Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 30/2011
29 de enero de 2011
El Secretario de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), José Antonio Guevara Bermúdez, exhortó a los legisladores federales a “dar un poco más de humanidad a la manera en la que ven a las personas migrantes”, lejos de la criminalización a la que hoy son sujetas en México.
Durante su participación en el Foro de Opinión sobre Iniciativa de Ley de Migración lamentó que la discusión no se haya abierto aún a las voces de académicos y otros especialistas de la sociedad civil, tanto en el tema de migración, como en derechos humanos.
“En mi opinión, algunos puntos propuestos en el temario de la iniciativa a discusión, hacen que se profundice la visión actual que criminaliza nuevamente a las personas migrantes, como los aseguramientos y filtros migratorios, así como las deportaciones por motivos de seguridad nacional”.
En su exposición en el Bloque 1: Derechos humanos de los migrantes; acceso a la justicia y al debido proceso (aseguramientos, deportaciones, retornos/repatriaciones y protección de migrantes), se refirió también a otros elementos que criminalizan la migración en México, como las violaciones a las garantías y derechos al debido proceso y a la protección judicial.
“Pareciera que las y los migrantes son personas que no gozan de los mismos derechos que el resto de las personas, tal como lo establece la Constitución en sus Artículos 1º y 33, que reconoce los mismos derechos para mexicanos y extranjeros, salvo por una excepción que ahí mismo establece. Creo que la tensión mayor de la Ley es con la misma Constitución y, obviamente, con los tratados internacionales en la materia”, advirtió Guevara Bermúdez.
En ese propósito, cuestionó conceptos como el “alojamiento” por parte de autoridades administrativas, el de las estaciones migratorias, así como las medidas y los plazos temporales en que las personas detenidas quedan bajo resguardo del Instituto Nacional de Migración (INM), que dijo, no tienen asidero en otras leyes nacionales.
“Estamos ante una figura de excepción de derechos reconocidos en la Constitución. Creo que por eso en la exposición de motivos de la ley, se mencionan en el Artículo 1º aspectos de seguridad nacional; porque se cree que con ese argumento no se tiene que rendir cuentas a nadie, por que está en juego el bien de la República”, criticó.
Establecer una regla para que toda persona que no pueda demostrar su estancia legal en el país deba estar sometido a un aseguramiento en una estación migratoria, dijo: “A mí me da la sensación de que los estamos llamando perniciosos a todos los extranjeros en el país o que los estamos sometiendo a un régimen de sospecha, de estar cometiendo amenazas a la seguridad nacional o que hay alguna otra razón que no nos están explicando”.
El aseguramiento, así como los plazos en el proyecto de la ley, por ejemplo, sostuvo Guevara Bermúdez, no tienen asidero constitucional, violan sus tiempos de detención administrativa, incluido el arraigo, además de que no se sostiene la limitación a la libertad personal, llamándolo “alojamiento”, que es prácticamente un acto de discriminación.
Insistió que, en un contexto en el que no se puede distinguir a nacionales de extranjeros, los retenes o “filtros migratorios” para verificar quién tiene papeles en el país son actos sin base constitucional.
“¿Cómo va a hacer la autoridad migratoria para, en una carretera o camión, distinguir entre nacionales y extranjeros? ¿Por el color de piel?, ¿por el idioma? Cualquier conclusión o cualquier medida para distinguir y solicitar que alguna persona se identifique va a ser discriminatorio y la política de México para defender a nacionales en el extranjero es precisamente en contra de este tipo de políticas”, señaló Guevara Bermúdez.
El Foro fue organizado por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México (COLMEX), en colaboración con el Instituto de Estudios de divulgación sobre Migración (INEDIM), a través del Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria y la Sociedad Mexicana de Demografía (SODEME).
Su objetivo fue propiciar el diálogo entre la Sociedad Civil y académicos con diputados y senadores, así como con funcionarios federales, específicamente de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el propósito de brindar elementos útiles para el debate que se llevará a cabo para el proceso de aprobación de la Ley de Migración.
En el Bloque 1: “Derechos humanos de los migrantes; acceso a la justicia y al debido proceso”, participó también Perseo Quiroz, integrante de la organización Sin Fronteras. El moderador fue Francisco Alba, del COLMEX.
