciones políticas asociadas al caso. Nos hacemos cargo de que en efecto esto tiene consecuencias en distintos niveles, y por supuesto también políticas, pero yo los invito a que evalúen la posición de la Comisión con una lectura cuidadosa de la Recomendación. Esta Comisión de Derechos Humanos y su Consejo están haciendo un esfuerzo muy importante en el perfeccionamiento de sus capacidades de investigación. Nosotros tenemos criterios que están en la ley que son adecuadamente explicados en la Recomendación y ahí se responde muchas de las preguntas que se están haciendo aquí si se quiere mirar la perspectiva jurídica y de derechos humanos que inspira esta Recomendación. Yo propongo que se tome esta perspectiva por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Es público el trabajo, es público el trabajo del Consejo para buscar que estos estándares de investigación suban. Entonces invitamos a ver este otro ángulo porque se reduce a un conflicto político muchas veces, cuando en realidad lo que hay aquí es un problema de violación de derechos humanos y de violación a la ley.

Consejera Patricia Galeana (PG): Yo quisiera insistir en un punto que es obvio, pero que es esencial: la razón de existir de esta Comisión es defender a la ciudadanía de la violación a sus derechos por parte de las autoridades. Esa es la única razón de que todos estemos aquí. En este caso no habría habido conflicto si el Gobierno del Distrito Federal hubiera cumplido con las leyes establecidas en la materia. Entonces este no es un asunto político, es un asunto absolutamente de violación a normas establecidas que la Comisión tiene la obligación de ver que se cumpla, de defender a la ciudadanía. Y como ustedes entenderán, el que se acepte parcialmente esta Recomendación es un contrasentido porque cómo van a aceptarse unos puntos si no se suspende la obra mientras se hace la consulta. Ese es el meollo de la situación. Y no se trata de hacer un plebiscito y des manipular políticamente esta situación. Se trata de hacer una consulta en efecto a especialistas, como el compañero de La Jornada lo dijo, para que vean el daño ambiental, hecho que se debió de haber dado antes de empezar la obra y que es lo que nos ha llevado a esta situación. Recuerden ustedes que la fuerza la Comisión es su fuerza moral, es la fuerza que le da la ciudadanía, que le dan ustedes los medios, para que el Gobierno del Distrito Federal recapacite y que si hay una recapacitación como esperamos, deseamos, aunque se hayan hecho todas las declaraciones contrarias al respecto, esto será un gran precedente, un precedente para vivir realmente un régimen democrático, en que las autoridades no atropellan a la ciudadanía, sino que cumplen el marco jurídico establecido.

Consejero Manuel Fuentes: (MF): Para el Consejo y para la Comisión es sobre todo un tema de preocupación el hecho de que las barrancas de Tarango y La Loma, fueron declaradas por el propio Gobierno del Distrito Federal como áreas de valor ambiental y área natural protegida. Sin embargo, a pesar de esta consideración, el propio gobierno decidió llevar a cabo obras en esos espacios en donde incluso cumple con una valiosa, valiosísima función dentro del ciclo hidrológico de la ciudad de México. Esta circunstancia de enormes consecuencias para la ciudad de México, plantea la necesidad de la suspensión de la obra y que en efecto la demostración de que estos hechos no van a traer como consecuencia una situación que de sí estaría planteando una situación irreversible, por ello se plantea la necesidad de una suspensión de la obra para estar en congruencia precisamente con una idea de que los derechos humanos son integrales no se pueden separar,  no se puede dar una idea de que unos sí y otros no, porque finalmente los que se están negando traen como consecuencia la anulación de la Recomendación integralmente, por eso nuestro llamado al Jefe de Gobierno para que reconsidere su posición para que acate integralmente la Recomendación 1/2011 en sus términos.

P: Solamente para preguntar, ¿Desde su perspectiva es indispensable que la Asamblea Legislativa lleve a comparecer lo antes posible a Marcelo Ebrard, toda vez de que se puede cometer un acto y/o violación irreparable, y en ese caso ya las violaciones tendrían otro carácter?, y segundo, este rechazo, porque será aceptación parcial para algunos puntos, pero es un rechazo del punto medular de la Recomendación, es un retroceso para el avance que se había tenido en materia de derechos humanos en la ciudad de México?
LGP: Primero, yo quiero insistir en que estamos haciendo un llamado para que se reconsidere la Recomendación para nosotros eso es muy importante y hasta el momento en el que no tengamos una negativa total pues entonces nos pronunciaremos al respecto, pero de entrada me parece que es muy importante centrar la idea de que este acto que estamos llevando a cabo tiene como finalidad que el gobierno de la ciudad reconsidere su respuesta, atienda los argumentos que están planteados en la Recomendación y resuelva el conflicto de una vez. ¿Qué si hay un retroceso? Bueno, este es un caso, creo que un caso muy importante y que es un caso emblemático y que puede además ser representativo de otros casos similares que hay en la ciudad, no me atrevería a valorar la situación de los derechos humanos en la ciudad por estos casos, pero es que eso tampoco es relevante porque lo importante en este momento es que en este caso en particular hay una violación acreditada, esta Comisión ha hecho valer su mandato elaborando esta Recomendación y que en ese sentido el Gobierno de la ciudad esperaríamos nosotros que respondiera favorablemente.

P: 
Ustedes insisten mucho en no calificar esta repuesta del Gobierno capitalino, pero en términos reales ¿Sirve o no sirve lo que ya dijo Marcelo Ebrard que acepta parcialmente esta Recomendación?, pero ¿Realmente funciona o no funciona la postura de Marcelo Ebrard?, ¿Qué va a provocar?, ¿Cuál es el escenario que vislumbran en días posteriores?

LGP: 
Hay cuatro puntos recomendatorios aceptados, y esos cuatro puntos no los minimizamos en nada porque por eso los pusimos en la Recomendación, para nosotros es muy valiosa esa aceptación  e implica y eso hay que decirlo con toda claridad, es una obligación ahora sí del Gobierno de la ciudad, a cumplir con ellos, mientras no se aceptan los puntos de la Recomendación no son vinculantes, pero una vez aceptados se convierten de cumplimiento obligatorio para la autoridad, entonces por eso alguien decía si es un fracaso, me parece que no es ningún fracaso, estamos consiguiendo que una parte, al menos de esos derechos que fueron violentados puedan ser resarcidos, sobre lo otro de verdad es que esperamos nosotros que haya alguna reconsideración de los argumentos que hemos planteado y que quede en claro que no es ningún sin sentido, la suspensión de la obra está perfectamente sostenida en una argumentación que implica una lógica que vincula la suspensión con la consulta prevista en  el Artículo 50 de la Ley Ambiental y con los requisitos para que esa consulta se lleve a cabo, pensamos nosotros que es la única manera en la que se puede resarcir el daño y digamos encauzar el conflicto, por otro lado, esperamos también que el conflicto pueda seguir por las vías institucionales y por eso es que la Ley de la Comisión -que no hicimos nosotros y tampoco se hizo ahorita- sino que existe ya desde hace muchos años, lleva el tema a la Asamblea porque esa es la manera de que el conflicto se encauce a través de instituciones que es lo que nosotros esperamos  que se respete eso.

P
:¿Podrían acudir  a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?, ¿Hay posibilidades de eso?

LGP: 
Hay posibilidades desde luego.

P: 
¿Tendrían que ser los vecinos?

LGP:
 Eso lo tendríamos que  estudiar y ya te daríamos una respuesta.