Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 66/2011
26 de febrero de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratula por la disculpa pública ofrecida por el Diputado local, Alan Cristian Vargas Sánchez, a la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersex (LGBTTTI) por las declaraciones hechas en torno a la posibilidad de adopción de algunas y algunos de sus integrantes.
Las declaraciones públicas del legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) formuladas el 17 y 18 de marzo del año pasado ofendieron la honra y dignidad de los integrantes de la comunidad LGBTTTI.
Cabe destacar que el ofrecimiento de disculpa pública es resultado del procedimiento que se llevó a cabo por una investigación que la CDHDF determinó iniciar de oficio.
De dicho procedimiento sobresale el acercamiento que esta Comisión realizó con el Diputado y la representación de su fracción parlamentaria en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en los que se hizo hincapié de la importancia de que los integrantes de esa Asamblea, en su carácter de autoridad en el Distrito Federal, garanticen el pleno respeto de los derechos humanos de toda persona en el ejercicio de su cargo.
Particularmente se enfatizó que en el caso de las y los servidores públicos, en los que se incluyen a las Diputadas y a los Diputados, el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión adquiere ciertas connotaciones y características específicas, una de ellas es el deber que tienen de asegurarse que sus pronunciamientos no constituyan violaciones de los derechos humanos, en tanto tienen una posición de garantes de dichos derechos.
Para la CDHDF, las y los servidores públicos deben constatar en forma razonable los hechos en los que fundamentan sus opiniones, incluso con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en aras de evitar que la ciudadanía reciba una versión distorsionada de los hechos.
La disculpa pública del Diputado Vargas Sánchez refleja la disposición que pueden tener las y los legisladores en México de reconocer la responsabilidad que conllevan sus declaraciones públicas.
