Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 44/2011
9 de febrero de 2011
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, expresó su confianza en que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) acepte la Recomendación 1/2011 en todos su términos.
“Es un tema de elemental congruencia, porque si esta ciudad se ha proclamado como protectora y defensora de los derechos humanos, tiene que apoyar las decisiones de la Comisión y en ese sentido aceptar la Recomendación, porque los errores documentados son evidentes y lo que reclaman es que se reconozcan y se dé una muestra clara de que hay voluntad real de salvaguardar los derechos de todas las personas”, subrayó.
Al presentar en conferencia la secuencia de hechos que dieron origen a la Recomendación 1/2011 sobre la Supervía, informó que el Gobierno capitalino tiene hasta el próximo viernes 11 de febrero para enviar la respuesta oficial a la CDHDF de si acepta o rechaza la Recomendación.
“La evidencia está muy clara en la investigación y en atención a esta vocación que el Gobierno ha manifestado en diversas ocasiones de ser respetuoso de los derechos humanos, pues que finalmente acepte la Recomendación”, reiteró.
Notificó que la Delegación Magdalena Contreras ya la aceptó, mientras que no han recibido respuesta aún de la Delegación Álvaro Obregón.
Para la CDHDF, dijo, el tema no es si se está a favor o en contra de la Supervía, pues “lo que es relevante es que las omisiones del Gobierno de la ciudad afectaron los derechos de las y los peticionarios, y también afectaron los derechos de quienes están a favor de la propia obra”.
Señaló que la reparación adecuada a las violaciones a los derechos debe atender la necesidad de prevenir daños irreversibles y cesar la violación subsistente.
Por eso, agregó, como lo marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la manera de hacer que las violaciones cesen es a través de la suspensión de la mega obra para llevar a cabo la consulta ciudadana.
«Esta suspensión atiende por una parte a las consideraciones jurídicas que hicimos respecto de las violaciones a normas específicas, especialmente la violación al Artículo 50 de la Ley Ambiental del Distrito Federal; pero también porque ya verificadas estas violaciones a derechos humanos, la manera en la que consideramos que era posible ponerle un alto al proceso violatorio es a través de la suspensión temporal hasta en tanto no se reparen los daños que fueron ocasionados por las violaciones a los derechos humanos».
Aceptó que la CDHDF no emite resoluciones como las podría emitir un juzgador de justicia. «Nosotros no podemos ordenar ningún acto de esta naturaleza al Gobierno de la ciudad, pero sí podemos ordenar que se suspenda».
Sin embargo, aclaró que la Comisión verificó que una serie de actos cometidos por servidores públicos de la ciudad de México implicaron violaciones a derechos humanos.
Señaló que la posición de esta institución frente a ello es que si se violaron los derechos humanos, la manera en que se pueden reparar, de acuerdo con la convicción de la Comisión, es suspender la obra mediante la atención de la demanda social que reclama participación e información verídica sobre las condiciones de la obra.
Dijo que una vez subsanados los anteriores derechos, el Gobierno del Distrito Federal deberá explicar por qué sí o por qué no continúa con la obra de la Supervía.
En todo caso, dijo, la decisión le corresponde al Gobierno de la ciudad en atención a salvaguardar los derechos de un grupo de ciudadanas y ciudadanos que los han hecho valer a través de la Comisión, o utilizar otros argumentos que entonces implicarían que el Gobierno los pondera por encima del respeto a los derechos humanos, aún cuando se trate solamente de un grupo de personas.
Informó que el contenido de la Recomendación 1/2011 la ha comentado de manera directa a quienes han manifestado su rechazo a la misma, e informó que salvo algunas actitudes de descrédito en todos los demás casos la respuesta ha sido bastante positiva.
«Frente a la evidencia obtenida por la Comisión se generó por lo menos la impresión de que la Recomendación obedece a una investigación técnico-jurídica muy escrupulosa, una investigación que estuvo destinada a documentar todo lo que se dice en ella y a sustentar de manera jurídica nuestras resoluciones», señaló.
Manifestó la necesidad de mandar el mensaje de que la CDHDF defiende los derechos de las y los ciudadanos y que su labor la hace con estricto apego a los lineamientos estrictos de investigación.
Pidió tener en cuenta que dado el contexto de incertidumbre que se genera por estas violaciones, las posibles afectaciones al medio ambiente no se restringen a solamente un grupo de población, sino que tendría repercusiones en toda la ciudad, de ahí la importancia de que este procedimiento se hubiera realizado con estricto apego a la ley.
«Entendemos que la envergadura de un proyecto como el de la Supervía, que seguramente servirá para aliviar una problemática de comunicación que hoy en día está presente entre el Surponiente y el Sur de la ciudad, hace necesaria una solución, pero pensamos que justamente por la importancia que tiene esa solución era absolutamente imprescindible que se atendieran todas estas cuestiones que no son meras formalidades, sino que implican de manera sustantiva lo que a final de cuentas nos importa a todas y todos, que es la protección del medio ambiente”.
