Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
Boletín 20/2011
19 de enero de 2011
En la conferencia “Análisis público de la sentencia que condena a la Revista Contralínea por daño moral”, el Consultor General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Fernando Coronado Franco, señaló que los jueces son y están llamados a ser un baluarte de la libertades, de la integridad de la persona, de lo contrario, se suman a las acciones de los poderes fácticos.
Coronado Franco recalcó que lo anterior ocurre “porque ahí dejan de ser poderes constitucionales y democráticos, y se suman a los poderes fácticos que acechan de manera grave y de manera efectiva a la democracia, como garantía de la protección de la persona en dignidad”.
Expuso de igual forma que si los jueces dejan de ser estos baluartes, si renuncian a serlo, “cancelan de manera personal o grupal una posibilidad que libremente eligieron, de formar parte de uno de los componentes más importantes de un Estado de Derecho”.
Además, convocó a la conciencia crítica de los jueces mexicanos para que se comprometan y asuman el contenido de las resoluciones judiciales en contra del Estado Mexicano, de aplicar el Derecho Internacional, según los criterios internacionales.
Mencionó que en todos los instrumentos internacionales modernos, que son los tratados en materia de derechos humanos, hay una norma: “si en tu país hay una Norma, una interpretación que mejor proteja a la persona, aplica esa y no la mía”; es decir, apuntó, desde su fundación formativa, el Derecho Internacional reconoce que puede haber una mejor interpretación, comprensión y protección de la persona frente al poder del Estado.
Por su parte, el Coordinador de Relatorías de la CDHDF, Gerardo Sauri Suárez, indicó que a la CDHDF le interesa que sentencias como la que ha ocurrido contra la Revista Contralínea por daño moral se analicen a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Mencionó que el Programa de Derecho Humanos del Distrito Federal (PDHDF) es un compromiso asumido por el Gobierno capitalino y todas las dependencias públicas están obligadas a cumplir con el mismo, al igual que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), que se comprometió a avanzar en las líneas de acción que le competen.
Expuso que el Capítulo 8 del Programa está dedicado a la Libertad de Expresión, y en el Punto 6 del mismo, las instancias oficiales se comprometen a crear mecanismos para evitar que la aplicación de las leyes limiten indebidamente el ejercicio de este Derecho, so pretexto de proteger derechos de terceras personas.
Explicó que la línea de Acción 132 del PDHDF comprometía a verificar y evaluar la aplicación de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección de la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen y otras normativas relacionadas con la protección de derechos de terceras personas, frente a la Libertad de Expresión, a la luz de estándares internacionales en la materia.
Dijo que lo anterior se estaba realizando por medio de una Mesa multisectorial sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, que se instaló a finales del año pasado y que esperan sea convocada nuevamente para retomar sus trabajos y evitar que se ponga en riesgo el ejercicio de la Libertad de Expresión.
A su vez, la Directora de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos del TSJDF, María Elena Lugo, aceptó que falta capacitación a los jueces, y dijo que es necesario que se tome en cuenta al Poder Judicial del Distrito Federal cuando se crean leyes, ya que al final de cuentas es quien aplica la normativa. “Invítennos, convóquennos, hay que estrechar lazos y colaborar, para no caer en errores”.
En su participación, el abogado de la Revista Contralínea, Sergio Méndez Silva, denunció que las y los periodistas Nancy Flores, Ana Lilia Pérez, David Manrique y Miguel Badillo y la propia publicación son víctimas de acoso judicial.
Señaló que el veredicto de la Jueza 54 de lo Civil del Distrito Federal, Jazmín Alonso, en contra de los comunicadores y la Revista en un juicio promovido por contratistas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) es una sentencia grave en contra de la libertad de expresión y del derecho a la información. “La sentencia causa sorpresa por lo desapegada que está del marco legal del Distrito Federal que salvaguarda el trabajo de las y los periodistas”, apuntó.
Anunció que interpondrán un recurso de apelación ante el TSJDF, y de ser necesario, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Sistema Interamericano de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. “La libertad de expresión es la libertad de rebelión y es importante que las personas puedan expresar lo que piensan”, finalizó.
En tanto, el abogado David Peña expuso que es particularmente grave que en el caso de la jueza también sentencie al caricaturista David Manrique, ya que la caricatura es una expresión artística que está protegida incluso a nivel constitucional, y hace más de 130 años que no se sentenciaba a un caricaturista en México.
Asimismo, resaltó que la acción para demandar al caricaturista había prescrito unos 30 o 28 días antes de que se presentara la demanda.
Por su parte, la investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que con la sentencia de la Jueza, la libertad de expresión está en peligro.
“Con esta deplorable decisión los tribunales del país se colocan por encima de las mesas de redacción de periódicos y de revistas para decidir lo que puede ser o no considerado información publicable”, sostuvo.
Consideró que si se acepta la imposición de esta sentencia las y los periodistas ya no tendrán derecho a investigar por cuenta propia ni a denunciar probables actos de corrupción.
“Es lamentable que algunos integrantes del Poder Judicial no comprendan que ha llegado la hora de la cultura de la denuncia en contraposición a la cultura de la legalidad. La rendición de cuentas y la libertad de expresión y de acceso a la información han costado muchas batallas y esas conquistas no serán abdicadas tan fácilmente”, concluyó.
