Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 34/2011
31 de enero de 2011
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), manifiesta su preocupación por lo que considera la criminalización de la radiodifusión comunitaria por la legislación federal, impidiendo con ello el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión de todas las personas, y el derecho de la sociedad de recibir información plural y diversa.
Ejemplo de lo anterior es la detención del comunicador José Maza de “Radio Diversidad”, emisora de la comunidad campesina Paso de Macho en el estado de Veracruz. José Maza fue aprehendido en cumplimiento a una orden judicial, como parte de un proceso penal abierto en su contra por la utilización de la frecuencia de radio sin el permiso correspondiente.
A partir de este caso, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Frank la Rue, señaló a los medios de comunicación que “el uso de una frecuencia no autorizada, no debiera constituir delito, sino una falta administrativa, por lo que los Estados no deben criminalizar este acto”.
La CDHDF se une a la solicitud del Relator Especial de la ONU para que el Estado mexicano tome en cuenta los instrumentos internacionales relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Hay que anotar que, derivado de su visita conjunta a México, ocurrida en agosto pasado, las Relatorías para la Libertad de Expresión de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentaron un Informe preliminar donde señalaron que en nuestro país “existe una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se ha asignado frecuencias radioeléctricas”.
Añade el Informe que no existe un órgano regulador independiente, y que el marco jurídico vigente no ofrece garantías de certidumbre, pluralismo y diversidad. En particular, no existe un marco legal que reconozca a las emisoras comunitarias y establezca procedimientos claros, precisos y equitativos por medio de los cuales dichas emisoras puedan solicitar y obtener frecuencias para operar.
En este sentido, la CDHDF considera urgente que el Estado mexicano acate las recomendaciones de la ONU y la OEA en materia de pluralidad y garantías para el ejercicio democrático de la libertad de expresión.
Para ello, estima fundamental que se adopte un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población, especialmente a la radiodifusión comunitaria para que pueda operar sin discriminación.
La Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF subraya que este caso es una muestra de cómo las deficiencias del sistema penal en México se suman a los vacíos legales para la criminalización de la radiodifusión comunitaria y las agresiones derivadas de la libre expresión de las ideas, particularmente en comunidades rurales cuyos problemas sociales se remontan a décadas de marginación y discriminación.
