Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 61/2011
22 de febrero de 2011
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, cuestionó la exclusión en los espacios educativos y laborales, la falta de acceso a la salud y a la rehabilitación; así como la vulnerabilidad de la autonomía de las personas con discapacidad, a causa de los prejuicios y estereotipos con los que se limitan socialmente sus vidas.
En la presentación del Marco encargado de la Promoción, la protección y la supervisión de la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, advirtió sobre la discriminación estructural y la inacción pública para combatirla, en el caso de las personas con discapacidad, a quienes se ha reducido a espacios de exclusión, inseguridad y violencia.
Dijo que, de acuerdo con cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Distrito Federal habitarían aproximadamente un millón de personas con discapacidad, de los 11 millones que habría en todo el país, lo que equivale a 10% y no al 1.8% reconocido a nivel oficial nacional, advirtió González Placencia.
Desde una perspectiva la medición de las personas ausentes, acuñada por el filósofo y economista hindú, Amrtya Sen, agregó, esa diferencia de cifras dan una idea de lo que significan la discriminación estructural y la inacción pública en agravio de las personas con discapacidad.
Al referirse a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, dijo que el primer tratado internacional vinculante desde 2008, impulsada por Gilberto Rincón Gallardo, es un instrumento que se debe aprender a utilizar de manera adecuada, con el fin de lograr su propósito para la comunidad a la que se busca reconocer.
Subrayó que la Convención aporta un enfoque integral, y no segmentador, una perspectiva moderna de derechos humanos, que sustituye el asistencialismo y la discrecionalidad, que deben saberse plasmar para responder a las demandas de inclusión y reconocimiento de las personas con discapacidad.
“No es posible ninguna acción pública o programa de gobierno para las personas con discapacidad sin mecanismos para su participación activa en el diseño, implementación y evaluación; de otra forma estaríamos reproduciendo el estigma de la minoría de edad y la incapacidad para levantar la voz”, advirtió González Placencia.
Dijo también que el papel preponderante para el cambio cultural respecto de la percepción de las personas con discapacidad corresponde a la acción gubernamental, a través de campañas de educación y sensibilización dirigidas a la sociedad en general.
No obstante, aclaró, deben sumarse las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, con el fin de construir el respeto de todas las características que constituyen la identidad de las personas: “Nadie debe meterse con la identidad de las personas”.
Pero al mismo tiempo, aclaró, coloca a los estados en la obligación de generar condiciones de igualdad para las personas en situaciones de desarrollo cotidiano: “Ese es un cambio sustancial que afecta la comprensión de los derechos humanos y la visión que hasta hoy hemos tenido sobre las personas con discapacidad”.
La presentación estuvo encabezada por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa Cantellano; la Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, Yolanda de la Torre; y por el Presidente de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (CONFE) y Representante de la Coalición México, Javier Quijano.
Durante su participación posterior en el Taller “Criterios y directrices para el pleno cumplimiento del Artículo 33.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, el Ombudsman capitalino se refirió a las acciones ejecutadas desde la CDHDF en atención, orientación, defensa, educación y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
González Placencia dijo que la incorporación de la CDHDF al mecanismo de vigilancia de la Convención significa también la ampliación del mandato tradicional de los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH).
En ese propósito, explicó que la CDHDF puso en marcha una Relatoría que la vincula de forma permanente con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el fin de recuperar e impulsar su experiencia con las personas con discapacidad y de construir una visión en común sobre el significado y alcances de la respectiva Convención.
En el Taller participaron también el Director General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Alejandro Negrín; el Oficial Nacional de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Alán García; y el Director de Coordinación, Planeación y Seguimiento del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS), Francisco Cisneros.
Asimismo, la Coordinadora en Inclusión Social y Laboral de Personas con Discapacidad de la Fundación para las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Patricia Brogna; la Directora Ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Rocío Culebro; y el Presidente de la CONFE, Javier Quijano.
