Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 35/2011
1 de febrero de 2011
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, expresó que el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico es responsabilidad de las autoridades civiles.
En el marco del “Taller de Habilidades Directivas” para titulares de la CDHDF, el Ombudsman capitalino se refirió a las últimas incursiones que elementos de la Marina y el Ejército han realizado en la ciudad de México, bajo el argumento de combatir a la delincuencia organizada y el narcotráfico.
González Placencia recordó que ha sido una postura firme e institucional el considerar que la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico es un asunto de seguridad pública y, por ello, responsabilidad de autoridades civiles y que en todo caso, la participación de las fuerzas castrenses sólo se justifica si ésta se ajusta al marco jurídico que rige a la autoridad civil, tal como la ha sentenciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Expresó que la CDHDF está de acuerdo en que la lucha contra el crimen organizado requiere de un combate frontal, pero siempre en el marco del Estado Democrático de Derecho y respeto a los derechos humanos.
Además, ponderó que los operativos que se realicen por parte de la Marina, el Ejército o cualquier otra autoridad federal, se ciñan a los procedimientos que están legalmente establecidos para ello. “Es inaceptable, que se lleven a cabo operativos que no tengan un respaldo en la ley”, puntualizó.
“Los operativos que realicen las Fuerzas Armadas en el Distrito Federal deben estar fundados y motivados; y si hubiese el caso de detenciones, que éstas sean llevadas a cabo por autoridades civiles, ya que solamente si hay una orden judicial, es la autoridad civil la que tiene que intervenir, no la autoridad militar”, añadió.
Estimó necesario ofrecer certeza jurídica a la ciudadanía capitalina, para evitarle incertidumbre e inseguridad, con operativos que se llevan a cabo a partir de “denuncias o llamadas anónimas”. En la medida de las posibilidades y respetando la confidencialidad de las investigaciones, las autoridades deben informar el motivo y la legalidad que ampara un operativo de esta naturaleza y el resultado del mismo.
