Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 57/2011
18 de febrero de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) urgió a las autoridades competentes a atender los ataques y las amenazas en contra de la defensora de derecho humanos, Malú García Andrade y de la familia de otra luchadora social, Josefina Reyes.
La CDHDF señala que los ataques se presentan de manera sistemática en contra de las y los defensores de derechos humanos en el estado de Chihuahua, sin que hasta el momento las autoridades los protejan de manera eficaz y eficiente a las y los afectados.
El 16 de febrero fue incendiada la casa de Malú García Andrade, integrante de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, quien estaba apoyando a la familia Reyes Salazar en su exigencia para investigar la desaparición de Malena Reyes Salazar, Elías Reyes Salazar y Luisa Ornelas, desde el pasado día 7.
El 15 de febrero ya había sido incendiada la casa de Sara Salazar, madre de la defensora Josefina Reyes.
Los hechos anteriores se registran a pesar de que Malú García Andrade cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de su solicitud a los gobiernos federal y estatal para que la que la protección se ampliara a sus hijos.
En respuesta supo que no podían asignarle protección, porque no cuentan con suficientes elementos, pero le ofrecieron boletos de avión para que ella y sus familiares abandonaran su ciudad, pero sin apoyo para su sustento o para obtener un trabajo.
La CDHDF ve con preocupación que, con el ataque a Malú García Andrade, sumen ya tres agresiones en menos de 15 días en contra de defensores de derechos humanos en Chihuahua, cuando en dos de esos casos se había advertido sobre el riesgo en el que estaban esas personas.
En el caso de la familia Reyes Salazar, la CDHDF había urgido apenas el 7 de febrero para que las autoridades responsables tomaran medidas de protección en favor de sus familiares.
Lo anterior demuestra, una vez más, la necesidad de implementar un mecanismo para proteger de manera pronta y eficaz a las personas defensoras de derechos humanos. Los ataques cometidos en contra de la familia Reyes Salazar y otros defensores de derechos humanos denotan la intención de mermar el ejercicio del derecho humano a defender derechos humanos en México.
A través de su Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la CDHDF advierte que las autoridades responsables de atender estas demandas no visibilizan la gravedad de que el derecho a defender derechos no pueda ser ejercido. Esta Institución urge una vez más a que se proteja a las personas defensoras y se investiguen los actos de agresión cometidos en su contra.
