Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 45/2011
10 de febrero de 2011
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, dijo que a la luz de los feminicidios, el Estado ha fallado en la tarea de garantizar los derechos fundamentales, así como en su labor de generar y regularizar los mecanismos para su exigibilidad y justiciabilidad.
“La mirada social sobre las mujeres puede y debe cambiarse mediante la acción legal y política, en espacios seguros, libres de violencia y en los que las autoridades encargadas de vigilar la vigencia del orden legal actúen sin prejuicios y potenciando la autonomía de ellas, así como su capacidad para exigir y hacer justiciables sus derechos en caso de ser violentados”, sostuvo.
Al inaugurar el Segundo Seminario “Empoderamiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” dijo que los vacíos de legalidad son espacios en los que los derechos de las mujeres son violentados de manera sistemática: “Y explican la saña de los feminicidios y la complicidad de la autoridad con el perpetrador de la violencia en la construcción de la impunidad”.
Explicó que el combate a la discriminación de las mujeres es parte de una lucha más amplia por una sociedad libre de desigualdad, injusticia, violencia y exclusión en todos sus ámbitos.
“La construcción de una sociedad de iguales, en la que las diferencias legítimas no sean motivo de escarnio, persecución o violencia, es el verdadero triunfo de una sociedad democrática”.
En el Seminario convocado por la Red de Investigadores Por la Vida y la Libertad de las Mujeres A.C., explicó que cuando los cuerpos de las mujeres se vulneran, su calidad de vida es rebajada al punto de despojarlas de su capacidad para ser autónomas.
“Se les obliga a naturalizar la percepción que tienen de sí mismas como ciudadanas de segunda clase, y todo esto ocurre con la complicidad de las autoridades que, por acción u omisión, fallan en la tarea de garantizar seguridad y derechos a todas ellas”, dijo.
Aseguró que la eliminación de la discriminación sólo será posible con la participación de las organizaciones civiles y sociales que trabajan por la protección y promoción de los derechos y el bienestar de las mujeres, y con el concurso de quienes educan, emplean, proveen de servicios, dirigen sindicatos, de quienes imparten justicia y, en general, de toda persona relacionada con los rangos y las jerarquías sociales que enmarcan las relaciones entre los sexos.
En tanto, la Presidenta de la Red de Investigadores Por la Vida y la Libertad de las Mujeres A.C., Marcela Lagarde y de los Ríos, convocó a construir “Una gran sinergia para enfrentar desde todos los espacios institucionales, civiles y gubernamentales, la violencia contra las mujeres en México y, desde luego, hacer avanzar la construcción de los derechos humanos”.
Dijo que el Estado mexicano no ha manifestado la capacidad necesaria para enfrentar adecuadamente la violencia contra las mujeres, ni exigir el fin de la impunidad que reproduce la violencia y de la dilación de los gobiernos para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas: “No ha habido en todo el territorio nacional una voluntad política homogénea para enfrentar este gravísimo problema”.
Señaló que ante la situación de violencia en contra de las mujeres, el problema es ya de gobernabilidad, ya que en nunca en México había alcanzado los grados, la complejidad, la diversidad, los tipos y las modalidades que se registran actualmente. Atentan, dijo, no sólo en contra de su derecho a una vida libre de violencia, sino de su dignidad, su integridad, su seguridad, su libertad y a la igualdad entre mujeres y hombres.
“Encontramos distintos tipos de percepción sobre esta violencia, a pesar de que la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres define y tipifica las violencias contra las mujeres en México con una claridad enorme”, lamentó.
Dijo que la Ley está basada en la CEDAW y en Belen Do Pará y Beigin y otros instrumentos de derechos humanos de las mujeres: “La ley recoge lo mejor. Propone una política de Estado que integre a los tres Poderes, así como a los tres niveles de gobierno, una articulación sinérgica entre Estado y ciudadanía, propone una transformación democrática del Estado”.
Por su parte la Presidenta de la Comisión del Feminicidio de la Cámara de Diputados, Teresa Incháustegui, expresó que el número de mujeres asesinadas ha crecido de manera exponencial en muchas entidades del país, por lo que es necesario saber qué está pasando con la violencia de género, en el marco de la violencia social y comunitaria que está viviendo México.
Consideró que la Alerta de Género debe ser un mecanismo rutinario, un instrumento para que pueda seguirse cotidianamente la información derivada de los feminicidios, pero también las acciones que hacen los gobiernos en materia de justicia, prevención, y atención de todo el problema de la violencia.
A su vez, la Oficial de Mujeres de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Clemencia Muñoz Tamayo, apuntó que la violencia contra las mujeres persiste en los países del mundo como una violación generalizada y sistemática de los derechos humanos y es uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género.
Dijo que la violencia y la amenaza de violencia contra las mujeres socava el desarrollo de los países y genera inestabilidad en las sociedades, impide el progreso, la justicia y la paz. Añadió que la eliminación de la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los grandes desafíos de nuestra época en el mundo.
En su oportunidad, la asesora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Itza Castañeda, aseveró que la discriminación por razones de sexo y la violencia contra las mujeres son obstáculos del desarrollo humano. Agregó que México tiene una pérdida en términos de desarrollo humano debido a la violencia contra las mujeres.
Abundó que una palanca importante para lograr un mayor cumplimiento de los derechos de las mujeres es contar con un marco normativo adecuado, moderno, progresista, que abata de todas formas las “leyes negras” (que hacen sombra a la Ley General), que afectan contra la dignidad, la libertad y la integridad de las mujeres.
La Directora General del Inmujeres-DF, Martha Lucía Micher, manifestó la necesidad de que se revise a fondo y se modifique el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia.
Expuso que sigue habiendo agravio contra todas las mujeres, mientras no exista armonización en las leyes, “que se nos trate de manera distinta en cada estado del país, dependiendo del lugar donde vivimos y donde haya sucedido el evento”.
En el inicio del Seminario, que dura dos días estuvieron presentes también la investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, Olivia Tena; del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Victoriana Jiménez Jacinto, y de la Cátedra UNESCO-UNAM, Gloria Ramírez.
